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Solicitan nueva orden de detención para la hija de la "Rasputina" surcoreana

18 jun 2017
10h41
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Los fiscales solicitaron hoy una nueva orden de detención contra Chung Yoo-ra, hija de la "Rasputina" surcoreana, que quedó en libertad a principios de mes tras su extradición desde Dinamarca por su supuesta implicación en una trama de corrupción.

La fiscalía cree que la joven, de 20 años, recibió trato de favor en la universidad y el bachillerato y financiación irregular en su programa de equitación en Alemania por parte del grupo Samsung, aprovechando la red de tráfico de influencias que supuestamente creó su madre, Choi Soon-sil, en connivencia con la expresidenta Park.

Chung fue detenida el pasado 1 de enero en Aalborg (Dinamarca) por las autoridades danesas, y regresó a Corea del Sur el 31 de mayo para responder ante la justicia por su supuesto papel dentro del escándalo de corrupción que causó la destitución en marzo de la entonces presidenta Park Geun-hye.

La fiscalía pidió poco después de su llegada una orden de arresto por obstrucción a la actividad y a los deberes oficiales, pero el 3 de junio un tribunal de Seúl decidió dejarla en libertad al no encontrar razones para que siguiera en prisión.

Un funcionario de la fiscalía indicó hoy que los investigadores han descubierto materiales "recientes y significativos" relacionados con los cargos de Chung y solicitaron añadir a los cargos anteriores el de encubrimiento de fondos procedentes de actividades criminales, según recogió la agencia surcoreana Yonhap.

Se espera que la petición sea revisada el lunes o el martes.

De ser emitida una orden de arresto, la joven podría permanecer en custodia hasta un máximo de 20 días para ser interrogada antes de que se presenten cargos formales contra ella.

Chung ha negado cualquier conocimiento de las acusaciones, alegando que desconoce que pasó entre su madre y la exmandataria.

Tanto Park como su amiga Choi, apodada la "Rasputina" surcoreana, se encuentran en prisión acusadas de, entre otras cosas, extorsionar en torno a 50 millones de dólares a grandes empresas a cambio de que éstas pudieran recibir un trato de favor por parte del Gobierno.

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