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Rajoy, primer presidente español en activo que testifica por corrupción

18 abr 2017
18h12
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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, declarará como testigo en el juicio sobre un caso de corrupción que afecta a su partido, el conservador PP, convirtiéndose así en el primer jefe del Ejecutivo español en testificar en ejercicio de su cargo.

Se trata de la trama Gürtel, uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en España, en el que se investiga una red de contratos amañados entre empresarios y cargos del partido gobernante entre 1999 y 2005, así como una supuesta contabilidad paralela y la financiación ilegal del Partido Popular.

Tras rechazar hasta en tres ocasiones la petición de la acusación popular, ejercida por Adade -una asociación de abogados española de carácter progresista-, el tribunal de la Audiencia Nacional que lleva el caso decidió hoy aceptar la petición de que declare el presidente del Gobierno español, con el criterio en contra de Fiscalía y Abogacía del Estado.

Rajoy se convertirá así en el primer presidente del Gobierno en ejercicio que es llamado a declarar como testigo en un proceso judicial, un hito en la historia política del país.

Otros dos presidentes del Gobierno español, Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe González (1982-1996), también han declarado como testigos en casos judiciales de envergadura, pero años después de dejar el cargo.

Suárez prestó declaración como testigo en el juicio del "caso Banesto" -un caso de corrupción empresarial- en octubre de 1998.

Meses antes, en junio de ese año, lo haría el socialista Felipe González, como testigo en el juicio sobre un secuestro perpetrado por los GAL, una banda criminal creada en los años 80 por personal del Ministerio de Interior español para combatir al grupo terrorista ETA.

El principal argumento que ha mantenido la acusación popular para llamar a Rajoy a declarar como testigo es que el hoy presidente del Gobierno era entonces una "figura clave" de los "organismos centrales" del partido que recibieron "comisiones ilegales" que juzga la trama.

El tribunal juzga la actividad de la trama entre los años 1999 y 2005. Entre el 1996 y 2004 el partido estuvo liderado por José María Aznar -entonces presidente del Gobierno español- y Rajoy era miembro de la Ejecutiva, y a partir de 2004 asumió el liderazgo del partido.

Según la ley de enjuiciamiento criminal española, el jefe del Ejecutivo está obligado a declarar y debe hacerlo "concurriendo" ante el tribunal, aunque también está abierta la vía para que pueda hacerlo por videoconferencia desde su despacho.

Fuentes del Gobierno español expresaron hoy su respeto a la decisión del tribunal y mostraron su disposición a colaborar.

El Ejecutivo asegura que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Justicia "como no puede ser de otra manera" y seguirá manteniendo esa misma actitud.

Las críticas del resto de partidos no se han hecho esperar. El principal partido de la oposición, el socialista PSOE, ha considerado "normal y obvio" que Rajoy testifique porque, según recordó un alto dirigente, Pedro Saura, el presidente formaba parte entonces de la Ejecutiva del partido y dirigió varias campañas electorales.

La tercera fuerza política, los "indignados" de Podemos, pidió a Rajoy que asuma responsabilidades políticas y le instó a colaborar con la Justicia, subrayó la portavoz del partido, Irene Montero.

Los liberales de Ciudadanos (Cs), que tienen un acuerdo de gobierno con Rajoy en el que destacan las medidas anticorrupción, advirtió hoy de que si Rajoy termina siendo imputado en esta trama pedirán su dimisión en cumplimiento del pacto de investidura.

En el macrojuicio de la trama Gürtel declararán, además de Rajoy, cerca de 300 testigos que han sido llamados a declarar, entre ellos varios exministros del Gobierno del conservador José María Aznar (1996-2004) y miembros de la actual ejecutiva del partido y dirigentes regionales.

El principal imputado de la investigación es el extesorero del partido y exsenador Luis Bárcenas -que se enfrenta a una petición del fiscal de 42 años de cárcel-, así como antiguos concejales del partido y empresarios.

Esta investigación es una de las tres causas abiertas por esta trama corrupta, que cuenta con varias ramificaciones regionales, siempre vinculadas al gobernante PP.

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