Desde que, en el mes de abril de 2001, se dio a conocer el primer borrador del proyecto de reforma universitaria que preparaba el Ministerio de Educación, se han venido sucediendo críticas desde todos los sectores. Primero, los rectores denunciaron que la norma vulneraba la autonomía universitaria. Más tarde, los estudiantes alertaron de la nueva composición de los órganos de gobierno (favorable a las instancias personalistas) y de gestión (vulnerable a los intereses no universitarios). Además, partidos políticos y sindicatos han denunciado la flagrante omisión de un plan de financiación que garantice la calidad del sistema universitario español, tantas veces proclamada en el texto de la Ley Orgánica de Universidades. Ante estas críticas, y muchas otras, el Ministerio de Educación ha decidido adoptar la dudosa táctica de la huída hacia delante, aprobando la ley a toda prisa, sin buscar el consenso ni el diálogo social, sin escuchar a los que critican la ley, e incluso introduciendo enmiendas que empeoran el texto en su tramitación final en el Senado. Todo ello, nos dicen, porque aunque no nos hayamos dado cuenta la ley es buenísima para todos.

No debe estar tan segura de eso la ministra Del Castillo, porque ha hecho llegar a las asociaciones y colectivos universitarios cercanos al Partido Popular (con las Nuevas Generaciones a la cabeza) un argumentario para defender la LOU. Además de las consignas, les ha invitado a organizar actos a favor de la reforma, a enviar cartas a los periódicos, a participar en debates radiofónicos. En definitiva, les ha lanzado a la opinión pública para dejar ver que hay sectores universitarios favorables a la Ley.

Desde el punto de vista de los que confiamos en la universidad pública, es evidente que esta reforma es inadmisible. La LOU establece que las máximas decisiones económicas de la universidad serán tomadas por un órgano de mayoría no universitaria, el Consejo Social, que podrá marcar las líneas maestras y aprobar los presupuestos de los centros aplicando criterios meramente mercantiles. La LOU favorece un modelo personalista en los órganos de gobierno, trasladando funciones y poder de los órganos de representación democrática (claustros, juntas) a los cargos personales (rector, decano). La LOU establece un sistema de evaluación de la calidad de las universidades basado en criterios competitivos, lo cual dará lugar a una financiación desigual entre centros y, por consiguiente, a una división acentuada entre universidades de primera y de segunda. La LOU acrecienta la precariedad del profesorado, con nuevas modalidades contractuales que buscan "una mayor flexibilidad", y no soluciona la inestabilidad laboral del PAS (Personal de Administración y Servicios). La LOU empeora el sistema de acceso de los estudiantes a las titulaciones universitarias, dejando abierta la posibilidad de que cada centro establezca una prueba propia, con los evidentes riesgos de arbitrariedad y multiplicidad de exámenes.

En definitiva, la Ley Orgánica de Universidades es una norma al servicio de los privilegiados, que no necesitan la universidad pública para progresar socialmente. Es una ley de derechas, porque no garantiza una financiación suficiente y equilibrada, un reparto equitativo de los recursos públicos entre universidades, y fomenta la aplicación de criterios como la rentabilidad económica. Por eso, todos los sectores comprometidos con la educación pública deben decir enérgicamente No a la LOU! y empezar a trabajar, conjuntamente, por una universidad alternativa, pública, crítica y de calidad.