Nuestra sociedad anhela la paz y sufre por no tenerla.
La
Iglesia
comparte
tal anhelo y sufrimiento y los expresa en la oración continua por la paz y en
el trabajo diario por prepararla.
La
crudeza y obscuridad
del momento presente reclaman, además,
de nosotros una palabra pública y
explícita. Numerosos cristianos la están demandando. Muchos ciudadanos la están
esperando. Conscientes de nuestra misión de pastores, queremos decirla, una vez
más, con libertad evangélica y con voluntad conciliadora.
En
una secuencia de enunciados iremos formulando los rasgos más preocupantes de
nuestra situación presente. En torno a cada uno de ellos desgranaremos de
manera escueta la descripción necesaria, la valoración adecuada y algunas
sugerencias operativas.
Nos
parece que el desacuerdo político es, en gran medida, origen y fruto de una
grave incomunicación. Una sociedad bastante bien avenida en muchos aspectos de
su diaria convivencia, se encuentra, sin embargo, surcada por la incomunicación
política. Asistimos en las últimas semanas a un repunte de iniciativas de
concertación entre diversas formaciones políticas. Pero son todavía señales
parciales e insuficientes. La
comunicación en los puntos candentes está, al día de la fecha,
bloqueada. Una gran parte de la ciudadanía no acaba de comprender que el
vehículo de relación más socorrido consista en
un intercambio de mutuas censuras a través de los MCS.
La
Iglesia aboga de manera neta y decidida por la comunicación entre los diversos
grupos políticos a través de un diálogo paciente que busca el acuerdo. «El
diálogo se manifiesta siempre como instrumento insustituible, de toda
confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados
como en las internacionales» (J.P.II).
Dialogar no equivale a claudicar. Precisamente por ser una relación entre
personas (no una pura confrontación de ideas o programas) lleva dentro de sí
una dinámica que, en medio de tensiones inevitables, puede aproximar
efectivamente las posiciones de los interlocutores. El diálogo es la avenida
que conduce a la plaza mayor de la paz. Cerrarse al diálogo equivale a
renunciar a la paz verdadera, que no consiste en la victoria, sino en el
acuerdo.
Son
muchos los motivos por los que reiteramos una vez más que ETA debe desaparecer,
con toda su constelación de violencia. Viola gravemente el derecho a la vida, a
la integridad física y a la seguridad personal. Al eliminar físicamente al
adversario político socava los cimientos mismos del sistema democrático.
Contraviene frontalmente la exigencia firme de la inmensa mayoría de los
ciudadanos. Destroza a numerosas familias. Provoca en sus víctimas potenciales
el miedo insufrible y el sobresalto continuo. Siembra en nuestra comunidad la
desmoralización y la desesperanza. Conduce a sus propios activistas a un callejón
sin salida. Mancha la imagen pública de nuestra sociedad.
Constituye,
en fin, un fortísimo obstáculo para que los desacuerdos políticos existentes
en nuestra sociedad se planteen correctamente y se aborden serenamente.
La
valoración moral del terrorismo de ETA, ha de ser, pues, gravemente negativa.
Dicha valoración afecta en la debida proporción a todas aquellas personas o
grupos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden.
Todas las personas y grupos sociales y políticos sin excepción tenemos la
obligación moral de definirnos netamente frente a ETA.
Los
ediles en riesgo grave son una porción de la abultada población amenazada. Son
algunos miles los ciudadanos que viven entre nosotros la zozobra continua por la
suerte de su vida, su integridad, su libertad.
Todos
tenemos que preguntarnos si somos suficientemente sensibles al drama que
ellos y sus familias padecen. Desde esta sensibilidad brotará en nosotros la
necesidad de defenderlos, acompañarlos y protegerlos. Es un acto de justicia y
solidaridad. Para los cristianos el cumplimiento de este oficio es un verdadero
"banco de prueba" de la calidad de nuestra fe.
Siempre
que la necesaria firmeza frente al terrorismo se convierta en indebida dureza,
estaremos deslizándonos por esa pendiente. La sociedad tiene el derecho y el
deber de defenderse frente al azote terrorista. Ha de utilizar en esta defensa
todos los medios que sean a la vez moralmente lícitos y políticamente
correctos. En ningún caso debe traspasar el umbral de los derechos inviolables
de las personas.
Ni
siquiera los mayores malhechores pueden ser objeto, por ejemplo, de malos tratos
y, menos todavía, de la aplicación de la tortura.
El Concilio Vat. II es tajante en este punto (cfr.GS 27). Legisladores,
gobernantes, jueces y Fuerzas de Seguridad han de mantener en este punto un
cuidado siempre diligente. Resulta preocupante escuchar voces autorizadas de
personas y organismos ("Amnistía Internacional", "Gesto por la
Paz") que aseguran que no siempre se respetan debidamente estos límites
que nunca deberían ser franqueados.
Todos
son ciudadanos de pleno derecho en esta comunidad y deben ser respetados como
tales. Esta pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo
de una fórmula de convivencia en
la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en
aras de una paz social que es un valor notablemente más precioso y necesario
que el imposible cumplimiento de todas las aspiraciones de todos los grupos. «En
la casa común hemos de caber, apretándonos,
todos aquellos que por la palabra o por los hechos no se auto-excluyan
de un proyecto compartido» ("Votos para la paz", pag. 5-6). No vemos
otro camino que respete las identidades y prepare la paz. El afecto por la casa
común no puede ser impuesto. Surge de la comunicación confiada. Se alimenta
del proyecto compartido y asumido voluntariamente. Se malogra cuando quiere
imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley.
En
nuestro "Encuentro de Oración por la Paz", celebrado en Armentia el
13 de enero de 2001 los obispos quisimos plasmar esta vieja convicción en el
lema "Entre todos paz para todos". Todos hemos de ser artífices y
beneficiarios de la paz que necesitamos y anhelamos. «Lejos de empecinarse en
cualquier proyecto excluyente, este país necesita.... un proyecto integrador.
La paz verdadera y plena ha de tener la ambición de acabar ganando para su
causa incluso a los más recalcitrantes» ("Votos para la paz", pag.
6).
Conocemos
las graves dificultades de un proyecto así. Pero el mismo análisis del volumen
y de la composición de cada una de las opciones nos revela que existe un núcleo
muy mayoritario de ciudadanos cuya sensibilidad no es excluyente, sino
inclusiva. En todos los partidos nos encontramos con numerosos votantes y
afiliados, que, sin dejar de ser
fieles a sus opciones, desean ardientemente soluciones de concertación.
Es
preciso gestionar con delicada sabiduría esta pluralidad de identidades
contrapuestas para no convertirla en "guerra de identidades".
Los
gobiernos de Madrid y Vitoria, los partidos políticos y los MCS pueden con sus
palabras o sus acciones atizar o desactivar el conflicto.
Algunas
decisiones de gobierno, determinadas declaraciones de políticos, ciertas
intervenciones en MCS favorecen más la radicalización que la concertación.
7.-
Distinguir nacionalismo y terrorismo
Ateniéndonos
estrictamente a nuestra misión de obispos mantenemos una posición análoga
respecto al debate sobre el nacionalismo. Ser nacionalista o no serlo no es ni
moralmente obligatorio ni moralmente censurable. Es un asunto de convicciones,
de historia familiar, de tradición cultural y de sensibilidad personal. Cada
una de las diversas sensibilidades existentes en nuestro país debe respetar la
identidad de las demás, apreciar los valores que en ellas se encarnan,
procurar un intercambio que constituya un enriquecimiento mutuo y
cultivar una viva conciencia de pertenecer a un único pueblo plural.
Nadie ha de sentirse en nuestra tierra más ciudadano
que los demás por el hecho de poseer determinados rasgos culturales
específicos ni ha de recelar de
aquellos conciudadanos de otra tradición cultural diferente, considerándolos
como extraños, y menos como enemigos. Nadie ha de subestimar las señas
peculiares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura, ni
alimentar en su espíritu la sospecha de que la connivencia con el terrorismo
anida al menos de manera latente en el corazón de un nacionalista. Son
numerosos los nacionalistas que, aborreciendo de manera pública el terrorismo
con las palabras y los hechos, se sienten justamente heridos cuando, de la boca
de políticos o comentaristas, se confunde frecuentemente nacionalismo con
terrorismo.
8.-
Un asunto candente y resbaladizo
El
Gobierno español, apoyado por otras formaciones políticas se ha propuesto
firmemente la reforma de la "Ley de Partidos". A través de
cualificados representantes ha expresado su deseo de disponer pronto de un
instrumento legal que pueda permitir la ilegalización de Batasuna por vía
judicial. Las razones que públicamente aduce para justificar tal ilegalización
son fundamentalmente dos: no es justo que un partido vinculado a ETA goce de la
cobertura de la ley; la ilegalización debilitará el apoyo que Batasuna ofrece
a ETA.
No
nos incumbe valorar los aspectos técnicos de un proyecto legal que despierta
adhesiones y críticas entre los expertos. Resultaría precipitada en estos
momentos una valoración moral ponderada de dicho texto, aún no del todo
fijado. Tampoco podemos prever todos los efectos de signo contrapuesto que podrían
derivarse de su aprobación y eventual aplicación. Pero nos preocupan como
pastores algunas consecuencias
sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las
relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas. Tales
consecuencias afectan a nuestra convivencia y a la causa de la paz. Nuestras
preocupaciones no son sólo nuestras. Son
compartidas
por un porcentaje mayoritario de ciudadanos
de diversas tendencias políticas, encomendados a nuestro servicio
pastoral.
La
convivencia, ya gravemente alterada ¿no sufriría acaso un deterioro mayor en
nuestros pueblos y ciudades? Probablemente la división y la confrontación cívica
se agudizarían.
No
vemos cómo un clima social así pueda afectar favorablemente a la seguridad de
los más débiles: los amenazados. Más bien nos tememos que tal seguridad se
vuelva, lamentablemente, más precaria. No somos, ni mucho menos, los únicos
que albergamos esta reserva cautelosa.
Optar
por la paz significa no manipularla, poniéndola al servicio de otros intereses.
Nadie debe jugar con la paz ofreciéndola a cambio de un determinado modelo de
país. Nadie debe retrasar la paz en aras de unos objetivos electorales más
inmediatos. A todo partido político se le pide hoy la grandeza de ánimo
necesaria para estar dispuesto incluso a "menguar" a fin de que pueda
"crecer" la paz.
Optar
por la paz comporta para cada una de las opciones políticas una disposición a
recortar "mi proyecto" de país para que pueda surgir en el
intercambio "nuestro" proyecto compartido. Cada partido tiene derecho
a mantener y defender sus propuestas, pero ha de someterlas en cada momento al
bien superior de la paz. Absolutizar el proyecto propio no es una manera de
acercarnos a la paz; es un modo de alejarnos de ella.
Optar
por la paz significa apoyar efectivamente a los movimientos sociales que,
anteponiéndola a las diferentes sensibilidades políticas existentes en su
seno, procuran abrir caminos que un día mas o menos próximo puedan disipar la
larga y penosa pesadilla que estamos padeciendo en este pueblo.
Optar
por la paz lleva consigo ofrecer signos de distensión y de aproximación. Una
política penitenciaria que permitiera a los presos cumplir su condena más
cerca de sus lugares de origen entrañaría por ejemplo un gesto de humanidad,
sobre todo para sus padres y familiares.
Optar
por la paz entraña educar para la paz especialmente a las jóvenes
generaciones, suscitando en ellas el pensamiento crítico, la conciencia ética,
la sensibilidad por toda vida humana, el respeto al diferente, el sentimiento de
pertenencia a un mismo pueblo plural, el compromiso a favor de la reconciliación
social.
Optar
por la paz lleva consigo para los creyentes orar incesantemente por ella
manifestando al Señor nuestras dificultades para conseguirla y ofreciéndole
nuestras manos para construirla.
Conscientes
de que nuestra misión pastoral entraña un serio compromiso pacificador, los
obispos de estas diócesis renovamos públicamente nuestro firme propósito de
alentar, desde nuestro puesto, estas líneas de trabajo. Pedimos especialmente a
los cristianos las secunden con generosidad y las apliquen con tenacidad.
La
esperanza de este pueblo está debilitada por la crudeza, la duración y la
complejidad de los problemas que le afligen. La Iglesia puede y debe contribuir
a sostener esta esperanza histórica porque ha recibido del Espíritu Santo un
sedimento inagotable de esperanza escatológica que es capaz de encender las auténticas
esperanzas históricas.
Nuestra
Señora de la Esperanza que es también Nuestra Señora de la Paz sostenga
nuestra esperanza y nos consiga la dicha de la paz.
El documento está firmado por Ricardo Blázquez y Carmelo Echenagusia, titulares de la diócesis de Bilbao, Juan María Uriarte, de la de San Sebastián, y Miguel José Azurmendi, de Vitoria