El Palomar, que desde el número 1 de la calle Gran de Sant Andreu mantenía su particular resistencia desde hace un lustro, fue desalojado el pasado 5 de abril para construir viviendas en su lugar. Esta opción, aunque la más rentable para los bolsillos de quienes se sientan en las poltronas del Ayuntamiento de la ciudad, no es la más justa.

No es la primera vez que la policía irrumpe en un local okupado para expulsar a sus habitantes, tapiar las entradas con el fin de hacer inhabitable el inmueble y preparar el terreno para su derrumbe. Es el procedimiento habitual en estas ocasiones. Pura rutina. De hecho, el caso de El Palomar se enmarca en un contexto en el que los desalojos de casas okupas en Barcelona no han parado de sucederse. Desde hace unos meses, el movimiento okupa se encuentra en el punto de mira de la policía y el Ayuntamiento. Ni el fuerte apoyo popular que reciben ni la legitimidad de sus reivindicaciones en contra de la especulación inmobiliaria y los dictados del dinero han servido para frenar la fiebre de nuestros gobernantes, embriagados por el aroma del metal. Entre los locales que han pasado ya a la historia, Kan Titella y El Palomar, víctimas recientes, eran lo más parecido a un símbolo de la resistencia okupa en Barcelona. Pero la propiedad privada es un bien demasiado santificado en nuestro sistema social y nada puede detener su omnipotencia.

El caso de El Palomar es especialmente significativo. Erigido en una especie de emblema del movimiento okupa frente a las amenazas del poder, el local recibía apoyo de múltiples frentes. El barrio de Sant Andreu se ha mostrado siempre a favor de El Palomar, convertido en un centro social que organizaba actividades para todos. También la Federación de Asociaciones de Vecinos, así como un importante segmento de la sociedad en general, habían demostrado estar de su parte o, al menos, simpatizar con sus reivindicaciones.

El desalojo de El Palomar estaba previsto para el pasado 27 de febrero, pero se había pospuesto de forma indefinida. Cuando el día 5 de abril la policía y la comisión judicial llegaron al local, los habitantes de la casa no tenían ninguna noticia del desalojo. Fueron expulsados sin previo aviso, entre el clamor de las decenas de personas que se habían concentrado espontáneamente en la calle para protestar por el desalojo de un lugar que ya formaba parte del barrio y de la ciudad.

El local, de propiedad municipal, estaba deshabitado desde los años ochenta. El 5 de abril de 1997 dejó de ser una vieja fábrica abandonada para albergar a jóvenes dispuestos a resucitarla. Y lo consiguieron. En un principio, el Ayuntamiento de Barcelona no puso pegas a que el colectivo okupa utilizara el edificio para actividades sociales, lúdicas y culturales. Sin embargo, hace dos años, tal vez como respuesta a la llamada del negocio, comenzó a denunciar la presencia de los jóvenes en el local, instando al juzgado a acelerar los trámites de desalojo.

La excusa del Ayuntamiento es simple. Argumentan que el desalojo era necesario para ejecutar un bien público: la ampliación de un carril. Esta idea, si es que en algún momento existió, fue desechada rápidamente. Los jóvenes de El Palomar intentaron un recurso en el Tribunal Constitucional negando esta versión y explicando los planes de construcción de viviendas que en realidad tenía el Ayuntamiento. El recurso ni tan siquiera fue admitido a trámite. Luchar contra un gigante es siempre difícil, pero aún lo es más cuando la batalla se libra en su terreno. Finalmente, el tiempo ha dado la razón a los okupas. La inminente construcción de viviendas en el hueco que ha dejado el centro social no deja lugar a dudas sobre cuáles son las intenciones que esconde el Ayuntamiento tras este apresurado desalojo.

Los okupas de El Palomar siempre han criticado al Ayuntamiento por apoyar una operación especulativa en perjuicio de la actividad de un centro social que beneficiaba a todos los ciudadanos, especialmente a los vecinos del barrio de Sant Andreu. ¿De verdad el Ayuntamiento trabaja en pro de nuestro bien? La respuesta se enturbia ante actuaciones como ésta. El desalojo de El Palomar se ha producido con una fuerte oposición popular. Los jóvenes que habitaban el local, así como toda la gente que les ha apoyado desde el principio, critican la actitud del Ayuntamiento, que, cada vez más lejos de representar a sus ciudadanos, se mueve por la línea que marcan los intereses económicos más suculentos. Es, en definitiva, una empresa más, cuya última negociación se ha hecho con la inmobiliaria "Fomentos Sólidos", la afortunada compradora de gran parte del solar donde se encontraba El Palomar.

Finalmente, el derribo del centro social ha puesto punto y final a cinco años de resistencia. La empresa inmobiliaria y la encargada de la construcción, que no se detienen en sentimentalismos, han empezado a trabajar para reconvertir en bloque de pisos el lugar donde se encontraba una de las casas okupas más famosas de Barcelona.