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El TPS a Haití, termómetro de lo que pueda pasar a los centroamericanos

19 may 2017
19h13
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El Gobierno de EE.UU. debe decidir la próxima semana el futuro de unos 50.000 haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), fallo que, según expertos, sentará las bases para determinar la suerte de cientos de miles de centroamericanos beneficiados por el programa.

"Dada la realidad, si el Gobierno no renueva el TPS para los haitianos existe un gran riesgo de que se tome la misma decisión con la próxima renovación de salvadoreños y centroamericanos. El panorama se ve muy complicado", alertó a Efe Salvador Sanabria, director del grupo de ayuda a inmigrantes salvadoreños El Rescate.

El TPS es un estatus migratorio que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles.

El temor de perder ese estatus se acrecentó el mes pasado luego que se filtrara a los medios una carta en la que James McCament, director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), recomendaba no renovar el beneficio que el Gobierno de Barack Obama brindó en 2010 tras el devastador terremoto que asoló a Haití.

McCament argumenta que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para poner fin al amparo temporal.

Por este motivo, un buen número de grupos, activistas y políticos han iniciado una campaña de presión para que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien tomará la decisión final, renueve el TPS al país caribeño.

"Si el Gobierno dice que Haití ya superó la crisis por la emergencia de hace 7 años, qué puede decir sobre El Salvador, que obtuvo la protección por los terremotos del 2001, y los hondureños y nicaragüenses, fueron beneficiados en 1998 por el Huracán Mitch. Bajo esos argumentos lo van a suspender", advirtió Sanabria.

Según datos de USCIS, más de 350.000 centroamericanos están amparados por el TPS. A finales de 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos hasta el 9 de marzo de 2018; 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa, que vence el 5 de enero del próximo año.

Para el experto y asesor legal José Lagos, quien estuvo en el equipo de negociaciones entre El Salvador y la Administración de George W. Bush para lograr el TPS de 2001, el futuro de la protección depende de los factores particulares de las naciones favorecidas.

La decisión sobre el amparo se debería basar en las condiciones actuales de los países y si tienen la capacidad de recibir a sus ciudadanos después de haber sufrido una catástrofe o si aún persisten las consecuencias que llevaron a que se otorgara el beneficio migratorio, pero los activistas desconfían del Gobierno.

Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, dijo a Efe que con el Gobierno no se "puede estar seguro de nada" pues se ha mostrado "amenazante" con los inmigrantes y ahora puede afectar a los amparados por el TPS, y "después de 16 años de estar seguros ahora los salvadoreños no saben qué va a pasar".

A parte de perder la protección frente a una deportación y el permiso de trabajo, los miles de inmigrantes verían desvanecerse los aportes de retiro hechos al seguro social.

"Si una persona es deportada pierde sus beneficios inmediatamente y solo los podrá recuperar si obtiene la residencia permanente", explicó a Efe Lagos.

"En el caso de Centroamérica estamos hablando de más de 300.000 personas que han trabajado por más de 15 años y tienen sus familias y su vida aquí. Sería inhumano expulsarlos del país", consideró Tejada.

EFE en español EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización escrita de la Agencia EFE S/A.

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