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La supuesta financiación ilegal del PP agita de nuevo la política española

16 may 2017
20h49
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La supuesta financiación irregular del Partido Popular (gubernamental) volvió hoy al debate político español al conocerse una investigación policial sobre la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y ser reprobados el ministro de Justicia y la cúpula fiscal por el Parlamento nacional.

El Congreso (una de las dos cámaras parlamentarias) reprochó al al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, "maniobras" para "obstaculizar" causas judiciales de presunta corrupción del PP (centroderecha).

A propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal grupo de la oposición), el Parlamento reprobó a Catalá y los fiscales con el apoyo de toda la oposición, mientras que el PP, que no tiene mayoría, votó en contra. No obstante, la decisión de la cámara no tiene consecuencias políticas en la práctica.

Mientras la oposición arrinconaba al PP en el Congreso, en los tribunales una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba también contra el partido del Gobierno.

Según esa investigación, la Guardia Civil considera acreditado que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 y vincula con esas prácticas, entre otros, a Cristina Cifuentes y a su predecesor en la Presidencia de Madrid, Ignacio González, que está actualmente en prisión por el caso Lezo.

González y otra decena de altos cargos fueron arrestados el mes pasado acusados de utilizar la empresa pública madrileña de aguas Canal de Isabel II en un desfalco de 23 millones de euros (25 millones de dólares) por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.

Sin embargo, el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, no tiene intención de proceder contra Cifuentes, pese a que la UCO señalara en un informe indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid (parlamento regional), cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Según informaron fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción encontraron pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la trama Púnica, de supuesta corrupción en la adjudicación de obras y servicios públicos.

Cifuentes aseguró hoy que el informe de la Guardia Civil carece de "valor jurídico alguno", y estudiará medidas legales porque no va a consentir que nadie ponga en duda su honradez.

Los informes de la UCO, fechados el 1 de marzo pasado, son relativos a esa posible financiación ilegal y a las relaciones de la Asamblea de Madrid y la empresa Grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández.

La UCO sostiene que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la fundación Fundescam.

El juez Velasco señala como responsables al exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de la fundación.

Pero también cita a otros cargos públicos vinculados al patronato de Fundescam, que habrían participado en contratos con "múltiples irregularidades penalmente relevantes".

De esos contratos se habrían beneficiado empresarios como Arturo Fernández, que en 2007 ingresó 160.000 euros en las cuentas de Fundescam.

La Guardia Civil ve indicios de cohecho y malversación en Cifuentes por la adjudicación de los contratos de cafetería del parlamento madrileño de 2009 y 2011.

Cifuentes participó como presidenta de la mesa de contratación en las adjudicaciones, que se pudieron decidir "de antemano", según la investigación de la UCO.

Los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Entre esas personas, la UCO menciona expresamente a Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

También hoy dimitió el viceconsejero de Medio Ambiente de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, citado como investigado por el juez Velasco en relación con la Púnica.

Velasco ordenó hoy siete registros, entre ellos el de Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública de la que fue consejero delegado entre 2008 y 2010.

Además, Velasco citó para que comparezcan, a partir del 12 de septiembre, a 51 investigados en el caso Lezo.

Entre los citados figuran el empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente hasta el año pasado de la multinacional de construcción OHL, y la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.

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