AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE LONDRES QUE ANULE LA DECISIÓN DE STRAW

25 de enero
Fuente: Red de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Chile

Amnistía Internacional

Las organizaciones de derechos humanos solicitan al Tribunal Superior de Londres que anule la decisión del ministro del Interior, comunicada el 18 de enero, de determinar siguiendo su propio criterio si Augusto Pinochet debe o no ser extraditado sin acceder a la solicitud de estas organizaciones de que:
- ponga el informe médico a disposición de todas las partes interesadas;
- dé a las partes interesadas la oportunidad de nombrar a sus propios expertos para que evalúen el estado de salud de Augusto Pinochet.

Amnistía Internacional ha manifestado: «Garantizar que se hace un uso equitativo y transparente del procedimiento para determinar si una persona está en condiciones de ser extraditada es una cuestión de interés público. Creemos que en este caso no se ha asegurado la equidad y transparencia del procedimiento y expondremos ante el Tribunal Superior los argumentos pertinentes».

«Queremos asegurar que cualquier decisión que adopte el ministro del Interior, Jack Straw, será correcta y bien fundamentada. Nuestras organizaciones sienten preocupación por la posibilidad de que algunos factores políticos estén influyendo sobre la forma en que se tramita este asunto tanto en el Reino Unido como en España y, en consecuencia, creemos que debe llevarse a cabo una revisión judicial, en el interés superior de las víctimas.»

«Se corre el peligro de que las víctimas pierdan su derecho a recibir reparación por las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Ésta no es una cuestión política sino de justicia», ha señalado Amnistía Internacional.

Cuestiones fundamentales
En la petición de revisión judicial que presentarán ante el Tribunal Superior, las organizaciones de derechos humanos destacarán las siguientes cuestiones fundamentales:

1. Los procedimientos carecieron de equidad, dado que:

• no se comunicó a los Estados que han solicitado la extradición, con antelación al reconocimiento médico, cuáles serían el procedimiento y los criterios que se emplearían en dicho reconocimiento, lo cual privó a estos Estados de la oportunidad de impugnarlos;

• no se permitió que las partes interesadas, incluidos los Estados que han solicitado la extradición, enviaran observadores para presenciar el reconocimiento médico;
• no se contempló la necesidad de dar acceso a los informes médicos a las demás partes y permitir que los peritos de éstas solicitaran un nuevo reconocimiento si lo estimaban necesario;
• no se facilitaron los informes médicos a las partes interesadas, incluidos los Estados que han solicitado la extradición; no se permitió que las partes interesadas interrogaran a los facultativos que practicaron el reconocimiento;
• no se permitió que los Estados que han solicitado la extradición nombraran a sus propios peritos médicos para que éstos llevaran a cabo un nuevo reconocimiento conforme a las normas de conducta médica universalmente aceptadas.

• en el equipo médico que practicó el reconocimiento no había profesionales especializados en psiquiatría geriátrica; la brevedad del periodo de observación y las condiciones en las que se llevó a cabo el reconocimiento podrían haber sido insuficientes para determinar inequívocamente que Augusto Pinochet no está en condiciones de ser sometido a más actuaciones judiciales;

• También se han planteado interrogantes frente a algunos informes contradictorios sobre el estado de salud de Augusto Pinochet, entre ellos un informe según el cual un juez chileno manifestó que le consta que el ex general está en pleno gozo de sus facultades mentales, ya que así se lo han comunicado los abogados de éste.
• «Augusto Pinochet tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a recurrir a todos los mecanismos jurídicos disponibles, incluido el de alegar que no está en condiciones de ser sometido a extradición. No se debe extraditar a ninguna persona a la que un tribunal haya declarado incapacitada para participar en un proceso de extradición», ha manifestado Amnistía Internacional.
• «No obstante, debe tenerse en cuenta que el procedimiento empleado por el ministro del Interior para formarse una opinión preliminar respecto de la salud mental de Augusto Pinochet careció de equidad», ha subrayado la organización.
• Dado que el ministro del Interior -como él mismo ha señalado- está aplicando sus facultades casi judiciales al examen de este asunto, corresponde también que observe los principios internacionales de imparcialidad procesal. En nuestras alegaciones ante el Tribunal Superior demostraremos que el ministro no se ha guiado por estos principios.»

• ponga el informe médico a disposición de todas las partes interesadas;

• dé a las partes interesadas la oportunidad de nombrar a sus propios expertos para que evalúen el estado de salud de Augusto Pinochet.