CONSEJO DE ESTADO
3534/2001	ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD 
CIENCIA	DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. 
Y TECNOLOGÍA
URGENTE
N°: 3.534/2001 /MCS 
Ciencia y Tecnología 
URGENTE
El Consejo de Estado en Pleno, en 
sesión celebrada el día de la fecha, con 
asistencia de los señores que al margen se 
expresan, emitió el siguiente dictamen:
"En cumplimiento de Orden de 
V.E., el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto 
de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
que ha tenido entrada de forma completa en este Alto Cuerpo Consultivo el día 12 
de diciembre de 2001. La consulta se ha formulado con el carácter de urgente.
Resulta de antecedentes:
Primero.- El anteproyecto de Ley sometido a consulta
El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (en lo sucesivo, "el Anteproyecto") consta 
de una exposición de motivos, 46 artículos divididos en siete títulos, tres 
disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, cuatro disposiciones 
finales y un anexo.
En la Exposición de Motivos se manifiesta la finalidad perseguida 
por la Ley, que consiste en establecer "un marco jurídico adecuado" para el 
desarrollo de la sociedad de la información a través de Intemet, "que genere en 
todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este 
nuevo medio". El método utilizado para ello ha sido partir "de la aplicación a las 
actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto generales 
como especiales que las regulan", y ocuparse "tan sólo de aquellos aspectos que, 
ya sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía
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electrónica no están cubiertos por dicha vía". La regulación de estos últimos 
aspectos parte de la transposición de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos 
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior (en lo sucesivo, "la Directiva 2000/31/CE" o "la 
Directiva"). La Exposición de Motivos contiene un resumen de la norma 
proyectada, que incluye también la transposición parcial de la Directiva 98/27/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las 
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los 
consumidores.
El Título I (artículos 1 a 5), que debe interpretarse conjuntamente 
con las definiciones contenidas en el Anexo, contiene las disposiciones generales, 
en las que se establece el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la norma 
proyectada. En cuanto al ámbito objetivo de aplicación de la Ley, se basa en el 
concepto de "servicios de la sociedad de la información", definido en el Anexo 
como "todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía 
electrónica y a petición individual del destinatario" (concepto que incluye "la 
contratación de bienes" por vía electrónica), así como "los servicios no 
remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad 
económica para el prestador de servicios". En la Exposición de Motivos se 
mencionan algunos ejemplos de estos últimos servicios no remunerados, entre los 
que cabe destacar los servicios prestados por "los periódicos o revistas que 
pueden encontrarse en la Red". En virtud del artículo 1.2 del Anteproyecto, dentro 
de este ámbito objetivo "las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán 
sin perjuicio de lo que la legislación sectorial establece en relación con las 
actividades y operaciones que son objeto de regulación específica". Finalmente, 
en determinadas materias (las enumeradas en el artículo 5, que incluyen "los 
servicios prestados por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en 
el ejercicio de sus respectivas funciones públicas) la Ley proyectada no será de 
aplicación.
En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, ésta toma 
como punto de conexión el Estado en el que tenga su residencia o esté 
establecido permanentemente el prestador de los servicios, considerándose como
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"residencia" y "establecimiento permanente" los definidos "a efectos fiscales" 
(artículos 2.1 y 2.2). A los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información con residencia o establecimiento permanente en España se les aplica 
el ordenamiento español, incluyendo la Ley proyectada (artículo 2.4). De acuerdo 
con el artículo 3 del Anteproyecto, a los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo sólo se les aplicará el ordenamiento español 
(incluida la Ley proyectada) cuando además de radicar en España el destinatario 
de los servicios la materia sea una de las siete enumeradas en los apartados 3.1 y 
3.2 (que incluyen, entre otros extremos, las "obligaciones nacidas de los contratos 
celebrados por los consumidores", y están redactadas teniendo en cuenta el 
Anexo a la Directiva 2000/31/CE). A los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea 
ni al Espacio Económico Europeo "les será de aplicación lo dispuesto en la 
presente Ley, cuando dirijan específicamente sus servicios al territorio español, 
siempre que no contravenga lo establecido en tratados o convenios 
internacionales que sean aplicables" (artículo 4).
El Título II (artículos 6 a 18) está dedicado al régimen general de la 
prestación de los servicios, e incluye el reconocimiento de los principios de no 
sujeción a autorización previa y libre prestación de servicios (Capítulo I, artículos 6 
a 8), las obligaciones impuestas a los prestadores de los servicios de la sociedad 
de la información (Sección la del Capítulo ll, artículos 9 a 11), el régimen de 
responsabilidad de los prestadores de tales servicios (Sección 21 del Capítulo II, 
artículos 12 a 17) y los códigos de conducta aplicables a su actuación (Capítulo III, 
artículo 18).
El principio de no sujeción a autorización previa está establecido en 
el artículo 6 del Anteproyecto. Este principio se entiende sin perjuicio de "los 
regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan 
por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los 
correspondientes servicios".
El principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la 
información, recogido en el artículo 7 del Anteproyecto, se aplica a los prestadores
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establecidos "en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo", con las limitaciones contempladas en el artículo 8 (para la 
salvaguardia del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la 
defensa nacional, para la protección de la salud pública o de los consumidores y 
usuarios, incluso cuando actúen como inversores en el ámbito del mercado de 
valores, para la garantía del respeto a la dignidad de la persona y al principio de 
no discriminación y para la protección de la juventud y de la infancia). Con la 
finalidad de garantizar la observancia de estas limitaciones, se atribuye al "órgano 
competente" la potestad para "ordenar a los prestadores de los servicios de 
intermed¡ación" (concepto definido en el Anexo) "establecidos en España (...) que 
tomen las medidas necesarias para impedir" el acceso al servicio (artículo 8.2), 
siempre que sean "objetivas, proporcionadas y no discriminatorias" (artículo 8.3) y 
se observe en su caso el debido procedimiento (artículo 8.4). El principio de libre 
prestación de servicios se aplicará a los prestadores establecidos en Estados no 
miembros del Espacio Económico Europeo ateniéndose "a los acuerdos 
internacionales que resulten de aplicación".
A los prestadores de servicios de la sociedad de la información se 
les imponen las siguientes obligaciones: comunicar al Registro Mercantil, en el 
que se encuentren inscritos o a "aquel otro Registro Público en el que lo 
estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica" el nombre, nombres de 
dominio o direcciones de Intemet que utilicen con carácter permanente, así como 
todo acto de sustitución o cancelación de los mismos (artículo 9.1); permitir a los 
destinatarios del servicio y a los órganos competentes "acceder por medios 
electrónicos de forma permanente, fácil, directa y gratuita" a determinada 
información general, que incluye entre otros extremos la identificación, residencia, 
domicilio o establecimiento permanente, inscripción registra¡, autorización 
administrativa de la que dispone e identificación fiscal del prestador del servicio, 
los códigos de conducta a los que esté adherido, e información clara y exacta 
sobre el precio del producto o servicio, "indicando si incluye o no los impuestos 
aplicables" y gastos de envío (artículo 10), y colaborar con las autoridades 
competentes cuando ello fuera preciso para lograr la interrupción de un servicio o 
la retirada de determinados contenidos (artículo 1 1).
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El régimen de responsabilidad de los prestadores de los servicios de 
la sociedad de la información está regulado en los artículos 12 a 17. En ellos se 
establece una especialidad relativa a todos los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información y otras aplicables a los prestadores de "servicios de 
intermed¡ación". Con carácter general, todos los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información responderán tan sólo "de los contenidos que ellos 
mismos elaboren o que se hayan elaborado por cuenta suya". Por su parte, los 
artículos 14 a 17 limitan los supuestos en los que pueden resultar responsables 
los prestadores de "servicios de intermediación" (definidos en el Anexo como 
aquellos servicios por los que se facilita la prestación o utilización de otros 
servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información; estos 
servicios comprenden los de "acceso a Intemet, la transmisión de datos por redes 
de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Intemet 
solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, 
aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de 
búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Intemet°). 
A los supuestos contemplados en los artículos 12 a 15 de la Directiva 2000131/CE 
se añade el de la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten 
enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (artículo 17 del Anteproyecto, 
inspirado en la Digital Millennium Copyright Act, aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos de América en 1998).
El impulso de la Administración del Estado (a través de "la 
coordinación y el asesoramiento") a la elaboración y aplicación de códigos de 
conducta de adhesión estrictamente voluntaria por parte de los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información está contemplado en el artículo 18 del 
Anteproyecto, como solución idónea para la autorregulación del sector.
En el Título 111 (artículos 19 a 22) se transponen los artículos 6 y 7 de 
la Directiva 2000131/CE, relativos a las comunicaciones comerciales. El artículo 19 
recuerda la vigencia de otras normas "en materia comercial y de publicidad", así 
como de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y su normativa de desarrollo. En el artículo 20 se exige que las 
comunicaciones comerciales sean claramente identificables como tales, y se 
indique en ellas, entre otros extremos, la persona en nombre de la cual se
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realizan. En el artículo 21 se prohibe el envío de comunicaciones comerciales 
realizadas a través de correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas (práctica conocida 
habitualmente con el nombre de "spamming"), posibilidad contemplada 
tácitamente en el artículo 7 de la Directiva 2000/31/CE. La facultad de revocar el 
consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales no 
solicitadas (conocida como facultad de "put-out") se reconoce en el artículo 22.2, 
que exige el establecimiento para ello de "procedimientos sencillos y gratuitos" e 
información accesible acerca de ellos.
El Título IV (artículos 23 a 30) versa sobre la contratación por vía 
electrónica, y no es aplicable "a los contratos relativos al derecho de familia y 
sucesiones", ni a aquellos otros "en los que la Ley determine para su validez o 
para la producción de determinados efectos la forma documental pública" o 
requieran la intervención de órganos jurisdiccionales, Notarios, Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles o autoridades públicas.
En los artículos 23 y 24 se regula la validez y eficacia de los 
contratos celebrados por vía electrónica, que deberán cumplir los requisitos 
exigidos con carácter general para la validez de los contratos y "tendrán, respecto 
de las obligaciones que resulten de ellos, el mismo valor jurídico que los 
formalizados en cualquier otro soporte documental". Se reconoce el principio 
según el cual "para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica 
no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios 
electrónicos". Por último, el artículo 24 remite la prueba de la celebración de los 
contratos electrónicos a "las reglas generales del Ordenamiento jurídico".
El artículo 25 prevé la posibilidad de intervención de terceros de 
confianza, que podrán archivar las declaraciones de voluntad que integran los 
contratos electrónicos (guardándolas por un tiempo de al menos cinco años) y 
consignar su fecha y hora. Se aclara que la intervención de estos terceros "no 
podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas 
facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública".
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El artículo 26 remite la determinación de la ley aplicable a los 
contratos electrónicos a "lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Ley, y en su 
defecto, a las demás normas de Derecho internacional privado del Ordenamiento 
jurídico español".
Los artículos 27 y 28 del Anteproyecto transponen los artículos 10 y 
11 de la Directiva 2000/31/CE, en los que se exige al prestador del servicio de la 
sociedad de la información aportar al destinatario determinada información con 
carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, y se obliga al oferente a 
enviar al aceptante en el plazo de 24 horas un acuse de recibo de su aceptación o 
confirmar la recepción de ésta de forma que permita su archivo por su 
destinatario.
Los artículos 29 y 30 establecen el momento de la prestación del 
consentimiento en la contratación electrónica (aquel en que "el destinatario de la 
oferta de contratación emite su aceptación") y el lugar de celebración de los 
contratos electrónicos (si interviene como parte un consumidor, aquel en que éste 
tenga su residencia habitual; en caso contrario, el lugar en que esté establecido el 
prestador de servicios).
El Título V (artículos 31 a 33) regula la solución judicial y extrajudicial 
de conflictos. Establece la acción de cesación (contemplada en la Directiva 
98127/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998) en 
evitación de "las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses 
colectivos o difusos de los consumidores" (artículo 31), así como los mecanismos 
de solución extrajudicial de conflictos "que se instauren por medio de códigos de 
conducta u otros instrumentos de autorregulación" (artículo 33).
En el Título VI (artículos 34 a 37) se reconoce el derecho de 
destinatarios y prestadores de servicios a obtener información de los Ministerios 
competentes (artículo 34); se prevé la remisión al Ministerio de Justicia por el 
Consejo General del Poder Judicial de "todas las resoluciones judiciales que 
contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia de los 
contratos celebrados por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en 
juicio, o sobre los derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad de los
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destinatarios y los prestadores de servicios de la sociedad de la información", y se 
impone igual deber a los órganos arbitrales y a los responsables de 
procedimientos alternativos de resolución extrajudicial de conflictos (artículo 35, 
mediante el que se pretende transponer los artículos 17.3 y 19.5 de la Directiva 
2000/31/CE); se atribuyen al Ministerio de Ciencia y Tecnología las potestades de 
supervisión y control del cumplimiento por los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información de lo dispuesto en esta ley (artículo 36) y se impone a 
estos últimos el correspondiente deber de colaboración con el Ministerio 
mencionado (artículo 37).
El Título VII (artículos 38 a 46) tiene por rúbrica "Infracciones y 
sanciones". En el artículo 38 se determinan los responsables del régimen 
sancionador establecido en la Ley, que son los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información. El artículo 39 contiene la tipificación de las 
infracciones muy graves, graves y leves susceptibles de ser sancionadas con 
arreglo al Anteproyecto. En el artículo 40 se establecen las sanciones 
correspondientes, que pueden ser de multa (de hasta 600.000 euros), prohibición 
de actuación en España o prohibición de acceso desde España, y en su caso 
publicación a costa del sancionado de la resolución sancionadora. Los criterios de 
graduación de las sanciones se determinan en el artículo 41. El artículo 42 prevé 
la adopción de medidas de carácter provisional, que podrán ser incluso adoptadas 
con el carácter de provisional ísimas "antes de la iniciación del expediente 
sancionador'. Estas medidas provisionales incluyen "la suspensión temporal de la 
actividad del prestador de servicios", "el cierre provisional de sus 
establecimientos", el "precinto, depósito o incautación de registros, soportes y 
archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y 
equipos informáticos de todo tipo", y la advertencia hecha al público "de la 
existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente 
sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas". En el artículo 
43 se reconoce la posibilidad de imponer multas coercitivas por importe que no 
exceda de 6.000 euros "por día que transcurra sin cumplir las medidas 
provisionales que hubieran sido acordadas". Los artículos 44, 45 y 46 versan 
respectivamente sobre la competencia para sancionar, la concurrencia de 
infracciones y sanciones y la prescripción (regulada con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 132.1 de la Ley 30/1992).
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La disposición adicional primera atribuye a los términos definidos en 
el Anexo "el significado que allí se les asigna".
La disposición adicional segunda remite a "su legislación específica" 
la prestación de servicios de la sociedad de la información "relacionados con los 
medicamentos".
La disposición adicional tercera contempla la posibilidad de que el 
prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información sometan 
sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión al Sistema Arbitral de 
Consumo.
La disposición transitoria primera obliga a los prestadores de 
servicios que a la entrada en vigor de la Ley ya vinieran utilizando uno o más 
nombres de dominio o direcciones de Intemet a solicitar su anotación en el 
Registro público correspondiente en el plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la Ley.
La disposición transitoria segunda difiere hasta el día 1 de enero de 
2005 la aplicación del artículo 7 de la Ley (que se refiere a la libre prestación de 
servicios por parte de prestadores establecidos en un Estado perteneciente a la 
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo) a los servicios financieros.
En la disposición final primera se invocan como títulos 
competenciales los establecidos en el artículo 149.1.8a y 21 a de la Constitución.
La disposición final segunda habilita al Gobierno para desarrollar 
mediante Reglamento lo previsto en la Ley.
En la disposición final tercera se encomienda al Gobierno la 
elaboración, en el plazo de un año, de un reglamento que establezca un distintivo 
que permita identificar a los prestadores de servicios que respeten determinados 
códigos de conducta.
3.534/2001	-
l0-La
disposición final cuarta prevé la entrada en vigor de la Ley a los 
tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Anexo contiene diversas definiciones, redactadas de acuerdo con 
el artículo 2 de la Directiva 2000/31/CE. En cuanto al concepto de "servicios de la 
sociedad de la Información", que la Directiva 2000131/CE remite a la Directiva 
98/34/CE, a la definición contenida en esta última norma ("todo servicio prestado 
normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a 
petición individual de un destinatario de servicios") se añade la siguiente: "el 
concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los 
servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan 
una actividad económica para el prestador de servicios", de acuerdo con lo 
expuesto en el Considerando 18° de la Directiva 2000/31/CE. En la Exposición de 
Motivos se aclara la interpretación que debe darse a esta definición.
Por lo que respecta a las restantes definiciones contenidas en el 
Anexo, destaca la omisión de la de "prestador de servicios establecido" (que se ha 
sustituido en el artículo 2 del Anteproyecto por una remisión a la normativa fiscal 
aplicable en España), la extensión del concepto de "consumidor' a las personas 
jurídicas y la adición de la definición de "servicio de intermed¡ación" (inspirada en 
el concepto de "servicios intermediarios" utilizado en la rúbrica de la Sección 41 de 
la Directiva, al que se ha añadido "la provisión de instrumentos de búsqueda, 
acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Intemet").
Segundo.- El expediente remitido
Junto al Anteproyecto de Ley, de fecha 11 de diciembre de 2001, se 
incluyen en el expediente los siguientes documentos:
a) Los sucesivos borradores del Anteproyecto, de fechas 22 de 
septiembre de 2000, 29 de septiembre de 2000, 22 de diciembre de 2000, 18 de 
enero de 2001, 4 de febrero de 2001, 19 de febrero de 2001, 16 de marzo de 
2001 (elaborado por la Comisión General de Codificación), 27 de marzo de 2001, 
6 de abril de 2001, 9 de abril de 2001, 18 de abril de 2001, 30 de abril de 2001, 4 
de junio de 2001 (elaborado por el Ministerio de Economía), 18 de julio de 2001,
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25 de julio de 2001, 10 de septiembre de 2001, 9 de octubre de 2001 y 27 de 
noviembre de 2001.
El borrador de 29 de septiembre de 2000 (el sometido al trámite de 
información pública) no incluía un precepto similar al artículo 1.2 del Anteproyecto 
sometido a consulta; ofrecía una definición de "prestador de servicios establecido 
en España" sin remisiones a la legislación fiscal; creaba un registro administrativo 
de prestadores de servicios de la sociedad de la información, y exigía a los 
prestadores de servicios establecidos en España la solicitud de inscripción en 
dicho registro con carácter previo al inicio de sus actividades; no regulaba la 
prestación de servicios por prestadores no establecidos en Estados 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo (como hace el Anteproyecto en su 
artículo 4); no establecía expresamente límite alguno a la responsabilidad de los 
prestadores de servicios por los contenidos utilizados, ni a la de los prestadores 
de servicios que facilitaran enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda; 
adoptaba el sistema de "opt-put" en relación con el envío de comunicaciones 
comerciales no solicitadas ("spamming"); excluía del ámbito de aplicación de los 
preceptos sobre contratación electrónica "los contratos de creación o transferencia 
de derechos sobre bienes inmuebles, a excepción de los de arrendamiento 
regidos por la legislación común"; no contemplaba la posible intervención de 
terceros de confianza (artículo 25 del Anteproyecto); no establecía regla especial 
alguna sobre el momento de prestación del consentimiento (artículo 29 del 
Anteproyecto) y modificaba la regla sobre el lugar en que se entendía celebrado el 
contrato (en este borrador, "el lugar en que el prestador del servicio esté 
establecido"); ofrecía (especialmente en su artículo 24) reglas para su 
coordinación con la Ley 711998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación, y modificaba el artículo 12.4 de la Ley de Arbitraje para permitir a los 
funcionarios retribuidos mediante arancel el desempeño de funciones arbitrales. 
No se establecía régimen transitorio alguno para la aplicación de la Ley 
proyectada a los servicios financieros. Por último, la definición de "servicios de la 
sociedad de la información" que se recogía en su Anexo no incluía expresamente 
aquellos servicios prestados normalmente sin remuneración.
El borrador de 18 de enero de 2001 (que fue el que se sometió al 
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información)
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introdujo el artículo 1.2 del Anteproyecto sometido a consulta; ofreció una 
definición diferente de "prestador de servicios establecido en España"; aclaro el 
régimen jurídico de los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
no establecidos en Estados pertenecientes al Espacio Económico Europeo; 
sustituyó el registro administrativo de nueva creación contemplado en el artículo 5 
del borrador de 29 de septiembre de 2000 por la anotación de los nombres de 
dominio utilizados por el prestador en el Registro público en el que éste estuviere 
anteriormente inscrito "para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos 
efectos de publicidad"; impuso a los prestadores de los servicios de la sociedad de 
la información el deber de "comunicar a las autoridades judiciales o 
administrativas competentes, tan pronto como tengan conocimiento de su 
existencia, la actividad presuntamente ilícita realizada por el destinatario del 
servicio"; introdujo la limitación de la responsabilidad de los prestadores de 
servicios por los contenidos utilizados por ellos, establecida en el artículo 13 del 
Anteproyecto; reguló la responsabilidad de los prestadores de servicios que 
facilitaran enlaces a contenidos situados en otro lugar de la red, de forma similar al 
artículo 17 del Anteproyecto; mantuvo el sistema de "opt-puf' en relación con el 
envío de comunicaciones comerciales no solicitadas ("spamming"), así como la 
exclusión de "los contratos de creación o transferencia de derechos sobre bienes 
inmuebles, a excepción de los de arrendamiento regidos por la legislación común" 
de la aplicación de los preceptos sobre contratación electrónica; introdujo una 
regla relativa al tiempo de perfección de los contratos electrónicos ("el momento 
en que la aceptación del destinatario o la formulación de su petición llegue al 
sistema de información empleado por el oferente, de forma que quede en él 
almacenado y accesible por este último") diferente de la contenida en el artículo 
29 del Anteproyecto; en sus disposiciones adicionales previó la modificación de 
los artículos 35, 36 y 37 de la Ley del Registro Civil, del artículo 58 del Código Civil 
y de la Ley de Arbitraje (esta última, en el mismo sentido que el borrador anterior), 
y por último dispuso la coordinación entre denominaciones sociales y nombres de 
dominio de Internet.
El borrador de 4 de febrero de 2001 introdujo la regla de acuerdo 
con la cual se entendía celebrado el contrato en el que sea parte un consumidor 
en el lugar en que éste tuviera su residencia habitual.
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El borrador de Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico elaborado por la Comisión General de 
Codificación el 16 de marzo de 2001 presentaba notables diferencias con los 
restantes. En este borrador se sustituía en parte el concepto de "servicios de la 
sociedad de la información" por los de "servicios de comunicación de datos" y de 
"servicios de intermediación operativa"; se contemplaba la "inscripción" de los 
nombres de dominio en el Registro Mercantil; se establecía la regla de que "los 
contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un 
consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia 
habitual"; se disponía que serían anulables por el consumidor "los contratos 
celebrados por vía electrónica cuando el prestador de servicios de la sociedad de 
la información no haya cumplido lo dispuesto" en el Capítulo relativo a la 
contratación con particulares o la obligación de suministrar información al 
destinatario del servicio, y se prohibía la celebración por vía electrónica de 
contratos, negocios o actos jurídicos relativos al Derecho de familia o sucesiones 
o que consistieran en "el otorgamiento o la constitución de garantía de cualquier 
tipo por parte de personas que actúen por motivos ajenos a su actividad 
económica o profesional", pero no "los de constitución o transmisión de derechos 
reales sobre bienes inmuebles" siempre que cumplieran "las formas legalmente 
exigidas". Por otra parte, este borrador incluía la modificación del artículo 1225 
del Código Civil (para dar la consideración de documento privado a los mensajes 
por vía electrónica "siempre que sean archivados y se mantengan accesibles para 
su ulterior consulta"), así como el artículo 1262 del Código Civil y el artículo 54 del 
Código de Comercio (en ambos casos, para incluir la siguiente disposición: 
"hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay 
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, 
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe".
Ni el borrador de 27 de marzo de 2001 ni los sucesivos se ajustaron 
a la propuesta formulada por la Comisión General de Codificación.
El borrador de 6 de abril de 2001 remitió la definición de "prestador 
de servicios establecido en España" a lo dispuesto en la normativa fiscal aplicable; 
extendió la aplicación de su artículo 8 (en lo restante idéntico al artículo 8 del 
Anteproyecto) a todos los prestadores de servicios de la sociedad de la
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información, incluidos los establecidos en España y en Estados no pertenecientes 
al Espacio Económico Europeo; mantuvo el deber de los prestadores de los 
servicios de la sociedad de la información de "comunicar a las autoridades 
judiciales o administrativas competentes, tan pronto como tengan conocimiento de 
su existencia, la actividad presuntamente ilícita realizada por el destinatario del 
servicio"; modificó el régimen jurídico de las comunicaciones comerciales no 
solicitadas ("spamming"), exigiendo autorización expresa y previa de los 
destinatarios (sistema "opt-in"); adoptó el criterio del momento de la emisión de la 
aceptación para determinar el tiempo en que deben entenderse celebrados los 
contratos electrónicos; eliminó las disposiciones adicionales cuyo contenido era 
ajeno al del Anteproyecto, y corrigió la definición de "servicios de la sociedad de la 
información".
El borrador de 30 de abril de 2001 introdujo una prohibición de la 
celebración de negocios o actos jurídicos relativos al Derecho de familia y 
sucesiones.
El borrador de 18 de julio de 2001 introdujo la disposición transitoria 
segunda, en la que se suspendía hasta el 1 de enero de 2005 la aplicación del 
Anteproyecto a los servicios financieros, así como la mención de estos servicios 
en el artículo 1.2.
En los borradores de 25 de julio de 2001 (comunicado a la Comisión 
Europea) y de 27 de noviembre de 2001 (remitido al Consejo General del Poder 
Judicial), el ámbito de aplicación del artículo 8 del Anteproyecto se limitó a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información no establecidos en 
España. Por otra parte, en estos borradores se excluyó del ámbito de aplicación 
del Título IV los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones, sin 
prohibirse expresamente la celebración de tales contratos por vía electrónica.
b) La Memoria justificativa y económica del Anteproyecto, de 27 de 
noviembre de 2001, así como las anteriores versiones de este documento (como 
las de 30 de abril de 2001, 25 de julio de 2001 y 9 de octubre de 2001). Esta 
Memoria contiene una introducción, una exposición del contenido de la Directiva 
2000/31/CE, una explicación motivada del contenido del Anteproyecto sometido a
3.534/2001	-15-

consulta, un estudio de su repercusión sobre los presupuestos públicos (en el que 
se concluye que la aprobación de la norma proyectada no incrementará el gasto 
público) y un resumen del procedimiento seguido en la tramitación del 
Anteproyecto (en el que no se menciona el artículo 22.3 de la Ley del Gobierno, y 
se afirma que el Anteproyecto "se presenta a propuesta conjunta de los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología, Economía, Justicia y Sanidad y Consumo").
En particular, de la introducción de la Memoria justificativa y 
económica cabe destacar el resumen que en ella se hace de la actividad de 
fomento del desarrollo de la sociedad de la información realizada en los últimos 
años por el Gobierno, así como la mención de la proposición no de Ley aprobada 
por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados el 27 de 
septiembre de 2000, que instó al Gobierno a presentar cuanto antes un proyecto 
de Ley regulador de estas materias. Se añade que el proyecto ha tomado como 
referencia, además de la Directiva 2000/31/CE, la Ley Modelo sobre el Comercio 
Electrónico y la Guía para su incorporación al Derecho nacional, elaboradas por la 
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional y aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996. Se 
alude a los códigos de conducta elaborados por tres asociaciones españolas, y se 
mencionan las principales normas españolas y comunitarias relacionadas con 
esta materia. En cuanto a la elaboración del Anteproyecto, se aclara que éste no 
pretende llevar a cabo "una regulación sistemática y completa de la prestación de 
servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, sino tan sólo 
de aquellas cuestiones que más preocupación suscitan". Ello se explica porque "el 
mundo de Intemet no es un mundo aparte del Derecho", y porque "la utilización de 
herramientas electrónicas no altera la esencia de los procesos empresariales, por 
lo que a las actividades realizadas por vía electrónica le son de aplicación todas 
las normas ya existentes en el ordenamiento jurídico o las futuras, que concieman 
a la actividad de que se trate".
c) Los informes evacuados por el Ministro Portavoz del Gobierno y 
por diversos Ministerios en relación con el borrador de 29 de septiembre de 2000. 
Entre ellos cabe destacar el informe desfavorable evacuado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones el 20 de noviembre de 2000.
3.53412001	-16-

d) Los escritos de alegaciones presentados por diversos interesados 
en relación con el borrador de 29 de septiembre de 2000, que fue publicado en 
Intemet por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre ellos, cabe destacar los
de IBM, la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de 
Telecomunicaciones (ANIEL), la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión, la Asociación 
de Usuarios de Intemet (que advirtió sobre los riesgos del sistema de "opt-out" en 
relación con las comunicaciones comerciales no solicitadas a causa de la falta de 
seguridad de las listas de exclusión voluntaria), la Asociación Española de 
Empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI), el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación, Telefónica de España, S.A. (que puso de 
manifiesto la dificultad de cumplir algunas de las obligaciones de suministro de 
información al destinatario del servicio cuando se opere a través de teléfonos 
móviles), Lince Telecomunicaciones, S.A., la Asociación Española de Usuarios de 
Telecomunicaciones (AUTEL), VEGAP, la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEDE), la Sociedad de Gestión "Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes" (AIE), la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE), el Consejo de Consumidores y Usuarios, BT Telecomunicaciones, S.A., 
la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFIVE), Sogecable, S.A., la 
Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, la Asociación Española de 
Banca (AEB), el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España, la Asociación Española de Comercio Electrónico 
(CommerceNet), el ente público Radio Televisión Española, la Asociación 
Española de Comercio Electrónico, Quiero Televisión, S.A., el Instituto de la 
Empresa Familiar, Don Roberto Blanquer Uberos, Don Miguel Virgós, Don 
Femando Sánchez Calero, Doña Mercedes Vérguez, Banco Popular Español, 
S.A., Banco Santander Central Hispano, S.A. (en sentido desfavorable), el Banco 
de España (que solicitó que se diera un carácter supletorio a la norma proyectada 
respecto de las que regulan la actividad de las entidades de crédito), la Sección 21 
de la Comisión General de Codificación (que informó desfavorablemente), la 
comunidad académica RedIRIS (que expuso los efectos nocivos de los correos 
electrónicos no solicitados, cuyo coste social valoraba en 6.570 millones anuales 
para el conjunto de los usuarios españoles, y sugirió la adopción del sistema "opt-
in") y Cuatrecasas.
3.534/2001	-17-

También se han incorporado al expediente otros informes 
evacuados en relación con el borrador de 18 de enero de 2001, y en particular los 
segundos escritos de alegaciones presentados por Telefónica de España, S.A., 
ANIEL y AUTEL, así como el escrito de alegaciones presentado por Retevisión I, 
S.A.
Se ha unido al expediente el escrito presentado en el Consejo de 
Estado el 30 de noviembre de 2001, antes de que tuviera entrada en el Alto 
Cuerpo Consultivo el expediente sometido a consulta, por la Asociación de 
Organizaciones no Gubernamentales y no Lucrativas usuarias de Marketing 
Directo.
e) El informe favorable aprobado por unanimidad por el Consejo 
Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información el 18 de enero 
de 2001, relativo al borrador de igual fecha.
f) El informe solicitado al Consejo de Consumidores y Usuarios con 
arreglo a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En este informe, que versa 
sobre el borrador de 18 de enero de 2001, se pone de manifiesto la opinión 
favorable de este órgano al sistema llamado "opt-in" en materia de 
comunicaciones comerciales no solicitadas.
g) El informe evacuado por la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.Dos.2.j) de 
la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, en 
relación con el borrador de 18 de enero de 2001. La Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones puso de manifiesto que el borrador contemplaba tan sólo la 
prestación de servicios de la sociedad de la información a través de Intemet, pese 
a que existían otras vías electrónicas (como las que ofrecían las redes de 
telecomunicaciones por cable o la televisión digital) para su prestación. También 
manifestó su preferencia por el sistema de "opt-in" respecto a las comunicaciones 
comerciales no solicitadas.
3.534/2001	-18-

h) El informe solicitado a la Agencia de Protección de Datos en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 361) de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En este informe, 
basado en el borrador de 18 de enero de 2001, la mencionada Agencia no se 
opuso al sistema denominado "opt-out" en relación con las comunicaciones 
comerciales no solicitadas, aunque solicitó que se verificaran algunas 
modificaciones en el mismo.
i) El informe evacuado por el Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España en relación con el borrador de 29 de 
septiembre de 2000. En él se manifestaba la opinión favorable del Colegio a la 
inclusión en el ámbito de aplicación del Anteproyecto de los "contratos de creación 
o transferencia de derechos sobre bienes inmuebles, a excepción de los de 
arrendamiento regidos por la legislación común", y se proponía una regulación 
para las comunicaciones electrónicas sin fines publicitarios.
j) El informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el 
que entre otros extremos se ponía de manifiesto la no identidad entre el concepto 
de "establecimiento en España" utilizado en el borrador del Anteproyecto y el 
concepto fiscal de "establecimiento permanente en España".
k) La propuesta elaborada por la Dirección General de Política 
Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) el 29 de 
enero de 2001 para la modificación de diversas leyes relacionadas con el 
Anteproyecto, con la finalidad de introducir en cada una de ellas la acción de 
cesación establecida en el borrador del Anteproyecto. Las leyes que se proponía 
modificar son las siguientes: la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la 
Contratación; la Ley 26/1984, General para la Protección de Consumidores y 
Usuarios; la Ley 26/1991, sobre contratos celebrados fuera de establecimientos 
comerciales; la Ley 7/1995, de Crédito al Consumo; la Ley 21/1995, reguladora de 
los Viajes Combinados; la Ley 42/1998, sobre derechos de aprovechamiento por 
tumo de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; la Ley 34/1988, 
General de Publicidad; la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, y la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
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1) Los dos informes evacuados por la Directora General de los 
Registros y del Notariado los días 19 y 26 de abril de 2001. En ellos se 
manifestaba la opinión de ese órgano directivo, contraria a la celebración por vía 
electrónica de contratos por los que se constituyan o transmitan derechos reales 
sobre bienes inmuebles (a excepción, como exige la Directiva, de los de 
arrendamiento regidos por la legislación común). Por otra parte, se proponía en 
estos informes aceptar el criterio de la Comisión General de Codificación en 
relación con la posible modificación de los artículos 1262 del Código Civil y 54 del 
Código de Comercio.
m) El informe favorable evacuado por la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología el 17 de mayo de 2001.
n) El informe desfavorable evacuado por el Secretario General 
Técnico del Ministerio de Justicia el 28 de mayo de 2001, que ponía de manifiesto 
la manera a su juicio "inadecuada en que se afecta a otras leyes de nuestro 
ordenamiento al regular materias que tienen su asiento fundamental en las 
mismas". En particular, este Departamento solicitaba que se excluyera en el 
Anteproyecto la posibilidad de celebrar por vía electrónica contratos por los que se 
constituyeran o transmitieran derechos reales sobre bienes inmuebles (a 
excepción de los de arrendamiento regidos por la legislación común, como exige 
la Directiva). Por otra parte, sugería aceptar la propuesta de la Comisión General 
de Codificación en relación con el momento en que se entiende prestado el 
consentimiento y al lugar en que deben entenderse celebrados los contratos 
electrónicos, pues "a los efectos de la perfección de los contratos -sean éstos 
civiles o mercantiles-, los contratos electrónicos no presentan ninguna 
singularidad: son un supuesto más de contratación entre ausentes, y por ello no 
resulta oportuno regular esta materia en una ley especial".
ñ) Los informes evacuados por las Secretarías Generales Técnicas 
de los diversos Ministerios en relación con el borrador de 25 de julio de 2001. En 
particular, constan los informes de los Secretarios Generales Técnicos de los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología (que informó con anterioridad el 10 de octubre 
de 2000), Presidencia (que puso de manifiesto que no había sido oído el Consejo 
Económico y Social), Economía (que propuso modificaciones de los artículos 38,
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43 y 46), Hacienda (que sugirió mencionar expresamente las ofertas 
promocionales en el artículo 19 y permitir la utilización de la información recogida 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con arreglo al artículo 38 para usos 
previstos en otras leyes), Fomento (que observó la procedencia de sustituir 
"convalidación" por "reconocimiento" en el artículo 10.1.d)), Sanidad y Consumo 
(en el que se mencionó que el borrador de 25 de julio de 2001 fue incluido "en el 
orden del día de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios" 
y se formularon observaciones relativas al ámbito normativo coordinado, a la 
acción de cesación, al distintivo de sometimiento a arbitraje, al deber de 
colaboración, a las condiciones generales de los contratos y a la Exposición de 
Motivos) y Presidencia.
o) Los informes evacuados por diversos Departamentos en relación 
con el borrador de 10 de septiembre de 2001. En particular, constan los informes 
de los Ministerios de Economía (que explicó el 2 de octubre de 2001 los motivos 
por los que no procedía la mención del principio de reciprocidad en el artículo 7.2 
del borrador, y dio lugar a la modificación de este precepto), Justicia (a 
consecuencia del cual se modificaron los artículos 5, 16, 17, 321) y 44), Sanidad 
y Consumo (que motivó la modificación de la Memoria justificativa y económica y 
la de los artículos 35, 38.1 y 44 y la disposición final tercera), Fomento (que dio 
lugar a la modificación del artículo 10.1.d)) y Hacienda (a consecuencia de la cual 
se modificaron los artículos 19.1, 38.2, 38.3 y 43).
El Ministerio de Justicia observó también, de acuerdo con la 
Comisión General de Codificación, que procedía introducir un nuevo artículo al 
final del Título rubricado "Contratación por vía electrónica" en el que se 
estableciera °la anulabilidad de los contratos celebrados por vía electrónica 
cuando el prestador de servicios de la sociedad de la información no haya 
cumplido lo dispuesto en el citado Título IV o no haya facilitado la información 
general a la que viene obligado por el artículo 10 del Anteproyecto", para evitar la 
indefensión de los consumidores. Con el mismo fundamento en el informe 
evacuado por la Comisión General de Codificación, el Ministerio de Justicia 
observó que procedía suprimir el artículo 29 y establecer el momento de 
prestación del consentimiento mediante una reforma de los artículos 1262 
(segundo párrafo) del Código Civil y 54 del Código de Comercio, dando a ambos
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artículos una misma redacción ("Hallándose en lugares distintos el que hizo la 
oferta y el que la aceptó, haya consentimiento desde que el oferente conoce la 
aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla 
sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar 
en que se hizo la oferta"). El Ministerio de Justicia proponía también modificar la 
redacción de los artículos 32, 33 y 36. En cuanto a la cuantía de las multas, a 
juicio de este Departamento debía establecerse una cuantía mínima para las que 
se impusieran por infracciones muy graves o graves (pues no consideraba 
procedente que "las horquillas de la cuantía de las multas se solapen de tal 
manera que la Administración pueda imponer, por ejemplo, una multa diez veces 
superior por la comisión de una infracción leve que por la comisión de una grave, 
o que por haberse cometido una infracción muy grave se pueda imponer una 
exigua multa de 500 euros"). Por último, informó que el Anteproyecto debía evitar 
la infracción del principio "non bis in idem" cuando la infracción que se pretende 
sancionar hubiera sido penada como delito con identidad de sujetos, hechos y 
fundamento. El 2 de octubre de 2001 informó que procedía excluir del ámbito de 
aplicación del Anteproyecto los contratos sobre bienes inmuebles. El Ministerio de 
Ciencia y Tecnología evacuó el día 3 de octubre de 2001 un informe en el que se 
exponían los motivos por los que no se aceptaban estas observaciones. El 5 de 
octubre de 2001 el Ministerio de Ciencia y Tecnología evacuó un segundo informe 
acerca de los términos en los que resultaba posible, de acuerdo con el borrador 
del Anteproyecto, la celebración de contratos referentes a bienes inmuebles por 
vía electrónica.
El Ministerio del Interior, entre otros extremos, propuso el 2 de 
octubre de 2001 obligar a los prestadores de servicios a avisar a los usuarios de la 
utilización de mecanismos ("cookies") para el almacenamiento y recuperación de 
datos sobre los mismos, inferidos a través de sus hábitos de navegación. Esta 
observación no fue aceptada.
p) El informe evacuado por la Comisión Europea conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.2 de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de junio de 1998, tras ser notificado el Anteproyecto de Ley a 
dicho órgano comunitario. En este informe, redactado en relación con el borrador 
de 25 de julio de 2001, se concluía que el Anteproyecto planteaba "problemas en
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cuanto a la correcta aplicación de los artículos 1, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19 de 
la Directiva y de su Anexo". En primer lugar, entendía la Comisión Europea que el 
artículo 1.2 "podría socavar la aplicación del Anteproyecto de Ley y la 
transposición de la Directiva". En segundo lugar, opinaba la Comisión Europea 
que la definición de "prestador de servicios establecido en España" (artículo 2 del 
Anteproyecto), formulada por remisión a normas fiscales, debía interpretarse "de 
conformidad con el artículo 2.c) de la Directiva. En tercer lugar, mostraba sus 
dudas acerca del alcance del artículo 3.3 del Anteproyecto, que no se limitaba a 
mantener la vigencia de lo dispuesto en otras normas comunitarias, sino que en 
todo caso disponía la aplicación de las normas españolas que regularan las 
materias mencionadas en el artículo 3.1. En cuarto lugar, consideraba que ciertas 
expresiones empleadas en los artículos 3.1, 3.2 y 8 y en el Anexo tenían un 
alcance superior al establecido en la Directiva ("licitud de las comunicaciones 
comerciales" en lugar de "permisibilidad de comunicaciones comerciales", 
"constitución, transmisión, modificación y extinción de derechos reales sobre 
bienes inmuebles" en lugar de "validez formal de los contratos por los que se 
crean o transfieren derechos en materia de propiedad inmobiliara", "consumidores 
y usuarios" en lugar de "consumidores", y "no discriminación por motivos de raza, 
sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o 
social" en lugar de "instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o 
nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad humana de personas 
individuales"). En quinto lugar, consideraba que la obligación impuesta a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información de incorporar "la 
dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España" establecida en 
el artículo 10 del Anteproyecto no era apropiada, pues la Directiva sólo exigía 
incluir "la dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios". 
En sexto lugar, consideraba necesario modificar la redacción de los artículos 15 y 
16 del borrador que le había sido remitido (de 25 de julio de 2001), por no 
reproducir fielmente lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva. En séptimo 
lugar, proponía contemplar expresamente el fomento de los códigos de conducta 
"a nivel comunitario" en el artículo 18 del borrador que le había sido remitido. En 
octavo lugar, manifestaba que el Título IV carecía de "una disposición clara que 
elimine de la normativa española los obstáculos existentes" en su caso para la 
contratación por vía electrónica. En noveno lugar, opinaba que, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Directiva, la obligación de acusar recibo establecida en el artículo
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28 del Anteproyecto debía extenderse a cualquier tipo de pedido, "constituya o no 
la aceptación de una oferta". En décimo lugar, decía que la excepción temporal de 
la aplicación del Anteproyecto de Ley a los servicios financieros hasta el 1 de 
enero de 2005 establecida en su disposición transitoria segunda "es incompatible 
con la Directiva". En undécimo lugar, advertía que dos preceptos de la Directiva 
no habían sido expresamente transpuestos en el borrador remitido.
El expediente incluye los informes elaborados por el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo, por el Director General de 
Política Comercial del Ministerio de Economía, por la Directora General de los 
Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia y por el Director General para 
el Desarrollo de la Sociedad de la Información en relación con las observaciones 
formuladas por la Comisión Europea. En estos informes se exponían los motivos 
por los que los titulares de los mencionados órganos consideraban correcta o 
incorrecta la redacción dada al borrador. Se ha incorporado también al expediente 
la Nota de contestación remitida al parecer a la Comisión Europea, en la que se 
mencionaba la introducción de algunos cambios en el borrador del Anteproyecto 
(en su Exposición de Motivos por lo que respecta a los artículos 2 y 34, y en sus 
artículos 15, 16 y 18) y se explicaban los motivos por los que no se consideraba 
procedente la introducción de los restantes.
q) El informe evacuado por el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial el 5 de diciembre de 2001 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
108.1.e) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En él se 
formulaban diversas observaciones relativas al Anteproyecto, entre las que cabe 
destacar las siguientes: la necesidad de "sistematizar (...) las exclusiones que se 
prevean a su aplicabilidad"; la conveniencia de extender el ámbito de aplicación 
del artículo 8 a todos los prestadores establecidos en España; la oportunidad de 
ampliar la exigencia de comunicación a registros públicos de los nombres de 
dominio o direcciones de Intemet utilizadas para la prestación de servicios "al 
Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos o, en su defecto, a aquellos 
otros Registros Públicos donde lo estuvieran" (mencionando expresamente el 
gestionado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones); la conveniencia 
de aclarar, en el artículo 12 del Anteproyecto, que el régimen de responsabilidad 
previsto en la Sección 11 del Capítulo 11 del Título 11 "no implica modificación de los
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regímenes generales de responsabilidad -civil, penal y administrativa-
preexistentes, y que tan sólo comporta el establecimiento de un específico 
régimen de responsabilidad administrativa derivado de las peculiares 
circunstancias que rodean a este tipo de conductas infractoras"; la necesidad de 
incluir una disposición en la que se derogue expresamente el artículo 30 y otros 
preceptos del Título IV de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, por entenderlos incompatibles con el artículo 22 proyectado; la 
procedencia de eliminar la "contradicción" existente entre los artículos 23.1 y 1.2 
del Anteproyecto; la oportunidad de dar al soporte escrito del contrato celebrado 
por vía electrónica la consideración de documento "a efectos de su posterior 
incorporación al proceso"; la conveniencia de recordar en el artículo 25 que los 
terceros de confianza deben someterse a las prescripciones de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y la de "completar la regulación de 
la acción de cesación mediante la inclusión en el texto definitivo de las 
correspondientes normas sobre procedimiento aplicable para su ejercicio, 
jurisdicción y competencia, disipando de ese modo las posibles dudas que 
pudieran suscitarse al respecto; la oportunidad de imponer al Consejo General del 
Poder Judicial, en lugar de a los órganos jurisdiccionales, el deber de remitir al 
Ministerio de Justicia las resoluciones mencionadas en el artículo 35; la 
conveniencia de matizar la redacción del artículo 37.
El informe del Consejo General del Poder Judicial incorpora un voto 
particular, en el que se cuestiona la constitucionalidad del Anteproyecto, por 
cuanto a juicio del Vocal que lo formula en él se atribuyen a la Administración 
potestades que exceden los límites establecidos en la Constitución y en diversas 
leyes orgánicas de protección de derechos fundamentales.
Se ha incorporado al expediente una nota evacuada por la Dirección 
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información el 5 de diciembre de 
2001 en la que se expone el criterio de este órgano "respecto a cada uno de los 
comentarios realizados por el Consejo General del Poder Judicial en su informe".
En tal estado de tramitación, V.E. acordó la remisión del expediente 
al Consejo de Estado para consulta. El expediente completo tuvo entrada en el
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Consejo de Estado el día 12 de diciembre de 2001, y la consulta se formuló con el 
carácter de urgente.
I.- Obüeto y competencia
La consulta tiene por objeto el Anteproyecto de Ley de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Se recaba el dictamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo 
dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, 
por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, dado que en el 
Anteproyecto se transpone la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en 
el mercado interior.
La consulta es también preceptiva en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, 
puesto que mediante la Ley proyectada se dictará en ejecución y cumplimiento de 
tratados internacionales en los que España es parte.
II.- Tramitación del expediente
En el procedimiento de elaboración del Anteproyecto sometido a 
consulta se han respetado en lo sustancial las exigencias establecidas al respecto 
en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En el expediente remitido al Consejo de Estado consta una Memoria 
justificativa y económica suficientemente expresiva de los fines que se persigue 
mediante la nueva regulación y de los efectos económicos de ésta, así como el 
informe de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos 
proponentes. Igualmente, consta que se ha sometido el borrador del Anteproyecto 
al trámite de información pública y se ha dado audiencia a diversas entidades y 
asociaciones con interés en la materia, y que se ha recabado el parecer de otros 
Departamentos cuyas competencias pudieran verse afectadas, así como los del
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Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la 
Agencia de Protección de Datos (en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
36.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.Dos.2.j) de la Ley 12/1997, de 24 de 
abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones).
Como exige el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se 
regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones 
técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, y 
el artículo 8.2 de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, se notificó a la Comisión Europea el Anteproyecto de Ley. La 
Comisión Europea evacuó el correspondiente informe (de contenido 
desfavorable).
Sin embargo, no consta que este Anteproyecto haya sido elevado al 
Consejo de Ministros "a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en 
particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, 
así como sobre los términos de su realización", como exige el artículo 22.3 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. No cabe aducir como justificación 
las "razones de urgencia" contempladas en el apartado quinto de ese mismo 
precepto, puesto que aun cuando pudieran concurrir en la actualidad, sin duda no 
han estado presentes a lo largo del periodo de más de un año que ha transcurrido 
desde que se elaboró el primer borrador acompañado de memoria justificativa y 
económica y del preceptivo informe del Secretario General Técnico del 
Departamento a los que se refiere el artículo 22.2 de la mencionada Ley del 
Gobierno.
Pese a que al parecer un borrador del Anteproyecto (el de 25 de 
julio de 2001) fue sometido a la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios, y a que se remitió a todos los Departamentos una copia de 
diversos borradores del Anteproyecto para que formularan las alegaciones que 
estimaran pertinentes, es al Consejo de Ministros, y no a los Departamentos 
proponentes, a quien la Ley del Gobierno atribuía la facultad de determinar qué 
"consultas, dictámenes e informes" resultaban pertinentes en este caso. En
3.53412001	-27-

particular, el Consejo de Ministros podría haber considerado oportuno solicitar el 
dictamen del Consejo Económico y Social, que no podrá ser ya evacuado, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 311980, de 
22 de abril, del Consejo de Estado ("los asuntos en los que hubiera informado el 
Pleno del Consejo de Estado no podrán remitirse a informe de ningún otro Cuerpo 
u órgano de la Administración del Estado"). De conformidad con lo expuesto en su 
dictamen número 3.37512001, de 5 de diciembre de 2001, este Alto Cuerpo 
Consultivo observa la necesidad de cumplir con el trámite procedimental 
contemplado en el artículo 22.3 de la Ley del Gobierno con anterioridad a la 
remisión de los anteproyectos de Leyes al Consejo de Estado para consulta, que 
debe servir para garantizar el acierto en la elaboración de los textos remitidos.
Debe observarse, por último, que el plazo establecido para la 
transposición de la Directiva, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 22, finaliza 
el día 17 de enero de 2002.
III.- Consideraciones qenerales
El Anteproyecto sometido a consulta tiene por objeto la regulación 
parcial de los servicios de la sociedad de la información.
La expresión "sociedad de la información", cuyo origen se remonta 
al menos al "Informe Bangeman sobre Europa y la sociedad global de la 
información", se refiere a un conjunto de transformaciones sociales y económicas 
que han comenzado a producirse a consecuencia del desarrollo exponencial y 
convergente de redes y servicios de telecomunicaciones, medios de comunicación 
y tecnologías de la información (tres factores mencionados en el considerando 5° 
de la Posición Común (CE) n° 3812001, aprobada por el Consejo el 17 de 
septiembre de 2001).
Estas transformaciones sociales y económicas no podrían producirse sin el 
desarrollo de Intemet, que según la definición ofrecida por la Anticybersquatting 
Consumer Protection Act de los Estados Unidos de América, de 29 de noviembre 
de 1999, es "the intemational computer network of both Federal and non-Federal 
interoperable packet swithched data networks". Pero el desarrollo de la sociedad
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de la información también se ha fundado en otros recursos basados en redes de 
telecomunicaciones que empleen tecnología digital distintos de Intemet (por 
ejemplo, ciertas redes utilizadas para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones por cable, de telefonía móvil o de televisión digital).
Aunque el mencionado desarrollo exponencial y convergente no es 
tan solo ni principalmente un fenómeno económico (véase el Considerando 1 de 
la Directiva 2000/31/CE), tiene una indudable proyección en las actividades 
empresariales y profesionales. En este ámbito, sus efectos han sido expuestos 
recientemente en el Informe sobre Comercio Económico y Desarrollo 2001 
aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) el 20 de noviembre de 2001.
Como se pone de manifiesto en este informe, el desarrollo de la 
sociedad de la información, y especialmente el del comercio electrónico, requiere 
un adecuado marco jurídico. No obstante, el carácter global de la red de redes 
que constituye Intemet se compadece mal con el ámbito territorial de los 
ordenamientos estatales. Ello exige el empleo de códigos de conducta de 
adhesión voluntaria y mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, la 
adopción y ratificación de tratados internacionales, la aprobación de normas 
comunitarias y el acercamiento de las legislaciones estatales.
Los códigos de conducta de adhesión voluntaria (contemplados en 
el artículo 18 del Anteproyecto) y los mecanismos de solución extrajudicial de 
conflictos (artículo 33 del Anteproyecto) constituyen sin duda los procedimientos 
más adecuados al carácter no territorial y no estatal de Intemet. El ámbito de 
aplicación de estos códigos de conducta previsiblemente tenderá a traspasar las 
fronteras estatales. Estos códigos de conducta son un instrumento respetuoso con 
la iniciativa privada característica de Intemet, apto para fomentar la confianza de 
los destinatarios de los servicios en transacciones internacionales y de una 
notable eficacia, puesto en relación con los mecanismos de solución extrajudicial 
de conflictos. La idea -por lo demás- es antigua, pues fue puesta ya de manifiesto 
en la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de abril de 1992, número 
295/1992, relativa a códigos de conducta para la protección de los consumidores 
en materia de contratos negociados a distancia. Recientemente ha sido destacada
3.534/2001	-29-

su importancia en el Informe sobre Comercio Económico y Desarrollo 2001 
aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) el 20 de noviembre de 2001 (que subraya la necesidad de encontrar 
"soluciones en línea para los problemas en línea", así como la de establecer 
mecanismos de prevención de conflictos basados en el uso de "sellos de 
reconocimiento" o distintivos de calidad que susciten confianza). La aplicación 
simultánea de códigos de conducta de adhesión voluntaria y mecanismos de 
solución extrajudicial de conflictos permitirá evitar en muchos casos, mediante la 
autorregulación de los particulares, el planteamiento de difíciles controversias 
relativas a la jurisdicción de Jueces y Tribunales estatales y a la Ley aplicable a 
las transacciones electrónicas.
La adopción y ratificación de tratados internacionales en esta 
materia constituye una necesidad acuciante, que la propia Directiva 2000131/CE 
ha puesto de manifiesto en sus Considerandos 58 a 62 (en los que se expone que 
la coordinación de las legislaciones estatales en el ámbito comunitario deberá 
contribuir también al establecimiento de una posición común firme en las 
negociaciones en los foros internacionales. Para ello es preciso esperar a "los 
resultados a que se llegue en los debates en curso sobre los aspectos jurídicos en 
las organizaciones internacionales (entre otras, la Organización Mundial del 
Comercio, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la 
CNUDMI)" (Considerando 58 de la Directiva).
En cuanto a las normas comunitarias específicamente dirigidas a dar 
solución a los problemas que suscitan los servicios de la sociedad de la 
información, cabe destacar la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en 
el mercado interior (también denominada "Directiva sobre el comercio 
electrónico"), así como la Directiva 2000/46/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre el acceso a la actividad de las 
entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de 
dichas entidades, la Directiva 2000/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de 
los derechos de autor y de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad
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de la información y la Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia 
de contratos a distancia. Existen dos propuestas de Directivas actualmente en 
tramitación que también versan específicamente sobre los servicios de la 
sociedad de la información: la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros 
destinados a los consumidores y la Propuesta de Directiva del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 771388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el 
valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica.
Por último, el acercamiento de las legislaciones estatales, al margen 
del Derecho comunitario, ha sido propiciado por la aprobación, mediante 
Resolución 51/162 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de 
diciembre de 1996, de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico con la Guía para 
su incorporación al Derecho Interno elaborada por la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) (en lo sucesivo, la 
"Ley Modelo").
La Ley Modelo ha inspirado numerosas leyes en materia de 
servicios de la sociedad de la información, especialmente en el ámbito anglosajón. 
Cabe destacar al respecto ante todo la Uniform Electronic Transactions Act, que 
fue elaborada por la estadounidense National Conference of Commissioners on 
Uniform State Laws en 1999 y fue aprobada y recomendada para su adopción en 
cada uno de los Estados Unidos de América en la Conferencia de Denver 
(Colorado) el 23-30 de julio de 1999. A su vez, esta norma ha servido de 
paradigma para la elaboración de las leyes vigentes en esta materia en la mayoría 
de los Estados pertenecientes a los Estados Unidos de América. En el ámbito del 
comercio internacional, el proyecto de Ley denominado Third Millennium Digital 
Commerce Act (S. 761) actualmente en tramitación en el Congreso de los Estados 
Unidos de América invoca expresamente los principios establecidos en la Ley 
Modelo.
En otros Estados, cabe destacar la aprobación de numerosas 
normas inspiradas en la Ley Modelo, como la irlandesa Electronic Commerce Act 
número 27 de 2000, de 10 de julio de 2000, la australiana Electronic Transactions
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Act número 162 de 1999, de 22 de agosto de 2001, la canadiense Uniform 
Electronic Commerce Act de 30 de septiembre de 1999.
No obstante, debe mencionarse que la convergencia de 
legislaciones estatales se ve impulsada también por un fenómeno de competencia 
entre dichas legislaciones, puesto que una más idónea regulación de la 
contratación electrónica reduce los costes de transacción, y por consiguiente 
beneficia a las empresas que habitualmente eligen la Ley de ese Estado como ley 
aplicable a sus contratos.
Por último, nuestra legislación en materia de servicios de la sociedad 
de la información está llamada a constituir un punto de referencia en el ámbito 
hispanoamericano.
En cuanto al contenido del Anteproyecto sometido a consulta, como 
resulta de su propio título, aquél tiene un alcance mayor que el relativo al 
comercio electrónico. Dada la amplitud del concepto "servicios de la sociedad de 
la información", que comprende toda actividad económica (incluso la compraventa 
de bienes) realizada a distancia por vía electrónica y a petición individual del 
destinatario, esta norma -que se refiere a la totalidad de estos servicios- debe 
necesariamente tener un contenido limitado.
Las finalidades que pretende alcanzar el Anteproyecto pueden 
resumirse en los siguientes términos: en primer lugar, fomentar el desarrollo de la 
sociedad de la información a través de sus servicios (en el marco de lo expuesto 
en el Considerando número 1 de la Directiva); en segundo lugar, generar 
confianza y proporcionar seguridad jurídica en las transacciones electrónicas (con 
arreglo a lo que resulta del Considerando 7 de la Directiva), reduciendo la 
incertidumbre y con ella los costes de transacción; en tercer lugar, garantizar la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro de la 
comunidad (mediante el principio de control en el Estado comunitario de 
establecimiento -Considerando número 22 de la Directiva-, con las excepciones 
mencionadas en su Considerando número 24); en cuarto lugar, proteger a los 
consumidores, cualquiera que sea el lugar de establecimiento del prestador de 
servicios (Considerando 11 de la Directiva), garantizando la aplicación de las
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normas españolas de protección de los consumidores a los que radiquen en el 
territorio español, y en quinto lugar proporcionar un mínimo de seguridad jurídica a 
los prestadores de servicios de intermediación, sin la cual no podría desarrollarse 
la sociedad de la información (Considerandos 40 a 46 y artículos 12 a 14 de la 
Directiva).
De todas estas finalidades, debe destacarse la incorporación al 
ordenamiento interno en esta materia del principio comunitario de libre prestación 
de servicios en los términos que resultan del artículo 49 del Tratado Constitutivo 
de la Comunidad Europea y de la Directiva 2000/31/CE. Ello se lleva a cabo 
mediante los principios de control en origen y reconocimiento mutuo. En cuanto al 
contenido de estos principios, debe aclararse que no se traduce necesariamente 
en una aplicación del Derecho material del Estado de origen (pues, como se 
recuerda en su Considerando número 23, la Directiva no persigue "fijar normas 
adicionales de Derecho internacional privado"), sino en el reconocimiento 
inmediato de los efectos del servicio prestado de acuerdo con el ordenamiento del 
Estado de origen (incluyendo sus normas de Derecho internacional privado). Por 
lo demás, como resulta del Considerando 57 de la Directiva ni el Derecho 
comunitario ni el ordenamiento español (artículo 6.4 del Código Civil) permiten 
invocar fraudulentamente estos principios: el supuesto contemplado en la 
jurisprudencia comunitaria es el de aquellos prestadores de servicios establecidos 
en un Estado miembro, cuya actividad se dirige principalmente o en su totalidad 
hacia el territorio de otro Estado miembro, cuando dicho establecimiento se haya 
situado en el primer Estado "con la intención de evadir la legislación que se 
hubiera aplicado al prestador de servicios en caso de que se hubiera establecido 
en el territorio del primer Estado miembro".
Por lo que respecta a la articulación del Anteproyecto con otras 
normas del ordenamiento, cabe destacar que algunas de las actividades 
económicas incluidas en el amplio concepto de "servicios de la sociedad de la 
información" -las que constituyen el objeto del comercio electrónico- presentan 
rasgos comunes y diferenciados, que consisten principalmente en su carácter 
remunerado y en la inmediatez de las transacciones realizadas. Estos servicios 
están sujetos a las normas estatales y autonómicas que en nuestro ordenamiento 
regulan la actividad comercial, y en particular a las aplicables a las ventas a
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distancia: entre otras muchas, cabe citar como especialmente relevantes, además 
del Código Civil y el Código de Comercio, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones 
Generales de la Contratación, la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al 
Consumo, la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, 
la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre Contratos Celebrados fuera de los 
Establecimientos Mercantiles, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad y las leyes autonómicas sobre ordenación comercial. 
También merecen ser destacados en esta materia los artículos 17 y 18 del 
Anteproyecto de Ley Financiera. Adicionalmente, el comercio electrónico está 
sujeto a otras normas específicamente aplicables a las comunicaciones por vía 
electrónica: entre otras, el artículo 18.4 de la Constitución, la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica, y la Ley 
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Las normas que con carácter general regulan la actividad comercial, 
y en particular las aplicables a las ventas a distancia, no siempre tienen en 
consideración los rasgos que diferencian la contratación a través de Intemet de la 
que pueda realizarse a través del teléfono o el fax, y en particular la posibilidad 
que tiene el usuario de Intemet de recabar una mayor información y elegir tanto el 
prestador del servicio como el momento de celebración del contrato, facultad de la 
que en principio carece quien recibe una oferta comercial por teléfono, fax o 
correo, que está sin duda en una situación de mayor desventaja frente al oferente.
En el Anteproyecto sometido a consulta, se ha optado por no 
realizar una refundición parcial de las normas aplicables al comercio electrónico, 
dejando esta tarea a quienes deban interpretarlas conjuntamente. Ello se 
fundamenta, de acuerdo con la Memoria justificativa y económica, en el 
argumento consistente en que "el mundo de Internet no es un mundo aparte del 
Derecho" y °la utilización de herramientas electrónicas no altera la esencia de los 
procesos empresariales". El Consejo de Estado no cuestiona el acierto de esta 
opción legislativa, pero advierte la necesidad de introducir las modificaciones que 
resulten necesarias para adaptar las normas legales y reglamentarias vigentes en
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esta materia a las peculiaridades propias del comercio electrónico y a las 
exigencias de la Directiva 2000/31/CE.
Nuestro ordenamiento ofrece numerosos mecanismos de protección 
de los consumidores y usuarios que podrían resultar aplicables al comercio 
electrónico, y no siempre serán adecuados a las exigencias de éste: dado que el 
contrato debe entenderse celebrado a distancia, cuando resulte de aplicación la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, con carácter 
previo al inicio de su actividad el prestador del servicio deberá obtener una 
autorización administrativa (artículos 37 y 38.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista) e inscribirse en el Registro administrativo 
creado en el Real Decreto 1133/1997, de 11 de julio (todo lo cual resulta contrario 
al artículo 4 de la Directiva 2000/31/CE). Si, como resulta habitual, la transacción 
se realiza con sujeción a condiciones generales, el prestador del servicio deberá 
enviar al destinatario con un mínimo de tres días naturales de antelación "de modo 
veraz, eficaz y completo, información sobre todas y cada una de las cláusulas del 
contrato y remitirle, por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a 
distancia utilizada, el texto completo de las condiciones generales" (artículo 2 del 
Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre), lo cual resulta poco acorde con la 
realidad económica del comercio electrónico, que se caracteriza por su inmediatez 
y puede resultar contrario al artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE. El contrato 
electrónico ha de formalizarse "por escrito" siempre que se entienda celebrado 
fuera del establecimiento mercantil del empresario (véase el artículo 30 del 
Anteproyecto) y esté sujeto a la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre 
Contratos Celebrados fuera de los Establecimientos Mercantiles, así como cuando 
tenga por objeto una venta a plazos sujeta a la Ley 28/1998, de 13 de julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles (en virtud del artículo 6 de ésta) o una venta a 
crédito sujeta a la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (artículos 6 
y 7), y cuando se celebre mediante subasta pública sometida a los artículos 56 y 
siguientes de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista (como sucederá con muchas de las subastas "on line" que tienen lugar 
en Intemet); cuando haya sido celebrado con sujeción a condiciones generales, 
aun cuando de acuerdo con las normas anteriormente citadas no fuera preceptiva 
la forma escrita el prestador del servicio deberá enviar "inmediatamente al 
consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán
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todos los términos de la misma" (artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de 
Condiciones Generales de la Contratación). Todo ello genera dificultades, dado 
que no existe norma alguna en el ordenamiento que atribuya a las 
comunicaciones y a los contratos electrónicos, siempre que reúnan determinados 
requisitos, los mismos efectos reconocidos a las comunicaciones remitidas por 
escrito y a los contratos celebrados por escrito, respectivamente. Por otra parte, si 
como es habitual el producto vendido ha de ser enviado al destinatario, dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista "sólo podrá exigirse el pago antes de la entrega del producto 
cuando se trate de un pedido que se haya elaborado con algún elemento 
diferenciador para un cliente específico y a solicitud del mismo" (artículo 43.2), lo 
que obliga al comerciante electrónico en la mayoría de los supuestos a asumir un 
importante riesgo de impago, y no añade una protección sustancial al consumidor 
que ya tiene reconocido un derecho de desistimiento. Además, dentro del ámbito 
de aplicación de esta misma Ley, siempre que el pago se haga mediante tarjeta 
de crédito y no se haya verificado una identificación electrónica (lo que resulta 
muy poco usual), "su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo" (artículo 
46.1 de la Ley 7/1996), que se efectuará automáticamente sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 de la misma Ley. Finalmente, una vez celebrado el 
contrato el destinatario del servicio tiene reconocido un derecho de desistimiento 
en los supuestos y plazos y con los efectos -distintos en cada caso- establecidos 
en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (artículo 
44), en el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre (artículo 4) y en la Ley 
26/1991, de 21 de noviembre, sobre Contratos Celebrados fuera de los 
Establecimientos Mercantiles.
En el Anteproyecto no se prevé la modificación de ninguno de los 
preceptos citados. No obstante, al parecer se está tramitando simultáneamente un 
Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de ordenación del comercio minorista 
para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en 
materia de contratos a distancia (expediente número 3.631/2001, sometido a 
dictamen del Pleno del Consejo de Estado). La disposición adicional segunda de 
esta Ley prevé la eliminación de los requisitos de previa autorización e inscripción 
en un Registro exigidos en los artículos 37 y 38.2, lo que resulta necesario para la 
completa transposición de la Directiva 2000/31/CE. En ninguno de los dos
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Anteproyectos se prevé la modificación de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, 
sobre Contratos Celebrados fuera de los Establecimientos Mercantiles.
A juicio del Consejo de Estado, no todas las garantías de los 
consumidores mencionadas deberán ser necesariamente eliminadas en el 
comercio electrónico, pero resulta ineludible realizar un ajuste de algunas de las 
normas citadas para evitar efectos no deseados, llevar a cabo correctamente la 
transposición de la Directiva 2000/31/CE y no poner trabas innecesarias al 
desarrollo del comercio electrónico.
Para ello, en primer lugar procede atribuir a la forma electrónica 
(tanto en las comunicaciones, como la contemplada en el artículo 5.3 de la LCGC, 
como en la celebración de contratos) la misma eficacia que a la forma escrita, con 
arreglo a lo que se observará en el cuerpo de este dictamen. Esta equiparación en 
todo caso debe referirse a la forma del documento, y no a la autoría del mismo por 
parte de los contratantes (cuestión que, en caso de resultar controvertida, deberá 
acreditarse con arreglo a los medios establecidos en el ordenamiento).
En segundo lugar, además de la modificación de la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista para su adecuación a las exigencias del 
comercio electrónico (lo que no exige la supresión de todas las garantías del 
consumidor anteriormente mencionadas), procede excluir los contratos 
electrónicos del ámbito de aplicación de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, 
sobre Contratos Celebrados fuera de los Establecimientos Mercantiles. Esta 
exclusión no presentará problemas en cuanto a la transposición de la Directiva 
85/577/CEE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección 
de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los 
establecimientos comerciales, puesto que el ámbito de aplicación de esta última, 
más reducido que el de la Ley española que la transpuso, no incluía a los 
contratos electrónicos (véase el artículo 1 de la Directiva). Las Directivas 
851577/CEE y 97/7/CE tienen ámbitos de aplicación complementarios, y en 
principio no concurrentes.
Y, en tercer lugar, debe procederse a verificar un ajuste del 
contenido del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre (y en consecuencia
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derogar al menos su artículo 2 por lo que respecta a la contratación electrónica, 
que entorpece la utilización real de los contratos por vía electrónica, lo que resulta 
contrario al artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE).
Por otra parte, en la redacción de este --Anteproyecto debe 
respetarse lo dispuesto en las Directivas comunitarias mencionadas en el 
Considerando número 11 de la Directiva 2000/31/CE. Especial consideración 
merecen aquellas Directivas cuya transposición no se ha completado, como la 
mencionada Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de 
contratos a distancia, la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia 
de protección de los intereses de los consumidores, la Directiva 1999/44/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados 
aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, la Directiva 
2000/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 
2000, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su 
ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades, la Directiva 
2000/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, 
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 
de derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. 
También procede tener en cuenta las propuestas de Directivas de previsible 
aprobación, como la propuesta de Directiva dei Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros 
destinados a los consumidores y la Propuesta de Directiva del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del impuesto sobre el 
valor añadido aplicable a algunos servicios prestados por vía electrónica.
Por último, observa el Consejo de Estado que el Anteproyecto tan 
sólo aplica los principios de control en origen y libre prestación de servicios en el 
ámbito comunitario e internacional, pero no a la prestación de servicios de la 
sociedad de la información por prestadores establecidos en España a 
consumidores también situados en España, pero en una Comunidad autónoma 
distinta. El Anteproyecto no impide que se produzcan restricciones dentro del 
ámbito normativo coordinado en la prestación de estos servicios.
3.53412001	-38-

IV.- Observaciones particulares al texto sometido a consulta
El Consejo de Estado formula las siguientes observaciones 
particulares en relación con el Anteproyecto sometido a consulta:
Artículo 1.1
En este precepto se determina el objeto de la Ley proyectada. En él 
destaca la omisión de toda mención a la regulación de la libertad de 
establecimiento para la prestación de servicios de la sociedad de la información, y 
al reconocimiento del principio de libre prestación de tales servicios. Pese al 
contenido meramente enunciativo del precepto, que hace innecesaria la mención 
de todas y cada una de las materias que son objeto de la Ley, el reconocimiento 
del derecho a la libre prestación de servicios de la sociedad de la información 
reviste tal importancia tanto en la Directiva que se pretende transponer como en el 
propio Anteproyecto, sin duda superior a la de muchas otras cuestiones 
expresamente mencionadas (como "la información previa y posterior a la 
celebración de contratos electrónicos'% que bien merecería una referencia 
expresa. Por ello, entiende el Consejo de Estado procedente añadir la expresión 
"a los principios de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios", u 
otra de contenido similar, antes de la mención hecha a "las obligaciones de los 
prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la 
transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones".
Artículo 1.2
De acuerdo con este precepto, "las disposiciones contenidas en esta 
Ley se entenderán sin perjuicio de lo que la legislación sectorial establece en 
relación con las actividades y operaciones que son objeto de regulación 
específica.
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El Consejo General del Poder Judicial, en su informe de 27 de 
noviembre de 2001, ha manifestado su oposición a la redacción dada al artículo 
1.2, que considera necesitado de armonización con otros preceptos del 
Anteproyecto en los que también se contempla la aplicación de otras normas.
La finalidad de este precepto es, según el informe evacuado el 5 de 
diciembre de 2001, la de "recordar que la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico no constituirá una norma aislada ni la única 
aplicable a los servicios de la sociedad de la información, sino que éstos seguirán 
rigiéndose por las normas que les fueran de aplicación en todo lo que no regule la 
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico".
A juicio del Consejo de Estado, tal finalidad sólo resulta compatible 
con la Directiva 2000/31/CE en la medida en que se entienda limitada a lo 
dispuesto en los artículos 2.4, 3 y 4 del Anteproyecto, pues sólo en estos 
preceptos se determinan con la necesaria precisión los supuestos en los que los 
servicios de la sociedad de la información "seguirán rigiéndose por las normas que 
les fueran de aplicación" en España o por el contrario se someterán al principio de 
control en origen y libre prestación de servicios. Por otra parte, el tenor literal del 
artículo 1.2 no contempla, como al parecer se pretende, la aplicación supletoria de 
otras normas; por el contrario, en él se dispone que los preceptos del 
anteproyecto (incluidos los artículos 2.4, 3, 4, 6 y 7, entre otros) deben entenderse 
"sin perjuicio de" lo dispuesto en las normas españolas aplicables a la prestación 
de cada servicio. Con ello queda desnaturalizado el principio de libre prestación 
de servicios que la Directiva 2000131/CE pretende garantizar.
Acaso la principal de las finalidades perseguidas por la Directiva 
transpuesta es la de permitir que servicios prestados en España (artículo 30, 
primer párrafo del Anteproyecto) desde otro Estado perteneciente a la Comunidad 
Europea o al Espacio Económico Europeo en régimen de libre prestación de 
servicios no estén en principio sujetos a las autorizaciones y controles que la 
legislación sectorial exige a los prestadores de estos mismos servicios que están 
establecidos en España, salvo en las materias y en los supuestos establecidos en 
los artículos 3.1, 3.2, 5 y 8. Es la regla de "control en el origen", mencionada en los 
Considerandos 22 y 24 de la Directiva, y que no exceptúa el artículo 1.3 de la
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misma (cuya transposición pretende llevarse a cabo en el artículo 1.2 del 
Anteproyecto).
En el Considerando 5° de esta Directiva se dice expresamente que 
ésta pretende salvar los obstáculos jurídicos causados por "la disparidad de 
legislaciones" aplicables a tales servicios, cuya "falta de coordinación y ajuste" 
impide su libre prestación a través de Intemet. En la Directiva se define el "ámbito 
coordinado" precisamente como "los requisitos exigibles a los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información" para la prestación de tales servicios 
"independientemente de si son de tipo general o destinados específicamente a los 
mismos", y en el artículo 3.2 de la Directiva, que constituye el precepto central de 
la misma, se dispone que "los Estados miembros no podrán restringir la libertad 
de prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado 
miembro por razones inherentes al ámbito coordinado". A juicio del Consejo de 
Estado resulta directamente contrario a la finalidad perseguida por la Directiva 
2000131/CE establecer con carácter general la aplicación del Anteproyecto "sin 
perjuicio" de lo que dispongan las normas españolas aplicables a la prestación de 
cada servicio dentro del ámbito normativo coordinado. El artículo 1.5 de la 
Directiva excluye del ámbito de aplicación de ésta determinadas materias, pero 
entre ellas no se incluye con carácter general "la legislación sectorial" relativa a 
"las actividades y operaciones que son objeto de regulación específica" dentro del 
ámbito normativo coordinado, pues ello vaciaría de contenido lo dispuesto en su 
artículo 3.2 y frustraría el fin perseguido por la Directiva, al replantear los 
problemas relativos a la fragmentación del régimen jurídico aplicable a estos 
servicios dentro del mercado interior, que la regla del control por el Estado de 
establecimiento pretende evitar.
Por lo que respecta a las normas específicamente mencionadas en 
el artículo 1.2, cabe observar que éstas no versan en realidad sobre actividades y 
operaciones diferentes de las contempladas en el artículo 1.1, sino que, versando 
sobre las mismas actividades y operaciones, se refieren a la protección de 
intereses jurídicos diferentes de los considerados en esta norma y no deben en 
rigor considerarse incluidas en el "ámbito normativo coordinado". Entre estas 
normas se citan las siguientes: "las condiciones relativas a las mercancías y 
bienes tangibles, a su entrega y a los servicios no prestados por medios
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electrónicos"; el "régimen jurídico aplicable a la protección de la salud y seguridad 
pública", incluida la salvaguarda de la defensa nacional, a los datos personales, a 
los derechos de los consumidores y usuarios y a los servicios financieros", el 
"régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información" y la 
"normativa reguladora de la Defensa de la competencia".
A juicio del Consejo de Estado, que comparte el parecer de la 
Comisión Europea, procede extender la aplicación de la Ley proyectada a los 
"servicios financieros", y modificar, en consecuencia, el artículo 1.2 del 
Anteproyecto. Dado que "lo que la legislación sectorial establece" en relación con 
"los servicios financieros" es parte del ámbito normativo coordinado en relación 
con la prestación de los servicios de la sociedad de la información que tengan 
este contenido (Anexo del Anteproyecto y artículo 2 de la Directiva), y teniendo en 
cuenta que el artículo 3.2 de la Directiva prohibe "restringir la libertad de 
prestación de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro 
por razones inherentes al ámbito coordinado", no parece correcto afirmar que las 
disposiciones del Anteproyecto "se entenderán sin perjuicio" de lo que disponga la 
legislación española sobre servicios financieros. Sobre esta cuestión se formulará 
una observación a propósito de la disposición transitoria segunda.
La protección de la seguridad pública y la salvaguardia de la 
defensa nacional están contempladas en diversos preceptos de la Directiva 
(artículo 3.4.a).i)), por lo que la remisión a lo que la legislación establece en estas 
materias ha de formularse en los mismos términos que en la norma comunitaria 
(artículo 8), y con sometimiento a las normas procedimentales en ella establecidas 
(artículo 3.41) de la Directiva y 8.4 del Anteproyecto). Por ello, resulta 
desaconsejable la inclusión de estas materias en el artículo 1.2.
La legislación sobre Competencia Desleal debe aplicarse siempre 
que ello resulte del artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero (que se refiere a 
las prácticas "que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el 
mercado español") y puede entenderse incluida, mediante una interpretación 
extensiva y lógica, en la referencia de la Directiva a "cuestiones relacionadas con 
acuerdos o prácticas que se rijan por la legislación sobre cárteles" (artículo 1.5.c) 
de la Directiva).
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, sugiere el 
Consejo de Estado sustituir el artículo 1.2 proyectado por otro de tenor semejante 
al siguiente: "Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán sin perjuicio 
de lo dispuesto en otras normas ajenas al ámbito normativo coordinado, o que 
tengan como finalidad la protección de la salud pública, los intereses del 
consumidor, el régimen tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la 
información, la protección de datos de carácter personal y la normativa reguladora 
de Defensa de la Competencia y Competencia Desleal".
Artículo 2
Tanto la Directiva 2000131/CE (véase su artículo 3) como este 
precepto están basados en el principio de control por el Estado en el que el 
prestador está establecido, y por tanto en la distinción entre prestadores de 
servicios de la sociedad de la información establecidos en España y prestadores 
de los mismos servicios no establecidos en España.
La Directiva define "prestador de servicios establecido" como aquel 
"prestador que ejerce de una manera efectiva una actividad económica a través 
de una instalación estable y por un período de tiempo indeterminado" (artículo 
2.c)).
El artículo 2 del Anteproyecto remite la definición de "prestador 
establecido en España" a los conceptos tributarios de "sujeto pasivo residente en 
territorio español" y de "establecimiento permanente situado en España". Sin duda 
esta equiparación evitará numerosos problemas de articulación entre normas 
administrativas y tributarias, y permitirá "dilucidar desde qué país presta un 
servicio una empresa con establecimientos abiertos en varios Estados miembros", 
como advierte la Memoria justificativa y económica. No obstante, el Consejo de 
Estado observa que en determinados supuestos los conceptos tributarios 
incorporados por referencia a esta norma no cumplirán las exigencias de la 
Directiva. En particular, el artículo 9 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, 
considera residentes en España a personas que pueden no ejercer actividad
3.534/2001	-43-

económica alguna en el territorio español (como por ejemplo aquellas que tengan 
en España de forma directa o indirecta la base de sus intereses económicos); por 
su parte, el artículo 8.3 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, considera "residentes" en España por ejemplo a las entidades que 
"se hubieren constituido conforme a las leyes españolas", aunque no desarrollen 
de manera efectiva actividades económicas en España. Por su parte, para la 
definición de "establecimiento permanente" en España ha de estarse a lo 
dispuesto en el Convenio internacional que en su caso sea aplicable, y en defecto 
del mismo al criterio establecido en el artículo 12 de la Ley 41/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que tampoco coincide 
con el del artículo 2.c) de la Directiva (pues la norma española considera que 
dispone de "establecimiento permanente" en España quien actúa en territorio 
español por medio de un agente autorizado para contratar y en nombre y por 
cuenta de la persona o entidad no residente, que ejerza con habitualidad dichos 
poderes, aunque lo haga por un período de tiempo determinado y sin 
instalaciones estables).
La Comisión Europea ha manifestado "algunas dudas con respecto 
a la correcta transposición de la definición de prestador de servicios establecido„.
Teniendo en cuenta el carácter esencial de este concepto para la 
correcta transposición de la Directiva 2000/31/CE, considera el Consejo de Estado 
procedente adoptar el criterio establecido en el artículo 2.c) de ésta, sin perjuicio 
de conservar, si se desea, la remisión a los criterios fiscales con el carácter de 
meras presunciones iuris tantum, el mismo que debe atribuirse a la inscripción en 
el Registro Mercantil español (artículo 2.3 del Anteproyecto). Por ello, debe 
entenderse por "prestador de servicios establecido" en España aquel "prestador 
que ejerce de una manera efectiva una actividad económica a través de una 
instalación estable y por un período de tiempo indeterminado" en el territorio 
español.
Artículo 3
Como ha observado este Consejo de Estado en numerosas 
ocasiones (véase, por todos, el dictamen número 3.555/2000, de 25 de enero de
3.53412001	-44
2001), la transposición de una directiva comunitaria es una tarea jurídica que no 
debe entenderse limitada a la de transcripción literal de sus preceptos.
El artículo 3 está situado en el Capítulo II del Anteproyecto, que 
como su rúbrica indica tiene por objeto determinar el ámbito de aplicación de la 
Ley proyectada. Algunos de los preceptos del Anteproyecto serán de aplicación a 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando 
el destinatario de los servicios radique en España, aun cuando los servicios no 
afecten a alguna de las materias enumeradas en el artículo 3.1: en particular, el 
artículo 7.1 (que reconoce a estos prestadores la libertad de prestación de sus 
servicios a destinatarios que radiquen en España) y el artículo 8 (que exige la 
protección de determinados principios en la prestación de tales servicios). Por 
razones de técnica normativa, no procede determinar el ámbito de aplicación de la 
norma mediante preceptos situados fuera del Capítulo II dedicado a este fin, sin 
incluir en él las oportunas remisiones. Por ello, a juicio del Consejo de Estado el 
Capítulo II debería contener una alusión a tales preceptos. Ello podría hacerse 
añadiendo el inciso "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8,", u otro 
de semejante contenido, al principio del artículo 3 proyectado.
Artículos 3.1.d) y 8.11)
En el ámbito del comercio electrónico, resulta usual distinguir entre 
el destinado a empresarios y profesionales (llamado "business to business", "BTB" 
o "B2B") y el dirigido a consumidores ("business to consumer', "BTC" o "B2C"). 
Esta distinción tiene relevancia en relación con las características y condiciones 
de los servicios de la sociedad de la información ofrecidos por los prestadores de 
éstos, pero también ha sido tenida en cuenta por el legislador, por cuanto el 
empresario o profesional que actuando con esta condición reciba servicios de la 
sociedad de la información no recibe la misma protección que el consumidor 
(véanse, por ejemplo, los artículos 10.1 y 11.1 de la Directiva).
Esta especial protección se dispensa en la Directiva de dos formas 
que es preciso no confundir. En determinados preceptos (principalmente, en su 
artículo 3.4.a).i)), se permite a los Estados miembros exceptuar la aplicación del
3.53412001	-45-

principio de libre prestación de servicios mediante la adopción de medidas 
proporcionadas para la protección de los consumidores. La protección que en 
estos preceptos se reconoce a los consumidores no puede ser ampliada por los 
Estados miembros, pues constituye una excepción a la libre prestación de 
servicios establecida en el artículo 3.2 de la misma Directiva. Tampoco cabe 
ampliar el alcance de esta excepción mediante una ampliación del concepto de 
"consumidor'. En otros supuestos, en cambio, la noción de "consumidor se 
emplea en la Directiva en relación con la legislación de los Estados miembros 
aplicable a los prestadores de servicios establecidos en ellos, y por tanto sin que 
afecte en modo alguno al principio de libre prestación de servicios. En estos 
casos, la protección que la Directiva obliga a dispensar a los consumidores tiene 
el carácter de mínimo, y por consiguiente puede ser ampliada por el legislador 
estatal en la transposición de la Directiva.
Un ejemplo de lo anteriormente expuesto puede encontrarse en el 
artículo 1.3 de la Directiva, que contempla la posibilidad de que las legislaciones 
de los Estados miembros dispensen una mayor protección "de los intereses del 
consumidor", pero sólo "en la medida en que no restrinjan la libertad de prestar 
servicios de la sociedad de la información".
Existe una discrepancia, puesta de manifiesto por la Comisión 
Europea, entre el concepto de "consumidor' empleado en la Directiva y el utilizado 
en el Anteproyecto. La norma comunitaria sólo reconoce la condición de 
"consumidor" a la "persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad 
económica, negocio o profesión". En cambio, el Anexo del Anteproyecto define 
"consumidor como "persona física o jurídica en los términos establecidos en el 
artículo 1 de la Ley 2611984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios". Como es obvio, el concepto de consumidores en la 
Directiva, que sólo se refiere a las personas físicas, es más reducido que en el 
Anexo del Anteproyecto, que incluye las jurídicas.
En la Memoria justificativa y económica se ha justificado esta 
discrepancia en que el concepto de "consumidor y usuario" está definido para todo 
el ordenamiento español de forma unívoca en el artículo 1 de la Ley 2611984, de 
19 de julio, citada.
3.534/2001	-46-

Entiende el Consejo de Estado que los supuestos en los que resulta 
posible al legislador español restringir la libre prestación de servicios procedentes 
de prestadores establecidos en otro Estado perteneciente a la Unión Europea o al 
Espacio Económico Europeo deben considerarse estrictamente limitados a lo 
dispuesto en la Directiva, sin que puedan ser ampliados mediante una definición 
del concepto de "consumidores" que incluya a personas no comprendidas en la 
definición dada en el artículo 2 de la propia Directiva. Por ello, a juicio de este Alto 
Cuerpo Consultivo es preciso restringir a las personas físicas las menciones que a 
los "consumidores" se hacen en los artículos 3.1.d) y 8.11) del Anteproyecto. No 
obstante, ello no obliga a utilizar en todo el Anteproyecto la definición comunitaria 
de "consumidores", puesto que -como el artículo 1.3 de la Directiva reconoce- en 
aquellos supuestos en los que no esté comprometido el principio de libre 
prestación de servicios no existe inconveniente alguno en la ampliación de la 
protección dispensada a los consumidores y usuarios con arreglo al artículo 51.1 
de nuestra Constitución.
La observación formulada en el párrafo anterior tan sólo exigiría 
sustituir en los artículos 3.1A) y 8.11) el sintagma "los consumidores" por la 
expresión "las personas físicas que tengan la condición de consumidores„. De 
esta forma cabría preservar el concepto unívoco de "consumidor y usuario" 
establecido en nuestro ordenamiento con carácter general por la Ley 26/1984, sin 
necesidad de modificar la correspondiente definición en el Anexo del 
Anteproyecto.
Artículo 4
Como resulta de su Considerando número 58, la Directiva 
2000131/CE no se aplica a los servicios procedentes de prestadores establecidos 
en un tercer país, aunque tampoco impide la regulación de tales servicios. En el 
artículo 4 del Anteproyecto se dispone que:
"A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación lo
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dispuesto en la presente Ley, cuando dirijan específicamente sus servicios al 
territorio español, siempre que no contravenga lo establecido en tratados o 
convenios internacionales que sean aplicables".
El tratamiento que se dispensa a los Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo es, en algunos aspectos, más 
benévolo que el previsto para los Estados pertenecientes a la Unión Europea o al 
Espacio Económico Europeo. En particular, las exigencias del artículo 3 (como por 
ejemplo las relativas a "obligaciones nacidas de los contratos celebrados por los 
consumidores"), que se imponen a los prestadores establecidos en estos últimos 
Estados siempre que "el destinatario de los servicios radique en España", con 
independencia de que "dirijan específicamente" o no "sus servicios al territorio 
español", sólo serán al parecer aplicables a los establecidos en aquéllos cuando 
"dirijan específicamente sus servicios al territorio español". En la Memoria 
justificativa y económica se justifica este extremo porque "su aplicación urbi et 
orbe sería impracticable".
Sin duda debe evitarse la aplicación extraterritorial del ordenamiento 
español, que no resultaría coherente con el principio de armonía internacional de 
normas jurídicas, tal y como expuso este Alto Cuerpo Consultivo en su dictamen 
número 3.555/2000, de 25 de enero de 2001. A juicio del Consejo de Estado, ello 
impide extender de forma general la aplicación del ordenamiento español en el 
ámbito normativo coordinado a todos aquellos supuestos en los que el 
destinatario del servicio sea un consumidor con residencia habitual en España. Tal 
extensión dificultaría de modo innecesario el desarrollo de la sociedad de la 
información. No sería por consiguiente acertado utilizar como punto de conexión 
simplemente el lugar de celebración del contrato que resulta del artículo 30 del 
Anteproyecto.
Resulta en cambio correcta la aplicación del Anteproyecto en 
aquellos supuestos en los que los prestadores de los servicios dirijan 
específicamente sus servicios al territorio español, con respeto a los tratados 
internacionales aplicables, tal y como se dispone en el artículo 4 proyectado. El 
hecho de dirigir los servicios específicamente al territorio español constituye un 
punto de conexión suficiente para la aplicación del Anteproyecto, que determinará
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en principio la aplicación no sólo del propio Anteproyecto sino del ámbito 
normativo coordinado tal y como se define en el Anexo. El prestador que dirige 
sus servicios específicamente al territorio español no debe recibir mejor trato, 
salvo que pueda beneficiarse del principio de libre prestación de servicios, que el 
prestador establecido en España con el cual compite. Ello sin perjuicio de la 
aplicación de otros puntos de conexión establecidos en otras normas, como por 
ejemplo el de producir o poder producir "efectos sustanciales en el mercado 
español", utilizado para determinar el ámbito de aplicación de la Ley 311991, de 10 
de enero, de Competencia Desleal. Para determinar si un servicio de la sociedad 
de la información está dirigido específicamente al territorio español será preciso 
en ocasiones analizar la actividad comercial desarrollada, el idioma utilizado, las 
advertencias incluidas en la página web correspondiente, los mecanismos 
previstos para la distribución de bienes comercializados, y en definitiva las 
características del servicio prestado. No obstante, la simple prestación pasiva de 
servicios "en línea", incluso a destinatarios cuya residencia habitual esté situada 
en España, podrá en su caso -valorando las circunstancias que concurran-
considerarse no dirigida "específicamente" al territorio español.
No obstante, el punto de conexión expuesto en el párrafo anterior, 
que se corresponde con el utilizado en el artículo 4 del Anteproyecto, no resuelve 
satisfactoriamente todos los problemas que se plantean en relación con la 
aplicación de la Ley a la prestación de servicios de la sociedad de la información 
desde Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni al Espacio Económico 
Europeo.
No resultaría admisible (ni parece ser la finalidad perseguida en el 
Anteproyecto, pese al tenor literal del artículo 4) que las restricciones establecidas 
en el artículo 8 de esta Ley para la protección de principios básicos en nuestro 
ordenamiento como por ejemplo "la salvaguarda de la juventud y de la infancia" no 
pudieran aplicarse a servicios de la sociedad de la información prestados a 
consumidores con residencia habitual en España simplemente porque el 
prestador de tales servicios no está establecido en un Estado perteneciente al 
Espacio Económico Europeo y no dirige sus servicios específicamente al territorio 
español. Ello sin perjuicio de la necesidad de establecer mecanismos para la
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defensa de estos principios que, sin merma de su eficacia, tengan los menores 
efectos extraterritoriales.
Tampoco resulta acertado excluir la aplicación del artículo 7.2 a los 
servicios de la sociedad de la información no dirigidos específicamente al territorio 
español. La aplicación del principio de libre prestación de servicios ateniéndose a 
"los acuerdos internacionales que resulten de aplicación" a estos prestadores de 
servicios debe producirse con independencia de que los servicios se dirijan 
específicamente o no al territorio español.
Por último, no debe dispensarse peor trato a los prestadores de 
servicios establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea (a quienes se 
aplicará la Ley proyectada en las materias establecidas en su artículo 3.1) que a 
los prestadores de servicios establecidos en un Estado no perteneciente ni a la 
Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo. Si el destinatario de los 
servicios radica en España (única condición exigida en el artículo 3.1 citado), el 
Anteproyecto debería aplicarse a los servicios prestados con independencia de 
que se dirigieran específicamente o no al territorio español. En caso contrario se 
distorsionaría la competencia entre prestadores establecidos o no en Estados 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo, en favor de los no pertenecientes 
al mismo, lo que resultaría contrario al Derecho comunitario. La dificultad que sin 
duda existirá en estos casos para proceder contra el sujeto responsable (o incluso 
para identificarlo) no puede justificar este resultado.
En consecuencia, el Consejo de Estado propone añadir el inciso 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 y 7.2" en el inicio del artículo 4 
proyectado, y el inciso "o cuando el destinatario de los servicios radique en 
España y los servicios afecten a alguna de las materias enumeradas en el artículo 
3.1" antes de la expresión "siempre que no contravenga lo establecido en tratados 
o convenios internacionales que sean aplicables".
Artículo 6, segundo párrafo
Su contenido es similar al del artículo 4.2 de la Directiva 
2000/31/CE, pero omite el inciso final "ni los regímenes cubiertos por la Directiva
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97113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa 
a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales 
en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones". Dado que algunos de los 
servicios de la sociedad de la información, prestados "por vía electrónica", pueden 
requerir la previa titularidad de una licencia individual o una autorización general 
(especialmente los denominados en el Anexo "servicios de intermed¡ación": por 
ejemplo, el servicio consistente en "transmitir por una red de telecomunicaciones 
datos facilitados por el destinatario del servicio", mencionado en el artículo 14.1 
del Anteproyecto con la consideración de servicio de la sociedad de la 
información), considera el Consejo de Estado procedente mencionar esta 
segunda excepción contenida en el artículo 4.2 de la Directiva. Para ello, puede 
añadirse al final del segundo párrafo del artículo 6 proyectado la expresión "ni a 
los establecidos en la legislación de telecomunicaciones" u otra de similar 
contenido.
Artículo 8
En este precepto, situado en el Capítulo I del Título II del 
Anteproyecto ("Principio de libre prestación de servicios") se establecen las 
"restricciones a la prestación de servicios". En anteriores borradores (como el de 
27 de noviembre de 2001) se limitaba el ámbito de aplicación de este precepto, 
como resulta adecuado a su ubicación, a los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información no establecidos en España. El alcance de las 
potestades que deben atribuirse a las "autoridades competentes" para restringir la 
prestación de servicios por prestadores establecidos en España es muy diferente 
del que corresponde a las potestades atribuidas para restringir la prestación de 
servicios por prestadores establecidos en Estados pertenecientes al Espacio 
Económico Europeo (que pueden beneficiarse del principio de libre prestación de 
servicios). Por este motivo, y teniendo en cuenta la ubicación del precepto, 
considera el Consejo de Estado procedente limitar su ámbito de aplicación a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información en régimen de libre 
prestación de servicios. La inclusión en el ámbito de aplicación de este precepto 
de los prestadores establecidos en Estados no pertenecientes al Espacio 
Económico Europeo debería hacerse depender de que puedan beneficiarse de
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dicho principio de libre prestación de servicios con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 7.2 del Anteproyecto.
Todo ello sin perjuicio de incluir en el Título VI del Anteproyecto, 
como más adelante se observará, un precepto que atribuya a las autoridades 
competentes potestades más amplias para la restricción de la prestación de los 
servicios de la sociedad de la información dentro de los límites establecidos en la 
Constitución y en las leyes. Este precepto sólo sería de aplicación a prestadores 
que operen en régimen de libre prestación de servicios en los términos 
establecidos en el artículo 8.
Por otra parte, se ha formulado ya una observación relativa al uso 
de la palabra "consumidores" en este precepto.
Artículo 9.1
Sin un instrumento que permita conocer de modo fiable la identidad 
del titular del sitio web desde el que se prestan los servicios de la sociedad de la 
información, el resto de las garantías establecidas para la salvaguardia de los 
intereses públicos o de los consumidores pueden quedar despojadas de toda 
efectividad, con grave deterioro de la seguridad jurídica. La imposibilidad de 
identificar al autor de conductas ilícitas en la red causaría indefensión a los 
perjudicados, y convertiría en ilusoria la responsabilidad personal del infractor. En 
atención a estas consideraciones, y teniendo presente la facilidad con la que 
puede producirse en Intemet la utilización, por un prestador de servicios de la 
sociedad de la información, de identidades ficticias o engañosas, la Directiva 
2000131/CE ha obligado a los Estados miembros a "garantizar' que los 
destinatarios del servicio y las autoridades puedan "acceder con facilidad y de 
forma directa y permanente" al "nombre del prestador de servicios" (artículos 
5.1.a) y 6.b)).
Los contratos suscritos por The Intemet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN) con los registradores delegados pretenden 
garantizar la exactitud de los datos suministrados por los solicitantes de nombres 
de dominio de segundo nivel, así como la facultad de los registradores delegados
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de resolver los contratos celebrados con los titulares de estos nombres de dominio 
en el caso de que la información suministrada sea inexacta (cláusula 111.1.7.a) del 
Registrar Accreditation Agreement, en su versión de 12 de mayo de 1999, 
aplicable al registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo cualquier 
gTLD). También la práctica administrativa española persigue eliminar estas 
situaciones, como resulta del anuncio publicado por Red.es de acuerdo con el 
cual cualquier registro de un nombre de dominio de DNS de segundo nivel bajo 
"es" "será anulado por el ES-NIC, y por tanto dado de baja a todos los efectos (...) 
por falsedad en cualquiera de los datos facilitados al ES-NIC, tanto en la solicitud 
inicial de registro como en solicitudes o comunicados posteriores".
Pero el contenido de los contratos suscritos entre particulares o las 
meras prácticas administrativas no resultan suficiente garantía para preservar los 
intereses públicos (incluidos los fiscales) y privados que deben ser tutelados en 
esta sede. El artículo 9.1 del Anteproyecto (que debe interpretarse conjuntamente 
con los artículos 10.11) y 39.4.a) y con la disposición transitoria primera) obliga a 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en 
España a "comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos, o a 
aquel otro Registro Público en el que lo estuvieran para la adquisición de 
personalidad jurídica", el nombre o nombres de dominio o direcciones de Intemet 
con carácter permanente. El artículo 10.1, letras a) y b), exige al prestador 
disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a 
los órganos competentes, acceder por medios electrónicos de forma permanente, 
fácil, directa y gratuita a su nombre o denominación social y a "los datos de su 
inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 9". Por su parte, los artículos 
39.3 y 39.4, letras a) y b), han tipificado como infracciones los incumplimientos de 
estas obligaciones.
A juicio del Consejo de Estado, el alcance de la obligación 
establecida en el artículo 9.1 del Anteproyecto resulta insuficiente, y los términos 
en los que esta obligación ha sido formulada deberían revisarse.
Por lo que respecta al alcance de la mencionada obligación, debe 
tenerse presente en primer lugar que la inscripción en el Registro Mercantil de los 
empresarios individuales no navieros es potestativa (artículo 19 del Código de
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Comercio y 87 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por 
Real Decreto 178411996, de 19 de julio).
En segundo lugar, ciertas personas jurídicas que prestan servicios 
de la sociedad de la información no deben inscribirse en el Registro Mercantil. A 
éstas impone el Anteproyecto la obligación de comunicar al Registro público en el 
que estuvieren inscritas "para la adquisición de la personalidad jurídica" el 
nombre, nombres de dominio o direcciones de Intemet que utilicen con carácter 
permanente. Esta previsión resultará adecuada en algunos supuestos, como por 
ejemplo en relación con las fundaciones españolas, por cuanto en virtud del 
artículo 3 de la Ley 3011994, de 24 de noviembre (de aplicación general a todo el 
territorio nacional, en virtud de su disposición final primera), "las fundaciones 
tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su 
constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones". No obstante, el 
precepto proyectado olvida muchos otros supuestos en los que el prestador de los 
servicios de la sociedad de la información establecido en España no estará 
inscrito en el Registro Mercantil ni habrá tenido que inscribirse en cualquier otro 
registro en España para la adquisición de su personalidad jurídica.
La inscripción de las sociedades civiles que no tengan forma 
mercantil y la de las asociaciones (pues todos estos entes pueden prestar 
servicios de la sociedad de la información) en los Registros públicos no tiene 
carácter constitutivo. Por lo que respecta a las sociedades civiles, esta conclusión 
resulta de lo dispuesto en el artículo 1669 del Código Civil, que sólo niega la 
personalidad jurídica a aquellas "cuyos pactos se mantengan secretos entre los 
socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros", y a juicio del Consejo de Estado no exige para la adquisición de la 
personalidad jurídica la adopción de una forma mercantil ni la consiguiente 
inscripción en el Registro Mercantil (posibilidad contemplada en el artículo 1670 
del Código Civil y en el artículo 811) del Reglamento del Registro Mercantil), pese 
a la opinión contraria manifestada por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en su resolución de 31 de marzo de 1997. Cuando esta inscripción no 
es obligatoria (lo es para las sociedades civiles con forma mercantil) tampoco es 
posible, puesto que el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de febrero de 
2000 (Sala 3a) ha anulado la disposición adicional única del Real Decreto
3.534/2001	-54-

186711998, de 4 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos 
del Reglamento Hipotecario, y en particular la redacción dada por la misma a los 
artículos 81.3 y 269 bis del Registro Mercantil (en los que se contemplaba la 
inscripción no obligatoria de las sociedades civiles que no tuvieran forma 
mercantil).
En cuanto a las asociaciones, de acuerdo con el artículo 22.3 de la 
Constitución su registro se exige "a los solos efectos de publicidad" y no se 
precisa para la adquisición de la personalidad jurídica de la asociación. Esta 
conclusión resulta conforme con el artículo 3.1 de la todavía vigente Ley 
191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones y con el segundo párrafo del 
artículo 5.1 del Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Asociación, actualmente 
en tramitación, que dispone claramente que "con el otorgamiento del acta 
adquirirá la asociación su personalidad jurídica". La Memoria justificativa y 
económica, pese a afirmar con acierto que la inscripción de las asociaciones en 
los Registros públicos correspondientes se exige "a los solos efectos de 
publicidad", entiende incluidos en el artículo 9 (en el que sólo se mencionan el 
Registro Mercantil y "aquel otro Registro público en el que lo estuvieran para la 
adquisición de la personalidad jurídica") los registros públicos de asociaciones. A 
juicio del Consejo de Estado, la redacción dada al artículo 9 del Anteproyecto no 
permite alcanzar esta conclusión.
En tercer lugar, los restantes prestadores de servicios de la sociedad 
de la información que con arreglo a la legislación fiscal (a la que remiten los 
artículos 2.1 y 2.2 del Anteproyecto) deban considerarse establecidos en España 
pero no estén inscritos en el Registro Mercantil español tampoco estarían 
incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9.1 proyectado, pues resultaría 
absurdo que la legislación española exigiera la "anotación" de esta circunstancia 
con carácter extraterritorial en el registro extranjero en el que estuvieran inscritos 
con carácter constitutivo.
De acuerdo con lo expuesto, el Consejo de Estado considera 
procedente extender la obligación de inscripción del nombre o nombres de 
dominio y direcciones permanentes de Intemet a las asociaciones inscritas en sus 
correspondientes registros públicos, y advierte que en los restantes supuestos
3.534/2001	-55-

mencionados la publicidad registra] prevista en el artículo 9.1 del Anteproyecto no 
será exigible, por lo que será preciso un mayor control del cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 10.1 del Anteproyecto (véase también su artículo 39.3.a)) 
para garantizar que los destinatarios de los servicios de la sociedad de la 
información y la Administración tributaria puedan disponer de la información que 
precisen. En cualquier caso, la constancia registra¡ de los nombres de dominio y 
direcciones permanentes de Intemet no debe constituir un requisito cuya ausencia 
pueda impedir el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de 
la información (como se preveía en el artículo 5.2 del borrador de 29 de 
septiembre de 2000), pues ello resultaría contrario al artículo 4 de la Directiva 
2000/31/CE, que prohibe establecer medidas con efecto equivalente al de una 
autorización previa.
En cuanto a los términos en los que esta obligación ha sido 
establecida, cabe formular tres observaciones. La primera de ellas se refiere a la 
"anotación" registra¡ a la que se refieren el primer inciso del apartado segundo del 
artículo 9 del Anteproyecto y el artículo 39.4.a) del mismo. Como acertadamente 
se dispone en ese mismo inciso, el asiento correspondiente se practicará "de 
acuerdo con las normas reguladoras de cada Registro". En particular, el artículo 
33 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, 
de 19 de julio, dispone que "en los libros del Registro se practicarán las siguientes 
clases de asientos: asientos de presentación, inscripciones, anotaciones 
preventivas, cancelaciones y notas marginales". Tan sólo las inscripciones y las 
notas marginales son asientos definitivos y positivos, como en este caso se 
requiere. Considerando los limitados efectos que se pretende atribuir a este 
asiento, y el tenor de los artículos 16 y 18 del Código de Comercio, en principio 
procederá la práctica de una nota marginal, con arreglo a lo que deberá prever el 
Reglamento del Registro Mercantil, como más adelante se observará. No 
obstante, no todos los Registros públicos contemplados en este precepto tendrán 
necesariamente estas mismas clases de asientos, por lo que para no prejuzgar la 
solución que en cada caso deba adoptarse resultaría preferible sustituir la 
expresión "se anotarán" por "tendrán su constancia registra)", u otra semejante.
La segunda de las observaciones que formula el Consejo de Estado 
en relación con los términos en los que está formulada la obligación de constancia
3.53412001	-56-

registra¡ del nombre de dominio se refiere a la posibilidad de que algunos de los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información no empleen nombre de 
dominio alguno, ni dirección permanente de Intemet. Como observó la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, cabe que el prestador de los servicios de 
la sociedad de la información utilice cualquier otro recurso basado en una red de 
telecomunicaciones (como por ejemplo en una red de telecomunicaciones por 
cable, en una red de telefonía móvil o en la red empleada para la prestación de 
servicios de televisión digital). En estos casos no resultaría procedente exigir la 
constancia registral de un nombre de dominio. Por ello, cabría considerar la 
posibilidad de añadir la expresión "en su caso" en el artículo 9.1 de¡ Anteproyecto, 
tras las palabras "nombre, nombres de dominio o direcciones de Intemet que".
La tercera observación se refiere al apartado tercero del artículo 9 
del Anteproyecto. En él se establece un plazo de un mes "desde la obtención, 
sustitución o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección de 
Intemet" para el cumplimiento de la obligación de formular la comunicación 
prevista en el apartado primero del mismo precepto. Observa el Consejo de 
Estado que esta obligación sólo se refiere a los nombres de dominio o direcciones 
permanentes de Intemet efectivamente utilizados. Frecuentemente existe un lapso 
temporal importante entre el momento de adquisición del nombre de dominio y el 
comienzo de su uso en el tráfico económico, de forma que el plazo para cumplir la 
obligación establecida en el artículo 9.1 del Anteproyecto (un mes) podría concluir 
antes de haber comenzado a ser exigible la delegación correspondiente. También 
resulta habitual que un nombre de dominio deje de utilizarse sin que se produzca 
una pérdida de su titularidad. Todo ello aconseja una revisión de los términos en 
los que está redactado el artículo 9.3 del Anteproyecto.
Artículo 18
Anteriormente se ha destacado la importante función que están 
llamados a desempeñar los códigos de conducta de adhesión voluntaria en la 
autorregulación de los servicios de la sociedad de la información. El alcance de 
estos códigos de conducta ha de ser necesariamente mayor que el de "hacer 
efectivo lo dispuesto en" el Anteproyecto (pese a la redacción dada al último inciso
3.534/2001	-57-

de] primer párrafo de su artículo 18.1), función encomendada a la propia 
Administración. Gracias a su carácter "voluntario" (puesto de manifiesto en el 
Considerando 49 de la Directiva 2000/31/CE), estos códigos de conducta 
permitirán ofrecer garantías adicionales a los destinatarios de los servicios que el 
legislador no ha considerado oportuno exigir con carácter coactivo, especialmente 
en transacciones de carácter internacional, y servirán para fomentar la confianza a 
la que se alude en el segundo párrafo de la Exposición de Motivos del 
Anteproyecto.
Por otra parte, los códigos de conducta aplicables a Intemet, por su 
marcada vocación transfronteriza, permitirán lograr una armonización 
internacional superior a la que cabe esperar de la mera aproximación de 
legislaciones.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, considera el 
Consejo de Estado procedente mencionar en el artículo 18 el carácter voluntario 
de la adhesión a los códigos de conducta que en él se mencionan, eliminar el 
último inciso del artículo 18.1 ("con objeto de hacer efectivo lo dispuesto en esta 
Ley"), y contemplar la posibilidad de que dichos códigos de conducta tengan un 
ámbito supracomunitario (pues no por este motivo deben quedar privados de la 
acción de fomento de la Administración, siempre que se apliquen también a nivel 
comunitario, como exige el artículo 16 de la Directiva 2000/31/CE).
Artículo 22
A diferencia del criterio establecido con carácter general, de acuerdo 
con el cual la regulación de los servicios de la sociedad de la información ha de 
remitirse a las normas reguladoras de cada uno de los "servicios" prestados, en 
materia de comunicaciones comerciales no solicitadas se ha optado por 
establecer una regulación específica para su remisión mediante Intemet, respecto 
de la cual las normas generales tendrán una aplicación supletoria. Sin duda el 
aspecto más importante de esta regulación consiste en la prohibición de envío de 
tales comunicaciones comerciales no solicitadas, salvo autorización expresa de 
los destinatarios de las mismas (artículo 21 del Anteproyecto, que establece el 
sistema denominado °opt-in"). En la Memoria se justifica esta especialidad (pues
3.534/2001	-58-

tales comunicaciones comerciales son lícitas cuando se utilicen otros medios 
como el correo o el teléfono) por el coste económico y técnico que esta práctica 
(denominada "spamming") tiene para el destinatario de las comunicaciones, por 
ser " la única solución coherente con nuestra Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la conveniencia de 
establecer una regulación coherente con la de otros Estados comunitarios 
(Austria, Alemania, Italia, Dinamarca y Finlandia) y con la de Estados Unidos de 
América, por la dificultad de la Ilevanza y actualización de tales listas y por el 
riesgo de acceso ilícito a las mismas.
El Consejo de Estado considera acertada la solución alcanzada, que 
resulta coherente con la opinión recientemente manifestada por la Comisión 
Europea. No obstante, observa que el sistema puede resultar desvirtuado si no se 
garantiza que los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
ofrezcan a los destinatarios de estos servicios la posibilidad efectiva de solicitar su 
prestación sin otorgar su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales 
no solicitadas.
Artículo 24.1
Como se advierte en el Considerando 34 de la Directiva 
2000/31/CE, "todo Estado miembro debe ajustar su legislación en cuanto a los 
requisitos -y, especialmente, los requisitos formales- que puedan entorpecer la 
celebración de contratos por vía electrónica", lo que obliga a "examinar de forma 
sistemática qué legislaciones necesitan proceder a dicho ajuste". "El resultado de 
dicho ajuste debería hacer posible la celebración de contratos por vía electrónica". 
Este mismo principio se refleja en el artículo 9.1 de la Directiva, que obliga a los 
Estados miembros a garantizar que sus respectivos ordenamientos no 
entorpezcan la utilización real de los contratos electrónicos, ni conduzcan "a privar 
de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de su celebración 
por vía electrónica". Dentro del extenso ámbito de aplicación de la Directiva, sólo 
se exceptúan los contratos contemplados en su artículo 9.2 (que incluyen "los 
contratos en materia de Derecho de familia o de sucesiones" y "los contratos que 
requieran por ley la intervención de los tribunales, las autoridades públicas o 
profesionales que ejerzan una función pública").
3.534/2001	-59-

Remover los obstáculos a la contratación electrónica, como exige la 
Directiva, requiere eliminar el requisito de forma escrita privada en la contratación 
patrimonial (salvo en los supuestos excepcionales contemplados en el artículo 9.2 
de la Directiva) o permitir que la forma electrónica pueda cumplir con esta 
exigencia.
A consecuencia del principio espiritualista que preside nuestra 
legislación civil y mercantil en materia contractual al menos desde el 
Ordenamiento de Alcalá de 1348 ("que sea valedera la obligacion o el contracto 
que fueren fechos en qualquier manera que paresca que alguno se quiso obligar a 
otro, e fager contracto con el", Título XVI Ley única), reflejado en los artículos 
1254, 1258 y 1278 del Código Civil, nuestro ordenamiento no presenta obstáculos 
con carácter general a la contratación por vía electrónica. Así lo ha declarado el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de julio de 1996.
No obstante, como ha sido puesto de manifiesto anteriormente, 
existen numerosas normas en Derecho patrimonial que, sin exigir la intervención 
de tribunales, autoridades públicas ni profesionales que ejerzan funciones 
públicas (en especial Notarios y Registradores), establecen sin embargo la 
necesidad de que determinados pactos o contratos se formalicen por escrito, en 
ocasiones como condición para su validez. Sirvan como ejemplos los artículos 3 y 
4 de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre Contratos Celebrados fuera de 
los Establecimientos Mercantiles (que sancionan con la anulabilidad la falta de 
formalización por escrito de los contratos que, como los que son objeto de la 
Directiva 2000/31/CE, se celebran "fuera del establecimiento mercantil del 
empresario", como resulta del artículo 30 del Anteproyecto), el artículo 6 de la Ley 
28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles (que sanciona con 
la nulidad la falta de forma escrita en los contratos sometidos a esta Ley), los 
artículos 6 y 7 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (que 
exigen, para la validez de los contratos sometidos a esta Ley, la forma escrita), y 
los artículos 56 y siguientes y 62 y siguientes de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista (que exigen formalidades escritas en las 
ventas en subastas públicas y en la firma de contratos de franquicia). Incluso el 
artículo 5 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, exige la
3.53412001	-60-

forma escrita. Por su parte, el artículo 5.3 de la Ley 711998, de 13 de abril, de 
Condiciones Generales de la Contratación, exige la forma escrita en 
comunicaciones posteriores a la contratación con condiciones generales
A juicio del Consejo de Estado, dada la dificultad inherente a la 
revisión de cada una de las normas que, en nuestro ordenamiento, pueden 
resultar contrarias a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Directiva, y teniendo en 
cuenta que en algún caso (por ejemplo, en materia de crédito al consumo) la 
forma escrita no pública es exigencia de Directivas comunitarias (artículo 4 de la 
Directiva 871102/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de crédito al consumo), resulta preferible establecer 
las condiciones que debe cumplir la contratación electrónica para que pueda 
producir los mismos efectos atribuidos por el ordenamiento a la forma escrita no 
pública.
Para que se produzca la equiparación entre forma escrita privada y 
forma electrónica cabe adoptar tres sistemas: la equiparación automática (sin 
exigir requisito alguno para ello), su condicionamiento al carácter perdurable de la 
información relativa a la transacción electrónica, y su condicionamiento a los 
requisitos de perdurabilidad y fiabilidad de dicha información.
El requisito de perdurabilidad responde a la fugacidad que puede 
caracterizar a las transacciones realizadas por vía electrónica. Este requisito era 
exigido por diversos borradores del Anteproyecto como condición para la 
equiparación entre forma electrónica y forma escrita privada. En particular, el 
borrador de 22 de diciembre de 2000 incluía un precepto (artículo 26) que 
disponía lo siguiente:
"Siempre que la Ley exija que el contrato conste por escrito, siempre 
que no se exija forma pública, este requisito se entenderá satisfecho en el ámbito 
de los contratos electrónicos si los mensajes electrónicos que han dado lugar a la 
contratación son archivados y se mantienen accesibles para su ulterior consulta":
3.53412001	-61-

La Comisión General de Codificación, en el Anteproyecto redactado 
por ella, siguió este mismo criterio.
A este precepto (que planteaba el problema de no determinar por 
cuánto tiempo ni por quién debían ser archivados los mensajes) se dio nueva 
redacción en los borradores de 4 de febrero de 2001 y 19 de febrero de 2001. De 
acuerdo con el artículo 26 de estos borradores,
"Siempre que la Ley exija la fonnalización de los contratos por 
escrito, se entenderá cumplido este requisito desde que exista constancia íntegra 
de los términos del contrato en registro o soporte electrónico, informático o 
telemático".
Frente a las soluciones anteriores, que sólo exigen la constancia o la 
conservación del archivo electrónico, sin establecer requisitos relativos a su 
fiabilidad, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL), aprobada por Resolución 511162, de 16 de 
diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, requiere 
ciertas garantías relativas a la integridad y fiabilidad de lo conservado. De acuerdo 
con el artículo 10 de esta Ley Modelo (rubricado "conservación de los mensajes 
de datos"),
"1) Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o 
informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho mediante la 
conservación de los mensajes de datos, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:
ulterior consulta; y
"a) Que la información que contengan sea accesible para su
"b) Que el mensaje de datos sea conservado con el formato 
en que se haya generado, enviado o recibido o con algún formato que sea 
demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o 
recibida; y
3.534/2001	-62-

99 c) Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita 
determinar el origen y el destino del mensaje, y la fecha y la hora en que fue 
enviado o recibido".
El Anteproyecto pretende, al parecer, adoptar el sistema de 
equiparación automática entre forma escrita privada (así como cualquier otra 
forma documental, con excepción de la documental pública) y forma electrónica. 
En su artículo 24.1, dispone que "los contratos celebrados por vía electrónica 
tendrán, respecto de las obligaciones que resulten de ellos, el mismo valor jurídico 
que los formalizados en cualquier otro soporte documental. Los problemas 
relativos a la perdurabilidad y fiabilidad del soporte electrónico se plantean en 
sede probatoria, con remisión a las reglas generales del ordenamiento jurídico y 
equiparación de su transcripción escrita a los documentos privados "a efectos de 
su incorporación como prueba a un proceso judicial.
El Consejo de Estado no cuestiona el acierto de la solución 
adoptada, pero aconseja aclarar la redacción del artículo 24.1 del Anteproyecto, 
que ha dado lugar a interpretaciones erróneas durante su tramitación a 
consecuencia de la generalidad con la que está enunciado el principio. Ello resulta 
más necesario tras la adición del tercer apartado del artículo 24, que parece 
contradecir la equiparación automática entre contrato celebrado por vía 
electrónica y contrato celebrado en forma documental privada.
Por otra parte, el precepto proyectado no soluciona el problema de 
la equiparación de las comunicaciones realizadas por vía electrónica con las 
comunicaciones escritas, como la contemplada en el artículo 5.3 de la Ley 7/1998, 
de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, que obliga al 
prestador del servicio que utilice condiciones generales de la contratación a enviar 
"inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación efectuada, 
donde constarán todos los términos de la misma". Esta obligación puede 
entorpecer la utilización real de los contratos por vía electrónica, lo que resulta 
contrario al artículo 9.1 de la Directiva.
Tampoco da solución el artículo 24.1 proyectado a los problemas 
que plantea la transposición del artículo 5.1 de la Directiva 97/7/CE, del
3.534/2001	-63-

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la 
protección de los consumidores en materia de contratos a distancia. Este 
precepto, inspirado en las razones expuestas en el Considerando 13 de la 
Directiva, exige en beneficio de los consumidores observar la forma escrita o una 
forma electrónica que utilice "cualquier otro soporte duradero" en determinadas 
comunicaciones electrónicas. En este particular supuesto, la forma electrónica no 
puede equipararse a la forma escrita en documento privado sin el cumplimiento de 
un requisito adicional (la perdurabilidad del soporte empleado). La transposición 
de este precepto en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista es inminente 
(Anteproyecto de reforma de la Ley de ordenación del comercio minorista para la 
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia 
de contratos a distancia).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cabría redactar 
el artículo 24.1 en términos tales que dispongan claramente que la forma 
electrónica (tanto en la contratación como en las comunicaciones comerciales) 
producirá los mismos efectos que la forma escrita en documento privado. Este 
precepto debería articularse con aquel otro que transponga el artículo 5.1 de la 
Directiva 97/7/CE. Por otra parte, procedería hacer extensivos los apartados 2 y 3 
no sólo a la prueba de los contratos electrónicos, sino también a la de las 
comunicaciones enviadas por vía electrónica. La rúbrica del precepto podría 
modificarse en el mismo sentido, incluyendo la forma de los contratos celebrados 
por vía electrónica y la de las comunicaciones electrónicas.
Artículo 26
En él se dispone que "para la determinación de la ley aplicable a los 
contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Ley, y 
en su defecto, a las demás normas de Derecho internacional privado del 
Ordenamiento jurídico español.
3.53412001	-64
No se comprende la razón por la que este precepto excluye la 
aplicación del artículo 4 del Anteproyecto, con arreglo al cual "a los prestadores 
establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, les será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, 
cuando dirijan específicamente sus servicios al territorio español, siempre que 
[ello] no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que 
sean aplicables". Este precepto contiene una norma de conflicto similar a la 
establecida en los artículos 2 y 3 del mismo Anteproyecto, que son en cambio 
considerados idóneos en este artículo 26 para la determinación de la ley aplicable 
al contrato.
Desde un punto de vista más general, observa el Consejo de Estado 
la conveniencia de limitar en lo posible la descodificación del Derecho 
internacional privado mediante leyes especiales, especialmente en aquellos 
supuestos en los que no se formulen las correspondientes remisiones en los 
artículos 8 a 12 del Código Civil. Ello aconseja en este caso introducir al menos en 
el artículo 10.5 del Código Civil una remisión a lo dispuesto en las leyes 
especiales para determinar la ley aplicable a los contratos celebrados por vía 
electrónica.
Concurre además la circunstancia de que el artículo 10.5 del Código 
Civil, que establece la norma de conflicto aplicable a las obligaciones 
contractuales, ha quedado reducido en lo sustancial a una norma de conflicto 
interregional por efecto de la ratificación del Convenio de Roma sobre la Ley 
aplicable a las Obligaciones Contractuales de 19 de junio de 1980, y que el 
artículo 52.21 del Código de Comercio resulta contradictorio con este Convenio. 
En virtud de su artículo 2, el Convenio de Roma es aplicable incluso en aquellos 
supuestos en los que la ley designada por el convenio corresponde a un Estado 
que no es parte en el mismo, lo que ha producido una descodificación del 
Derecho internacional privado en las materias incluidas en el ámbito de aplicación 
del Convenio. La discordancia existente entre los artículos 10.5 y 11 del Código 
Civil y el artículo 52.21 del Código de Comercio, por un lado, y el Convenio de 
Roma por otro produce indeseables problemas que podrían solucionarse 
mediante una reforma de mayor alcance de dichos preceptos, que aproximara su 
contenido (por lo que respecta a la ley aplicable a los contratos) al del Convenio
3.53412001	-65-

de Roma sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales. En tal caso, 
debería tenerse presente que los artículos del Código Civil citados son también, 
en virtud del artículo 16 del Código Civil, las normas que solucionan en nuestro 
ordenamiento los conflictos de leyes llamados interregionales.
Artículo 28
La Comisión Europea ha observado que el ámbito de aplicación del 
artículo 11 de la Directiva es más amplio que el del artículo 28 del Anteproyecto, 
mediante el cual se pretende transponer aquél. A juicio de la Comisión Europea,
" lo establecido en el artículo 11 de la Directiva se aplica a cualquier tipo de pedido, 
con independencia de que este pedido constituya o no la aceptación de una 
oferta". La Directora General de los Registros y del Notariado ha informado el 21 
de noviembre de 2001 de acuerdo con la Comisión Europea, sin perjuicio de la 
conveniencia de mantener la redacción del precepto (rubricado "Información 
posterior a la celebración del contrato") por razones sistemáticas.
El Consejo de Estado comparte el parecer de la Comisión Europea 
en relación con este precepto. El artículo 11 de la Directiva enfrenta al prestador 
del servicio, por un lado, con el destinatario del mismo, por otro, y obliga al 
primero a acusar recibo del pedido formulado por el destinatario. Este pedido 
puede constituir la aceptación de una oferta, pero también una oferta (por ejemplo, 
porque el prestador del servicio sólo haya realizado una invitación a formular 
ofertas dirigida a sus destinatarios, y se reserve el derecho a aceptarlas o 
rechazarlas). En este último supuesto, la aceptación o el rechazo podrían 
demorarse, pero no el acuse de recibo del pedido (que técnicamente tiene en este 
caso la naturaleza jurídica de una oferta). El artículo 28, en cambio, parte desde 
su misma rúbrica de la suposición de que el contrato ya se ha perfeccionado, y 
obliga al "oferente", tanto si es el destinatario de servicios como si es el prestador 
de los mismos, a "confirmar la aceptación al que la hizo". El precepto proyectado 
impone al destinatario obligaciones que no resultan de la Directiva y no incluye en 
su ámbito de aplicación supuestos que están contemplados en el artículo 11 de la 
norma comunitaria. A juicio del Consejo de Estado, procedería realizar los ajustes 
correspondientes.
3.53412001	-66-

Artículo 29 (Momento de prestación del consentimiento)
Con arreglo a este precepto, °En los contratos electrónicos, se 
entenderá prestado el consentimiento en el momento en que el destinatario de la 
oferta de contratación emite su aceptación".
Acertadamente no se refiere este artículo al momento de perfección 
del contrato (pues, como se pone de manifiesto en la Memoria justificativa y 
económica, los contratos reales sólo se perfeccionan en el momento de la entrega 
de la cosa objeto de los mismos), sino al momento de prestación del 
consentimiento.
La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), aprobada por Resolución 511162, 
de 16 de diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
aunque nada dice acerca del momento en que debe entenderse prestado el 
consentimiento, establece el momento en que la oferta y la aceptación, como 
declaraciones recepticias ("mensajes de datos"), deben entenderse emitidas y 
recibidas (lo que permite aplicar los principios generales vigentes en cada 
ordenamiento para determinar el momento en que debe entenderse prestado el 
consentimiento). Con arreglo al artículo 15 de esta Ley Modelo:
"1) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el 
mensaje de datos se tendrá por expedido cuando entre en un sistema de 
información que no esté bajo el control del iniciador o de la persona que envió el 
mensaje de datos en nombre del iniciador.
"2) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el 
momento de recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue:
"a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para 
la recepción de mensajes de datos, la recepción tendrá lugar:
"i) En el momento en que entre el mensaje de datos en el sistema 
e información designado, o
3.53412001	- 67 -
"ii) De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información 
del destinatario que no sea el sistema de información designado, 
en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de 
datos;
"b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, 
la recepción tendrá lugar al entrar el mensaje de datos en un 
sistema de información del destinatario.
"3) El párrafo 2) será aplicable aun cuando el sistema de 
información esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el 
mensaje conforme al párrafo 4)".
Como ha sido anteriormente expuesto, de acuerdo con esta Ley 
Modelo, con muy reducidas variaciones, han sido elaboradas diversas leyes en 
Derecho comparado, como la irlandesa Electronic Commerce Act número 27 de 
2000, de 10 de julio de 2000 (artículo 21), la australiana Electronic Transactions 
Act número 162 de 1999, de 22 de agosto de 2001 (artículo 14), la canadiense 
Uniform Electronic Commerce Act de 30 de septiembre de 1999 (artículo 23) y la 
Uniform Electronic Transactions Act elaborada por la National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws de los Estados Unidos de América en 
1999 (Section 15). Los principios establecidos en la Ley Modelo han sido también 
incorporados al proyecto de Ley denominado Third Millennium Digital Commerce 
Act (S. 761) actualmente en tramitación en el Congreso de los Estados Unidos de 
América (artículo 5.1).
En el ordenamiento francés se proyecta establecer un criterio 
diferente. El Projet du Lo¡ sur la Société de I'Information francés prevé la 
introducción de un nuevo artículo en el Code Civile, con la siguiente redacción:
" Art. 1369-4:
Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de I'offre, 
aprés avoir passé commande et s'étre vu accuser réception de celle-ci par fauteur 
de I'offre, confirme son acceptation.
"L'accusé de réception doit étre transmis sans déla¡ par voie électronique par 
fauteur de foffre et comporter, outre le rappel des conditions générales et 
particuliéres applicables, ¡'ensemble des informations relatives aux
3.53412001	- 68 -
caractéristiques du bien ou du service ainsi que le prix total de la commande, hors 
taxe et toutes taxes comprises.
"La commande, l'accusé de réception et la confirmation de I'acceptation de l'offre 
sont considérés comme regus lorsque les partes auxquelles üs sont adressés 
peuvent y avoir accés".
Con ello, el ordenamiento francés se distanciaría, en materia de 
contratos electrónicos, tanto de la llamada "teoría de la emisión" (con arreglo a la 
cual el consentimiento se entiende prestado en el momento en que el aceptante 
emite la aceptación) como de la "teoría de la expedición" (de acuerdo con la cual 
el consentimiento se reputa prestado en el momento en que el aceptante emite la 
aceptación y la expide fuera de su ámbito de control), así como de la "teoría de la 
recepción" (que postula que la prestación del consentimiento se produce cuando 
la declaración de voluntad de aceptación llega "al ámbito o círculo de intereses del 
oferente") y de la "teoría de la cognición" (de acuerdo con la cual el 
consentimiento se entiende prestado cuando la declaración del aceptante es 
recibida por el oferente y éste toma conocimiento efectivo de ella: la seguida, por 
ejemplo, por el Codice Civile italiano de 1942).
En la actualidad este problema está solucionado en nuestro 
ordenamiento en dos preceptos diferentes: a los contratos civiles se aplica el 
artículo 1262 del Código Civil que dispone que "la aceptación hecha por carta no 
obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento"; a los 
mercantiles, el artículo 54 del Código de Comercio de acuerdo con el cual los 
celebrados por correspondencia "quedarán perfeccionados desde que se conteste 
aceptando la propuesta o las condiciones con que ésta fuera modificada". La 
solución adoptada por el Código Civil (que aparentemente acoge la "teoría de la 
cognición") ha sido matizada por doctrina y jurisprudencia, que tiende a acercarla 
a la llamada "teoría de la recepción".
Aunque en ambos casos (segundo párrafo del artículo 1262 del 
Código Civil y 54 del Código de Comercio) cabe hablar de "contratos entre 
ausentes", lo relevante en ellos no es tanto la falta de presencia simultánea de 
ambas partes como la existencia de un lapso de tiempo entre el momento de la 
oferta y el de la aceptación. Ello explica que la jurisprudencia no aplique el párrafo
3.53412001	-69-

segundo del artículo 1262 del Código Civil a los contratos celebrados por teléfono 
(sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1948). Con la finalidad de 
poner de manifiesto este hecho el artículo 255 del Código de Obligaciones y 
Contratos de la Zona del Protectorado de Marruecos (citado por la sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de enero de 1948) disponía que las ofertas y aceptaciones 
realizadas por medio del teléfono entre las partes o sus mandatarios 
personalmente debían entenderse hechas entre presentes.
Sin duda la contratación electrónica es contratación entre ausentes, 
pero a ella no resultan aplicables el segundo párrafo del artículo 1262 del Código 
Civil ni el artículo 54 del Código de Comercio cuando la prestación del 
consentimiento se produzca de forma inmediata, sin lapso temporal apreciable 
entre la oferta y la aceptación. Tal es el caso en la mayoría de los supuestos, en 
los que se manifiesta la aceptación de un contrato mediante un dispositivo 
automático instalado en la página web del oferente que puede ser accionado por 
el aceptante (lo que la doctrina anglosajona denomina "clickwraps"). En estos 
supuestos, análogos a las ventas automáticas ya conocidas en nuestro 
ordenamiento, no existe lapso temporal apreciable entre oferta y aceptación (pues 
la instalación de estos dispositivos automáticos impide al oferente con arreglo a la 
buena fe alegar que no llegó a tener conocimiento efectivo de la aceptación hasta 
un momento posterior), por lo que en ellos no se plantea el problema que los 
artículos 1262 del Código Civil y 54 del Código de Comercio pretenden resolver.
No obstante, el concepto de "contrato electrónico" incluye todas las 
formas de contratación en las que " la oferta y la aceptación se transmiten por 
medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, 
conectados a una red de telecomunicaciones". Ello incluye la transmisión de estas 
declaraciones recepticias mediante correo electrónico u otros procedimientos que 
comportan la existencia de un lapso temporal entre oferta y aceptación, y obligan 
a determinar el momento en que debe entenderse prestado el consentimiento.
El problema, en estos últimos supuestos, es más complejo que el de 
la contratación por carta o por fax, pues no resulta claro el momento en que debe 
considerarse "emitida" la aceptación (al que se refiere el artículo 29 proyectado) ni 
el momento en que ésta debe reputarse "recibida".
3.53412001	-70-

Como ha sido puesto de manifiesto en escritos de alegaciones 
presentados durante la tramitación del Anteproyecto, "el proceso técnico que 
subyace" al envío de un mensaje por correo electrónico "es el siguiente: 1. 
Confección y envío del mensaje, 2.- Tránsito del mensaje por los nodos y redes 
telemáticas hasta alcanzar el servidor en el que se encuentra dada de alta la 
cuenta de correo electrónico asociada al destinatario, 3.- Almacenamiento del 
mensaje en la referida cuenta de correo electrónico asociada al destinatario, 4.-
Descarga del mensaje al programa cliente de correo electrónico del destinatario o 
bien lectura del mismo por parte del destinatario a través de una interfaz web 
(browser)". Por otra parte, pueden existir problemas ligados a la designación, por 
parte del destinatario, de un sistema de información al que deban remitirse las 
declaraciones recepticias. Como se aprecia en esta exposición, resulta más fácil 
determinar cuándo se ha producido el envío de la declaración recepticia (véase un 
ejemplo en el artículo 15.1 de la Ley Modelo antes transcrito) que establecer el 
momento de su recepción (véase a título ilustrativo el artículo 15.2 de la misma 
Ley Modelo). Quizás por este motivo el artículo 29 proyectado acoge el criterio de 
la emisión de la aceptación.
Otros motivos que han inspirado esta elección fueron expuestos por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su informe de 3 de octubre de 2001: "la 
teoría de la emisión, presente en el Código de Comercio, se considera más 
apropiada para la contratación electrónica, no sólo por la inmediatez de esta 
modalidad de contratación (razón que ya justificó su aplicación a la contratación 
mercantil en el año 1885, en que se aprobó el Código de Comercio), sino porque 
se estima que la mayor parte de la contratación que se lleve a cabo por Intemet 
será de tipo mercantil, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Código de 
Comercio. Además, la teoría de la emisión es más beneficiosa para el consumidor 
o usuario que la teoría de la recepción, puesto que el consumidor puede estar 
seguro de la celebración del contrato desde que remite su aceptación al oferente, 
pudiendo despreocuparse de posibles fallos en la conexión que retrasen la 
recepción de su comunicación y cerrando el paso a maniobras fraudulentas del 
oferente para alterar los registros de la fecha de entrada de dicho mensaje en su 
servidor'.
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Por su parte, el Ministerio de Justicia y la Comisión General de 
Codificación han manifestado su oposición a la fórmula adoptada en el artículo 29 
del Anteproyecto sometido a consulta, y han propuesto dar una redacción única a 
los artículos 1262 (segundo párrafo) del Código Civil y 54 del Código de Comercio 
que permita eliminar diferencias no justificadas en la actualidad en cuanto al 
régimen jurídico de contratos civiles y mercantiles y solucionar del mismo modo 
los problemas que plantea la contratación entre ausentes en el ámbito del 
comercio electrónico. Se argumenta por este Departamento que "a los efectos de 
la perfección de los contratos -sean civiles o mercantiles-, los contratos 
electrónicos no presentan ninguna singularidad; son un supuesto más de 
contratación entre ausentes". El texto propuesto para ambos preceptos, redactado 
por la Comisión General de Codificación, es -por lo que respecta a este problema-
el siguiente:
"Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la 
aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde 
que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena 
fe".
En la consulta formulada al Consejo de Estado se solicita 
expresamente la opinión de este Alto Cuerpo Consultivo acerca de esta cuestión.
A juicio del Consejo de Estado, la solución adoptada en el artículo 
29 del Anteproyecto resulta idónea en los supuestos de contratación automática, 
incluida la contratación electrónica. La inmediatez es característica de estas 
formas de contratación, y resultaría sin duda contrario a la buena fe que quien 
instala, en condiciones de funcionamiento, un mecanismo automático de 
contratación pretendiera supeditar el perfeccionamiento del contrato o la 
prestación del consentimiento al momento en que tenga conocimiento efectivo de 
las aceptaciones formuladas por sus clientes.
En cuanto a la contratación electrónica por otros medios no 
automáticos, como por ejemplo el correo electrónico, debe tenerse presente que 
la aceptación es una declaración recepticia, lo que aconseja anudar en principio la 
producción de sus efectos a su conocimiento por el destinatario. Sin perjuicio de
3.534/2001	-72-

ello, cuando por circunstancias imputables al oferente éste no conoce la 
aceptación (por ejemplo, porque pese a estar disponible el mensaje en el servidor 
en el que se encuentra dada de alta la cuenta de correo electrónico asociada al 
destinatario, o por haber designado a estos efectos una dirección de correo 
equivocada, el mensaje no ha sido descargado o leído por él), tampoco podrá 
alegar ignorancia sin faltar a la buena fe. Esta solución resulta acorde con la 
fórmula empleada en el artículo 11.1 de la Directiva 2000/31/CE que se pretende 
transponer. se considerará que se ha recibido el pedido "cuando las partes a las 
que se dirigen puedan tener acceso" al mismo. Con arreglo a este criterio, desde 
que quede almacenado el mensaje de correo electrónico a disposición del 
oferente en el servidor en el que se encuentra dada de alta la cuenta de éste 
podría entenderse recibido el pedido y perfeccionado el consentimiento.
La solución empleada en el artículo 29 proyectado se basa en 
cambio en la protección del aceptante. No obstante, no debe olvidarse que el 
oferente no siempre coincidirá con el prestador de servicios de la sociedad de la 
información, ni siquiera en los supuestos de contratación automática. Resultaría 
fácil eludir la finalidad tuitiva del precepto proyectado mediante el empleo de la 
técnica de la "invitatio ad offerendum": el prestador realiza tan sólo una invitación a 
formular ofertas dirigida al consumidor, que sólo cuando sean aceptadas por 
aquél darán lugar a la formación del consentimiento. En este caso, una norma 
pensada para tutelar al destinatario del servicio puede acabar convirtiéndose en 
perjudicial para él.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente formuladas, 
a juicio del Consejo de Estado resulta conveniente aceptar la sugerencia 
formulada por el Ministerio de Justicia y por la Comisión General de Codificación, 
y modificar los artículos 1262 (segundo párrafo) del Código Civil y 54 del Código 
de Comercio, dándoles la siguiente redacción:
"Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la 
aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde 
que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena 
fe".
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Si se desea, en aras de una mayor seguridad jurídica, establecer un 
criterio que sea más fácilmente aplicable al comercio electrónico, cabría añadir, al 
final del párrafo transcrito, la siguiente oración: "En los contratos celebrados 
mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la 
aceptación".
Ello exige suprimir el artículo 29 proyectado, e incluir una disposición 
adicional que modifique los artículos 1262 (segundo párrafo) del Código Civil y 54 
del Código de Comercio en el sentido expuesto.
Artículo 30 (Luwar de celebración del contrato)
El lugar de celebración de los contratos es relevante sobre todo para 
la determinación de la Ley aplicable a la forma de ciertos contratos con arreglo al 
artículo 9.1 del Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales, de 19 de junio de 1980 (sin perjuicio de lo dispuesto por los 
artículos 9.5 y 9.6 del mismo Convenio), así como para la determinación de la Ley 
aplicable tanto a la forma como al fondo de los contratos en derecho interregional 
(en aplicación de los artículos 10.5 y 11 del Código Civil, por remisión de su 
artículo 16), y tiene también ciertas consecuencias en sede procesal y penal.
Con arreglo al artículo 9.1 del Convenio de Roma, "un contrato 
celebrado entre personas que se encuentren en un mismo país será válido en 
cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto 
al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley del país en el que se haya 
celebrado". Este precepto no se aplica a los contratos celebrados con 
consumidores en cuanto en ellos sea precisa la aplicación del artículo 5.2 del 
Convenio para impedir que se produzca el resultado de "privar al consumidor de la 
protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que 
tenga su residencia habitual": la forma de estos contratos se regirá por la ley del 
país en el que tenga su residencia habitual el consumidor. Tampoco es de 
aplicación el artículo 9.1 a los contratos que tengan por objeto "un derecho real o 
un derecho de utilización de un inmueble", en el supuesto contemplado en el 
artículo 9.6. Como se ha expuesto anteriormente, este artículo del Convenio de 
Roma ha hecho inaplicable el artículo 52.2a del Código de Comercio, con arreglo
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al cual los contratos mercantiles "celebrados en país extranjero en que la Ley exija 
escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las 
exija la Ley española", "no producirán obligación ni acción en juicio" si no cumplen 
los requisitos formales exigidos por la ley del lugar de celebración del contrato.
Por su parte, el artículo 10.5 del Código Civil, por remisión del 
artículo 16 del mismo Código, dispone que en Derecho interregional "se aplicará a 
las obligaciones contractuales", en defecto de ley a la que se hubieran sometido 
las partes expresamente y que tuviera "alguna conexión con el negocio de que se 
trate", la ley autonómica o estatal "del lugar de celebración del contrato", salvo 
cuando éste fuera relativo a bienes inmuebles. En cuanto a la forma de los 
contratos en Derecho interregional, el artículo 11 del Código Civil dispone que 
serán válidos los celebrados "con las formas y solemnidades exigidas por la ley 
aplicable a su contenido".
En materia procesal, el 1 de marzo de 2002 entrará en vigor el	Y 
Reglamento número 44/2001/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, que se aplicará desde esa fecha en lugar del 
Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho el 27 de septiembre de 
1968. En este Reglamento no se utiliza como punto de conexión para determinar 
la competencia judicial internacional el lugar de celebración de los contratos. No 
obstante, en relación con Estados a los que no resulte aplicable el citado 
Reglamento (como los Estados no comunitarios), debe tenerse presente que el 
artículo 22.3° de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, utiliza este punto 
de conexión para determinar la jurisdicción de los Jueces y Tribunales españoles 
en materia contractual. No obstante, la ausencia de este punto de conexión 
(cuando se considere celebrado el contrato fuera de España) no perjudicará al 
consumidor que realice desde España los actos necesarios para la celebración 
del contrato, pues el artículo 22.41 de la misma Ley Orgánica reconoce en ese 
caso la jurisdicción de los Jueces y Tribunales españoles. Por último, no cabe 
excluir la posibilidad de que ordenamientos de terceros países no comunitarios 
utilicen el lugar de celebración del contrato como punto de conexión para la 
atribución de jurisdicción y competencia a sus propios órganos judiciales.
3.53412001	-75-

La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), aprobada por Resolución 511162, 
de 16 de diciembre de 1996, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no 
determina el lugar en que deben entenderse celebrados los contratos, pero sí el 
lugar en que debe entenderse realizada la oferta. Dado que ésta, en la 
contratación electrónica, se expresa por medio de un "mensaje de datos" (artículo 
11 de la Ley Modelo), se considerará remitida desde el lugar donde el oferente 
tenga su establecimiento y recibida en el lugar donde el destinatario de la oferta 
tenga el suyo (artículo 15.4 de la misma Ley Modelo). También en esta materia la 
Ley Modelo ha inspirado diversas leyes en Derecho comparado, como por 
ejemplo la irlandesa Electronic Commerce Act número 27 de 2000, de 10 de julio 
de 2000 (artículo 21.5), la australiana Electronic Transactions Act número 162 de 
1999, de 22 de agosto de 2001 (artículo 14.5), la canadiense Uniform Electronic 
Commerce Act de 30 de septiembre de 1999 (artículo 23.3) y la Uniform Electronic 
Transactions Act elaborada por la National Conference of Commissioners on 
Uniform State Laws de los Estados Unidos de América en 1999 (Section 15). Los 
principios establecidos en la Ley Modelo han sido también incorporados al 
proyecto de Ley denominado Third Millennium Digital Commerce Act (S. 761) en 
tramitación en el Congreso de los Estados Unidos de América (artículo 5.1).
Dado que esta Ley Modelo no ha sido incorporada al ordenamiento 
español, para determinar el lugar de celebración de los contratos electrónicos es 
preciso aplicar el artículo 1262 del Código Civil, de acuerdo con el cual el contrato 
entre ausentes "se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta". La 
aplicación de este criterio al comercio electrónico, sin una norma similar al artículo 
15.4 de la Ley Modelo citada, resulta problemática, por cuanto el lugar en el que el 
mensaje de datos que incorpora la oferta es confeccionado es escasamente 
relevante (puede hacerse desde cualquier ordenador) y resulta difícil de 
determinar. Como se expone en la Memoria justificativa y económica, "hay que 
determinar dónde hace la oferta: ¿donde tiene su sede social, donde está el sitio 
web en el que se formula o donde radica el servidor que emplea para enviar 
mensajes de correo electrónico que contengan ofertas? Puede que estos 
emplazamientos no sean ni siquiera conocidos por el destinatario, lo que
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incrementa la inseguridad jurídica que conlleva la aplicación del artículo 1262 del 
Código Civil".
Para solucionar este problema, caben en principio dos soluciones: o 
bien complementar el artículo 1262 del Código Civil con una norma de contenido 
análogo al del artículo 15.4 de la citada Ley Modelo que aclare dónde se entiende 
hecha la oferta (con arreglo a la citada Ley, en el lugar donde el oferente tenga su 
establecimiento), o bien utilizar para los contratos electrónicos un punto de 
conexión diferente. Esta última es la opción elegida en el artículo 30 del 
Anteproyecto, que considera celebrados los contratos electrónicos en el lugar en 
que el consumidor que en su caso intervenga tenga su residencia habitual, o en 
su defecto en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
El precepto proyectado persigue favorecer a la parte más débil en 
los contratos celebrados entre prestadores de servicios y consumidores, y permitir 
la localización de todos los contratos del prestador de servicios en un solo lugar 
en los contratos celebrados entre empresarios o profesionales.
El artículo 30 proyectado, puesto en relación con la definición de 
"contrato electrónico" establecida en el Anexo, puede plantear algunos problemas. 
La intención perseguida mediante este precepto está aclarada en la Memoria 
justificativa y económica, en la que se dice que este precepto pretende excluir de 
su ámbito de aplicación los contratos celebrados "entre consumidores" (que deben 
continuar rigiéndose por el artículo 1262 del Código Civil), y que aquellos 
contratos "en cuya ejecución ha intervenido un tercero, que proporciona el espacio 
de encuentro de las partes y hasta las herramientas y asesoramiento necesarios 
para la conclusión del contrato, como ocurre en los celebrados en un 
99marketplace" estén sometidos a este precepto y, con arreglo al mismo, se 
consideren celebrados en el establecimiento del intermediario, "puesto que, 
respecto a él, las partes del contrato son destinatarios del servicio".
Sin embargo, ni la definición de "contratos electrónicos" establecida 
en el Anexo exige en rigor que una de las partes sea un empresario o profesional 
que actúe en calidad de tal, ni se comprende el motivo por el que los contratos 
celebrados entre un consumidor y una persona física que preste un servicio de la
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sociedad de la información con un propósito ajeno a su actividad económica, 
negocio o actividad deban quedar excluidos del Título IV del Anteproyecto y 
sujetos al artículo 1262 del Código Civil, que como se ha expuesto plantea 
innegables problemas en su aplicación a la contratación por vía electrónica. Por 
otra parte, en los contratos "celebrados en un marketpiace" la aplicación del 
artículo 30 proyectado no conduce al resultado al parecer perseguido (que el 
contrato se considere celebrado en el establecimiento del intermediario).
Adicionalmente, en el Anteproyecto no se contempla la posibilidad 
de que sean parte en un mismo contrato un prestador de servicios, por un lado, y 
varios consumidores (con diferentes lugares de residencia habitual) por otro, por 
ejemplo a título de partícipes de una comunidad de bienes.
Todo ello aconseja reconsiderar el artículo 30 proyectado, bien sea 
para suprimirlo, adoptar un criterio análogo al establecido en el artículo 1262 del 
Código Civil y complementarlo con una disposición que permita su aplicación al 
comercio electrónico, bien sea para modificarlo dando solución a los problemas 
anteriormente expuestos.
La primera de estas dos soluciones, que resultaría más acorde con 
el principio tradicionalmente aplicado en nuestro ordenamiento en esta materia y 
más coherente con el régimen jurídico aplicable a los restantes contratos 
celebrados con consumidores ausentes (ya sea mediante carta, fax o teléfono) a 
los que se aplica el artículo 1262 del Código Civil, podría llevarse a cabo 
sustituyendo la expresión "por carta" por la expresión "a distancia" en el segundo 
párrafo del mencionado artículo 1262 del Código Civil, y añadiendo a este párrafo 
un inciso final que de forma análoga al artículo 15.4 de la Ley Modelo disponga 
que "en la contratación electrónica, la oferta se entenderá hecha en el lugar en 
que esté establecido el oferente". En tal caso, procedería suprimir el artículo 30 
proyectado.
Con arreglo a lo anteriormente expuesto, cualquiera de las dos 
soluciones anteriormente expuestas permitiría a los consumidores domiciliados en 
España que hubieren realizado en España los actos necesarios para la 
celebración del contrato acudir a los Tribunales españoles, bien sea de acuerdo
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con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 44/2001/CE, bien sea invocando 
el artículo 22.41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 30 (lugar de eiecución de las prestaciones electrónicas)
El Anteproyecto no ofrece criterio alguno para determinar en qué 
lugar deben entenderse realizados los servicios de la sociedad de la información 
que se ejecuten por vía electrónica.
El lugar de ejecución de los contratos constituye un punto de 
conexión empleado en Derecho internacional privado e interregional, es relevante 
para determinar la aplicación de normas administrativas (especialmente, por lo 
que respecta a este Anteproyecto, normas autonómicas aplicables a prestadores 
establecidos en España en materia de comercio interior o sectores regulados), se 
utiliza por las normas tributarias, y se tiene en cuenta para establecer la 
competencia de órganos judiciales y administrativos. Su relevancia es sin duda 
mayor que la del lugar de celebración de los contratos, aunque haya sido limitada 
por los principios de control en origen y libre prestación de servicios establecidos 
en la Directiva.
El artículo 5.4 del Convenio de Roma excluye la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 5.2 del mismo Convenio (I a elección por las partes de la 
ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la 
protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que 
tenga su residencia habitual") a los contratos de suministro de servicios que 
"deban prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en 
que tenga su residencia habitual". De ahí que tenga una indudable importancia 
determinar el lugar en que deban entenderse ejecutados los servicios prestados 
por vía electrónica a consumidores.
En cuanto a la competencia judicial internacional, el Reglamento 
número 44/2001/CE, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
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judiciales en materia civil y mercantil, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2002, 
dispone en su artículo 5 que "las personas domiciliadas en un Estado miembro 
podrán ser demandadas en otro Estado miembro: 1) a) en materia contractual, 
ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la 
obligación que sirviere de base a la demanda", y aclara que "cuando se tratare de 
una prestación de servicios", dicho lugar será "el lugar del Estado miembro en el 
que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios". Por 
su parte, el artículo 22.3° de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, utiliza 
también este punto de conexión para determinar la jurisdicción de los Jueces y 
Tribunales españoles en materia contractual. No obstante, la ausencia de este 
punto de conexión (cuando se considere ejecutado el contrato fuera de España) 
no perjudicará al consumidor que realice desde España los actos necesarios para 
la celebración del contrato, pues el artículo 22.41 de la misma Ley Orgánica 
reconoce en ese caso la jurisdicción de los Jueces y Tribunales españoles. Por 
último, cabe la posibilidad de que ordenamientos de terceros países no 
comunitarios utilicen el lugar de ejecución del contrato como punto de conexión 
para la atribución de jurisdicción y competencia a sus propios órganos judiciales.
Con arreglo al artículo 10.10 del Código Civil, "se aplicará la ley del 
lugar de cumplimiento" de las obligaciones "a las modalidades de ejecución que 
requieran intervención judicial o administrativa".
Por otra parte, las normas autonómicas en materia de comercio 
interior o sectores regulados, de acuerdo con las competencias atribuidas por los 
Estatutos de autonomía, utilizan con frecuencia como punto de conexión el lugar 
de prestación de los servicios. Del lugar en que deban entenderse ejecutados los 
servicios prestados por vía electrónica puede depender el régimen jurídico 
aplicable a éstos, así como la competencia de determinados órganos 
administrativos.
No resulta en absoluto claro dónde debe entenderse ejecutada la 
prestación realizada por vía electrónica. A juicio del Consejo de Estado, el 
principio de seguridad jurídica aconseja establecer una regla que permita 
solucionar este problema en el Anteproyecto sometido a consulta (sin perjuicio de 
lo que dispongan las normas tributarias en su propio ámbito de aplicación).
3.53412001	-80-

Cabe concebir diversos criterios para establecer el lugar en que 
deben entenderse realizados los servicios de la sociedad de la información que se 
ejecuten por vía electrónica: entre otros, el lugar al que se destinen 
específicamente los servicios (y, en su defecto, el lugar en que esté establecido el 
prestador del servicio), el lugar en que radique el destinatario del servicio (sea 
éste o no consumidor), el lugar en que esté establecido el prestador del servicio o 
incluso el lugar en que se entienda celebrado el contrato.
Quizás el criterio que se ajusta mejor a las condiciones económicas 
en las que se presta el servicio sea el del lugar en que radiquen los destinatarios 
del servicio. Las prestaciones realizadas por vía electrónica producen sus efectos 
competitivos en el mercado en que radican los destinatarios del servicio y no en el 
mercado correspondiente al lugar en el que está establecido el prestador. 
Además, este criterio protege mejor a los consumidores por no excluir la 
aplicación del artículo 5.2 del Convenio de Roma conforme a lo anteriormente 
expuesto, y resulta coherente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
1171 del Código Civil.
Título VI (información y control)
En este Título no se atribuyen a la Administración las potestades de 
interrupción de la prestación del servicio o retirada de contenidos contrarios al 
ordenamiento en relación con los prestadores de servicios establecidos en 
España, ni se contempla la posibilidad de dictar medidas cautelares con carácter 
no sancionador.
Salvo en su artículo 42 (en relación con el cual se formulará más 
adelante otra observación), el Anteproyecto se funda (de acuerdo con la 
explicación contenida en la Memoria justificativa y económica a propósito de su 
artículo 8) en el principio de que han de ser las normas reguladoras del interés 
jurídico vulnerado por el prestador del servicio las que han de atribuir a la 
Administración (o a los Jueces y Tribunales, en su caso) la potestad 
correspondiente. En particular, los artículos 8 y 11 del Anteproyecto eluden de
3.53412001	-81-

forma intencionada la atribución a la Administración de estas potestades, y se 
refieren a "las autoridades competentes para su protección".
Con ello se pretende al parecer salvar aquellos supuestos (en la 
Memoria justificativa y económica se menciona el ejemplo del cierre de un 
periódico difundido por Intemet) en los que las garantías de los derechos 
fundamentales exigen una intervención judicial. No obstante, ello no ha impedido 
atribuir a la Administración estas mismas potestades en el artículo 42 del 
Anteproyecto, en el seno del procedimiento sancionador, dentro de los límites 
establecidos en el apartado 2 de dicho precepto.
Por otra parte, el artículo 11 no atribuye por sí solo a la 
Administración la potestad de interrumpir la prestación de un servicio de la 
sociedad de la información o acordar la retirada de contenidos provenientes de 
prestadores establecidos en España, puesto que en esta norma el ejercicio de 
esta potestad (que se remite a "las funciones que legalmente tenga atribuidas" la 
autoridad competente) es contemplado como un presupuesto de hecho cuya 
previa concurrencia permite ordenar a los prestadores de servicios de 
intermediación la suspensión de "la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso 
a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio 
equivalente que realizaran".
A juicio del Consejo de Estado, varias razones aconsejan atribuir 
expresamente a la Administración dentro de los límites establecidos en la 
Constitución y en las leyes la potestad mencionada, que tendría por objeto la 
interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos contrarios al 
ordenamiento, cuando ello sea imprescindible para garantizar el respeto de los 
principios enumerados en el artículo 8.1 del Anteproyecto o bien resulte de lo 
dispuesto con carácter general en otras normas (siempre que, en este último 
caso, resulte aplicable la Ley española con arreglo a los artículos 2 y 4 del 
Anteproyecto). En primer lugar, resulta necesario preservar de forma eficaz los 
principios establecidos en el artículo 8.1 con independencia de la tramitación de 
un procedimiento sancionador (que en determinados supuestos puede no resultar 
procedente, por ejemplo por la imposibilidad de identificar al responsable), y por 
tanto en supuestos en los que no resultará aplicable el artículo 42 del
3.534/2001	-82-

Anteproyecto. En segundo lugar, en ocasiones la genérica atribución a la 
Administración de potestades de interrupción o cesación de actividades privadas 
en otras normas del ordenamiento ajenas al ámbito de Intemet podría suscitar 
dudas interpretativas en cuanto a su modo de ejercicio en relación con los 
servicios de la sociedad de la información y a su articulación con lo dispuesto en 
los artículos 8 y 11 del Anteproyecto.
Como más adelante se observará, esta potestad puede 
complementarse con la de adoptar las medidas cautelares correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 30/1992.
A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, no procede incluir tales 
atribuciones de potestad en el artículo 8. Ello obedece, en primer lugar, a la 
ubicación del precepto en el Capítulo I del Título II (dedicado al "Principio de libre 
prestación de servicios"); en segundo lugar, al diferente alcance que tienen las 
potestades atribuidas a la Administración en relación con los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información establecidos en España (que no están 
limitadas por el principio de libre prestación de servicios) y las atribuidas en 
relación con los prestadores de servicios de la sociedad de la información con 
derecho a la libre prestación de servicios (que deben entenderse limitadas a lo 
establecido en el artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE), y en tercer lugar a la 
necesidad de que la Administración observe ciertos trámites procedimentales 
cuando el prestador de servicios esté establecido en otro Estado perteneciente al 
Espacio Económico Europeo (contemplados en el artículo 8.4 del Anteproyecto y 
en el artículo 3.b) de la Directiva 2000/31/CE), que no son exigibles en los 
restantes supuestos. No obstante, resulta conveniente mantener en el Capítulo I 
un precepto que recoja las especialidades y los límites establecidos al ejercicio de 
esta potestad en relación con los prestadores de servicios establecidos en otros 
Estados (y, en particular, en Estados pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo). Podría articularse (mediante referencias) la redacción de este artículo 8 
con la del precepto propuesto en el Título VI, con la finalidad de evitar 
reiteraciones innecesarias.
Se sugiere por ello la inclusión de un precepto en el Título VI del 
Anteproyecto ("Información y control") en el que se atribuya a la Administración
3.53412001	-83-

dentro de los límites establecidos en la Constitución y en las leyes (de los cuales 
se ofrecen algunos ejemplos en el último párrafo del apartado 1 del artículo 8 del 
Anteproyecto y en el artículo 42.2 del mismo) las potestades de interrumpir la 
prestación de los servicios de la sociedad de la información o acordar la retirada 
de contenidos contrarios al ordenamiento, cuando ello resulte imprescindible para 
garantizar el respeto de los principios establecidos en el artículo 8.1 del 
Anteproyecto o bien se derive de lo dispuesto con carácter general en otras 
normas (siempre que, en este último caso, resulte aplicable la Ley española con 
arreglo a los artículos 2 y 4 del Anteproyecto).
Artículos 39.3 v 39.4.a)
Literalmente interpretado, el artículo 39.4.a) tiene un alcance mayor 
que el del artículo 9.1 del Anteproyecto. Entre otros supuestos, las asociaciones, 
que no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 9.1 (sin perjuicio de 
lo observado anteriormente); sí lo están en cambio en el artículo 39.4.a) siempre 
que estén inscritas en algún registro público. Procede adecuar la redacción del 
artículo 39.4.a) a la del artículo 9 del Anteproyecto (por ejemplo, mediante una 
remisión).
Artículos 39.3. 39.4 v 40
El artículo 20 de la Directiva obliga a que las sanciones aplicables a 
las infracciones a esta Ley sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias"
El Consejo de Estado no formula objeción a la cuantía máxima de 
las sanciones de multa establecidas en el artículo 40 para las infracciones muy 
graves, graves y leves. Esta cuantía máxima (que está establecida en 600.000 
euros para las infracciones muy graves, en 300.000 euros para las graves y en 
90.000 euros para las leves) tiene por finalidad conseguir el efecto disuasorio 
exigido por la Directiva, y no resulta desproporcionada si se tiene en cuenta lo 
dispuesto en otras leyes similares en Derecho comparado (por ejemplo, el artículo 
8 de la irlandesa Electronic Commerce Act n° 27 de 10 de julio de 2000 establece 
penas de multa de hasta 500.000 libras irlandesas).
3.534/2001	-84
No obstante, ha sido cuestionada en el expediente la inexistencia de 
cuantía mínima para estas sanciones de multa. El Ministerio de Justicia entiende 
que no es correcto que "las horquillas de la cuantía de las multas se solapen de tal 
manera que la Administración pueda imponer, por ejemplo, una multa diez veces 
superior por la comisión de una infracción leve que por la comisión de una grave, 
o que por haberse cometido una infracción muy grave se pueda imponer una 
exigua multa de 500 euros.
Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología opina que "la 
reducción de la cuantía de las sanciones y su adecuación a las características del 
tejido empresarial español, formado en su mayoría por pequeñas y medianas 
empresas ha sido reclamada con insistencia durante el proceso de elaboración de 
la Ley por las asociaciones y empresas del sector. No considerándose 
conveniente rebajar la cuantía máxima de las sanciones, en especial, de las 
correspondientes a infracciones graves y muy graves, por sancionar conductas 
susceptibles de afectar a un gran número de usuarios y dañar seriamente su 
confianza en los servicios de Intemet, se ha optado por eliminar la cuantía 
mínima, que representaba una barrera importante en la consecución de dicho fin. 
Se sigue el ejemplo, a este respecto, de otras leyes, como la Ley 26/1984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (artículo 36), en 
las que las multas previstas carecen de límite inferior, siendo una práctica 
bastante frecuente la inexistencia de dicho límite en las sanciones por infracciones 
leves en otras leyes (Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley del Mercado 
de Valores, Ley General de Telecomunicaciones, Ley por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CE o de Televisión sin 
fronteras...)".
A juicio del Consejo de Estado, el principio de proporcionalidad de 
las sanciones obliga a asociar la importancia de éstas con la gravedad de las 
infracciones cometidas, lo que desaconseja adoptar una solución como la 
proyectada. Una técnica normativa empleada en otras leyes en las que se plantea 
este mismo problema (como por ejemplo la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres) es la de calificar como graves las 
infracciones tipificadas como muy graves "cuando por su naturaleza, ocasión o 
circunstancia" no deban ser calificadas como tales (artículo 141.o) de la citada
3.534/2001	-85-

Ley), y como leves las infracciones tipificadas como graves "cuando por su 
naturaleza, ocasión o circunstancia" no deban ser calificadas como tales (artículo 
142.m) de la misma Ley). Al emplear esta técnica normativa, resulta 
imprescindible utilizar criterios objetivos y cuya concurrencia sea fácilmente 
determinable, para evitar la indefensión del sancionado. Considera el Consejo de 
Estado que el empleo de esta técnica normativa en el artículo 39 del Anteproyecto 
resultaría más acorde con el mencionado principio de proporcionalidad, y 
permitiría establecer cuantías mínimas en las sanciones pecuniarias establecidas 
en el artículo 40 sin perjudicar los intereses aludidos por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.
Artículo 42
En él se establecen las medidas cautelares que la Administración 
puede adoptar "en los procedimientos sancionadores por infracciones graves o 
muy graves", con remisión a lo dispuesto en la Ley 30/1992. Entre estas 
medidas cautelares se incluye "la suspensión temporal de la actividad del 
prestador de servicios", "el cierre provisional de sus establecimientos", el 
"precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y 
de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de 
todo tipo", y la advertencia hecha al público "de la existencia de posibles 
conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se 
trate, así como de las medidas adoptadas".
A juicio del Consejo de Estado, el alcance de las medidas cautelares 
no debe ser mayor que el de la resolución cuya ejecución pretenden asegurar. El 
artículo 136 de la Ley 30/1992 dispone que "cuando así esté previsto en las 
normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá proceder 
mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que 
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer". Las resoluciones 
que pueden recaer en un expediente sancionador con arreglo a esta Ley pueden 
tener por objeto, de acuerdo con su artículo 40, la imposición de multas, la 
prohibición de actuación en España por un período de tiempo no superior a dos 
años, la prohibición de acceso a sus servicios desde España por un período de 
tiempo tampoco superior a dos años, y la publicación de la resolución
3.53412001	-86-

sancionadora a costa del sancionado. La eficacia de estas resoluciones, y en 
especial la posibilidad de su ejecución, que han de ser "los objetivos que se 
pretenden alcanzar 'a los que se refiere el apartado 3 del artículo 42, no guardan 
relación alguna con las medidas cautelares que se contemplan en el artículo 42.1. 
La gravedad de las medidas cautelares previstas en el Anteproyecto puede 
resultar, en algunos casos (como en el de cierre provisional del establecimiento 
del prestador del servicio), mayor que la de las sanciones cuya eficacia pretende 
garantizarse (que sólo afectan, como máximo, a la actuación en España del 
prestador del servicio, y que con carácter general tienen naturaleza pecuniaria).
Las medidas cautelares adoptadas en el seno de un procedimiento 
sancionador no pretenden asegurar la eficacia de la norma jurídica por cuya 
violación se sanciona (en este caso, los preceptos de la Ley que hayan resultado 
incumplidos), sino la eficacia de la norma que impone la sanción (en este 
supuesto, el artículo 40 del Anteproyecto), lo cual justificaría por ejemplo la 
exigencia de garantías de pago de la sanción pecuniaria que pudiera imponerse. 
El cumplimiento de la Ley debe garantizarse en este caso mediante la imposición 
de las sanciones y a través de las medidas de policía que en su caso se adopten 
para evitar la comisión de conductas ilícitas y poner fin a las que se hayan 
cometido. En el Anteproyecto, las medidas cautelares previstas en el artículo 42.1 
no tienen por finalidad garantizar la ejecución de las sanciones, fundamentalmente 
pecuniarias, que en su caso se impongan en el procedimiento sancionador, sino 
poner fin al incumplimiento de la Ley.
Si la finalidad perseguida mediante este precepto consiste en atribuir 
a la Administración potestades para acordar la cesación de actividades contrarias 
a la Ley, debe tenerse presente que el ejercicio de esta potestad de policía, 
contemplado en los artículos 8, 11, 36 y 37 del Anteproyecto no está condicionado 
a la tramitación de un procedimiento sancionador, y tiene un fundamento y un 
alcance diferente de los que caracterizan a la potestad sancionadora. Ello será 
especialmente relevante en aquellos supuestos en los que no sea posible 
determinar la identidad y domicilio del prestador del servicio de la sociedad de la 
información no establecido en España que se encuentre violando el ordenamiento 
español, o del prestador establecido en España que haya incumplido su deber de
3.534/2001	-87-

anotación del nombre de dominio en el registro público correspondiente y cuya 
identidad no pueda ser determinada.
Para lograr la finalidad mencionada (habilitar a la Administración 
para que acuerde la cesación de actividades contrarias a la Ley), resultaría más 
adecuado, con arreglo a lo anteriormente expuesto, atribuir con carácter general a 
la Administración las potestades de policía de carácter no sancionador que se 
estimen oportunas, con las limitaciones que resultan del artículo 3 de la Directiva 
2000/31/CE -que se corresponde con el artículo 8 del Anteproyecto- en relación 
con los prestadores establecidos en Estados pertenecientes a la Unión Europea o 
al Espacio Económico Europeo, y las que se considere necesario extender a otros 
Estados. Una vez atribuidas las potestades de policía correspondientes con 
arreglo a lo expuesto, podrían preverse las medidas cautelares que resultaran 
necesarias para garantizar la eficacia del cumplimiento de las resoluciones que se 
dicten en ejercicio de tales potestades, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 
30/1992 (que sería el precepto aplicable, en lugar del artículo 136 de la misma 
Ley). Los preceptos correspondientes podrían incluirse en el Título VI del 
Anteproyecto ("Información y control"), en lugar del Título VII ("Infracciones y 
sanciones"). En todo caso, la solución que se adopte deberá tener en cuenta la 
redacción que finalmente se dé al artículo 8 del Anteproyecto (incluido en el Título 
ll, "Principio de libre prestación de servicios").
La potestad para imponer multas coercitivas (previstas en el artículo 
43, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 30/1992), cuyo carácter tampoco es 
sancionador, podría asociarse también a las mencionadas potestades de policía, 
e incluirse asimismo en el mencionado Título VI (sin perjuicio de mantenerlas 
también en el Título VII del Anteproyecto).
Artículo 45.1
En él se dispone que "el ejercicio de la potestad sancionadora a que 
se refiere la presente Ley será independiente de la eventual concurrencia de 
delitos o faltas de naturaleza penal".
3.534/2001	-88-

Por el contrario, el artículo 133 de la Ley 30/1992 dispone que "no 
podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y 
fundamento". Este último precepto es acorde con la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, de acuerdo con la cual el principio non bis in idem debe 
considerarse plenamente integrado, de modo implícito, en el artículo 25.1 CE, 
configurándose como un derecho fundamental del sancionado (sentencia número 
154/90, de 15 de octubre), dicho principio impide la duplicidad de sanciones 
administrativas y penales respecto a unos mismos hechos (sentencia número 
154/90, de 15 de octubre) cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento (sentencias números 2/81, de 30 de enero, 94/86, de 8 de julio, 
234/91, de 10 de diciembre) y en especial cuando sea idéntico el interés 
jurídicamente protegido (sentencia número 234/91, de 10 de diciembre).
Por ello, a juicio del Consejo de Estado y de acuerdo con la 
observación formulada por el Ministerio de Justicia es preciso modificar el primer 
inciso del artículo 45.1 para hacerlo compatible con el principio "non bis in idem" 
establecido de modo implícito en el artículo 25.1 CE de acuerdo con la doctrina 
del Tribunal Constitucional anteriormente expuesta. Podría darse a este inciso una 
redacción similar a la del vigente artículo 133 de la Ley 30/1992, mencionando 
además la identidad del interés jurídicamente protegido por la norma penal y la 
administrativa.
Disposiciones adicionales
Con arreglo a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado 
sugiere excluir los contratos electrónicos del ámbito de aplicación de la Ley 
26/1991, de 21 de noviembre, sobre Contratos Celebrados fuera de los 
Establecimientos Mercantiles y -al menos- del ámbito de aplicación del artículo 2 
del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la 
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del 
artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la 
Contratación.
3.534/2001	-89-

Si el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista para la transposición al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, se demorara en su 
tramitación, procedería incluir en el Anteproyecto sometido a consulta una 
disposición adicional que -de acuerdo con lo observado- adaptara los preceptos 
de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista a la contratación por vía 
electrónica, suprimiendo al menos la aplicación a estos supuestos de los artículos 
37 y 38.2 de la mencionada Ley.
Disposición transitoria segunda
En esta disposición se suspende la aplicación del artículo 7 de la 
Ley proyectada (en el que se establece el principio de libre prestación de 
servicios) hasta el 1 de enero de 2005. La Memoria justificativa y económica 
aclara que hasta esa fecha no se logrará "la plena realización del mercado 
interior" en estos servicios, por lo que se ha aplazado la aplicación del principio de 
libre prestación de servicios en esta materia.
El Consejo de Estado comparte el parecer de la Comisión Europea, 
de acuerdo con el cual este precepto resulta contrario al artículo 3.2 de la 
Directiva. La aplicación de la Directiva 2000/31 /CE a los servicios financieros no 
se ha condicionado a la finalización del plazo para la transposición de la 
"Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 
consumidores y por la que se modifican las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE". Esta 
cuestión se aborda en los considerandos números 11 y 27 de la Directiva 
2000/31/CE. En el primero de ellos, anteriormente mencionado, se afirma que la 
Directiva 2000131/CE "no afecta al nivel de protección (...) de los intereses de los 
consumidores fijados en los instrumentos comunitarios", y en particular a "la futura 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a 
distancia de servicios financieros destinados a consumidores". De ello no cabe 
inferir que los servicios financieros deban estar excluidos de la aplicación de la 
Directiva 2000/31/CE hasta que se apruebe la Directiva proyectada. Por lo demás, 
el ámbito de aplicación de esta última es diferente del de la Directiva 2000/31/CE,
3.534/2001	-90-

pues incluye cualquier forma de prestación a distancia de tales servicios a 
consumidores, y no solo su prestación "por vía electrónica".
Por su parte, el considerando número 27 de la Directiva 2000131/CE 
dispone precisamente que "la presente Directiva, junto con la futura Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a consumidores, contribuye a la creación de un 
marco jurídico para la provisión en línea de servicios financieros". De esta 
afirmación solo cabe extraer la conclusión (respaldada por el texto de la Directiva 
2000/31/CE, que no excluye a los servicios financieros de la aplicación del artículo 
3.2). Es cierto que en este considerando se contempla la posibilidad de extender a 
"los inversores" la protección que la Directiva autoriza a dispensar a los 
consumidores españoles, y que esta extensión está contemplada en el artículo 
3.4.a).i) de la Directiva. Pero dichas medidas adicionales de protección tan sólo 
pueden limitar la aplicación del principio de libre prestación de servicios 
financieros en la medida prevista en los apartados 4, 5 y 6 del propio artículo 3 de 
la Directiva 2000/31/CE, y en ningún caso pueden llegar a desnaturalizar el 
principio general de libre prestación de servicios. El Anteproyecto ha incluido a los 
"inversores en el ámbito del mercado de valores" en su artículo 8.11), 
restringiendo por lo demás innecesariamente el ámbito de protección autorizado 
por el artículo 3.4.a).i) de la Directiva, que se extiende a todo tipo de "inversores".
La no aplicación del principio de libre prestación de servicios en los 
términos establecidos en el Anteproyecto a los servicios financieros hasta el 1 de 
enero de 2005 resulta contraria a la finalidad perseguida por la Directiva 
2000/31/CE, pues las normas que regulan los servicios financieros están incluidas 
en el "ámbito normativo coordinado" a que se refiere el Anexo del propio 
Anteproyecto y el artículo 2 de la Directiva. Tal y como se ha observado 
anteriormente (en relación con el artículo 1.2 del Anteproyecto), la Directiva 
pretende establecer el principio de libre prestación de servicios mediante el control 
en el Estado comunitario de origen (aquel en que está establecido el prestador: 
artículo 3.1), prohibiendo expresamente a los Estados en los que radiquen los 
destinatarios de tales servicios restringir su libre prestación "por razones 
inherentes al ámbito coordinado" (artículo 3.2) sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en el artículo 3.4 de la Directiva o en otros preceptos de ésta. El
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ámbito coordinado incluye los requisitos exigidos para el inicio de la actividad, 
entre los cuales están incluidas las notificaciones previas. Por ello, los términos 
en los que esta Directiva reconoce el principio de libre prestación de 
servicios financieros resultan más amplios que, por ejemplo, los que 
resultan de la Directiva 2000112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de marzo de 2000 relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a su ejercicio (cuyo artículo 21 exige una notificación y una comunicación 
previas al primer ejercicio de esta actividad en otro Estado comunitario). Por 
consiguiente, la Directiva 2000/31/CE permite al legislador español dispensar una 
protección adicional a los inversores que radiquen en España, pero no autoriza a 
restringir la aplicación del principio de libre prestación de servicios a los servicios 
financieros por razones inherentes al ámbito normativo coordinado, ni en especial 
a condicionarlo a requisitos de notificación previa.
La interpretación anterior es coherente con la Ley Modelo sobre 
Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al Derecho Interno 
elaborada por UNCITRAL y aprobada mediante Resolución 511162 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1996. En las 
notas al artículo 1 de esta Ley Modelo se aclara que el comercio electrónico que 
constituye su ámbito objetivo de aplicación incluye la prestación de servicios 
financieros.
De acuerdo con las consideraciones expuestas, la transposición 
correcta de la Directiva exige incluir los servicios financieros dentro del ámbito de 
aplicación del Anteproyecto (conforme a lo observado en relación con su artículo 
1.2), suprimir su disposición transitoria segunda e incluir la protección de los 
"inversores" en su artículo 8.1, que no necesariamente ha de restringirse a los 
inversores "en el ámbito de los mercados de valores". El Consejo de Estado 
considera procedente introducir estas modificaciones en el Anteproyecto sometido 
a consulta.
Disposición final primera
Como resulta del tenor literal del Título IV del Anteproyecto y 
recuerda la Memoria justificativa y económica, el Anteproyecto se aplicará tanto a
3.534/2001	-92-

contratos civiles como a mercantiles, y viene a modificar en relación con los 
contratos celebrados por vía electrónica lo dispuesto en el artículo 54 del Código 
de Comercio. Por ello, considera el Consejo de Estado procedente incluir el 
artículo 149.1.6 de la Constitución entre los títulos competenciales invocados en la 
disposición final primera.
Disposición final segunda
En el artículo 9.2, segundo párrafo, del Anteproyecto se dispone que 
la "anotación" de las comunicaciones formuladas por los prestadores de servicios 
de la sociedad de la información debe practicarse "de conformidad con las normas 
reguladoras de cada Registro". Debe tenerse presente que las normas 
reguladoras del Registro Mercantil, el más importante de los registros públicos 
mencionados, no contemplan la práctica de asiento alguno con este contenido. 
Ello evidencia la necesidad de introducir las correspondientes modificaciones en el 
Reglamento del Registro Mercantil, en orden a determinar el tipo de asiento que 
debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 del 
Anteproyecto y el título formal que han de presentar los interesados para llevar a 
efecto la comunicación. Dada la urgencia de este desarrollo reglamentario, en la 
disposición final segunda podría establecerse un plazo para que el Consejo de 
Ministros proceda a llevar a cabo esta modificación.
Disposiciones finales
Considera el Consejo de Estado procedente establecer un plazo 
para que el Gobierno adecue el Real Decreto 1908/1999 al Anteproyecto 
sometido a consulta, que versa sobre materia coincidente.
Anexo: definición de "servicios de la sociedad de la información"
El concepto de "servicios de la sociedad de la información" resulta 
esencial para la interpretación del Anteproyecto. No se trata de un concepto
3.534/2001	-93-

nuevo en nuestro ordenamiento, pues ya había sido definido anteriormente en 
el artículo 2 y en el Anexo IV del Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el 
que se regula la remisión de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la 
sociedad de la información. La definición contenida en esta norma no resultaba 
adecuada para la completa transposición de la Directiva 2000/31/CE, por no 
incluir los servicios no prestados normalmente a cambio de una remuneración. 
Resultaba, por tanto, necesario, ofrecer una nueva definición de este concepto 
a los efectos previstos en el Anteproyecto.
La definición contenida en el Anexo del Anteproyecto se basa por 
un lado en el artículo 1.2 de la Directiva 98/34/CE, en la redacción dada al 
mismo por la Directiva 98/48/CE (complementado por el Anexo V de la Directiva 
98/34/CE, tal y como resulta de lo dispuesto en la Directiva 98/48/CE), cuyo 
tenor literal es muy semejante al del Real Decreto 1337/1999 antes citado, y por 
otro lado en el Considerando número 18 de la Directiva 2000/31/CE.
Es claro que sólo son servicios de la sociedad de la información 
los que se prestan a distancia, por vía electrónica y a petición individual del 
destinatario. Tampoco ofrece dudas que este concepto incluye no solamente las 
prestaciones relativas a los "servicios" en el sentido del artículo 1271, último 
párrafo, del Código Civil, sino también las que tengan cualquier otro objeto.
Adicionalmente, el artículo 1.2 de la Directiva 98/34/CE exige que 
el "servicio" sea prestado "normalmente a título oneroso"; por su parte, el 
Considerando número 18 de la Directiva 2000/31 /CE aclara que lo esencial en 
el concepto es que el servicio constituya para su prestador el objeto de una 
"actividad económica", sin importar que se trate de servicios "no remunerados 
por sus destinatarios".
El Alto Cuerpo Consultivo no objeta la definición establecida en el 
Anteproyecto, dado que se ajusta al tenor literal de las Directivas 98/48/CE y 
2000/31/CE.
3.534/2001	-94-

Cabría, en cualquier caso, incluir entre los ejemplos de servicios que 
no tendrán la consideración de "servicios de la sociedad de la información" 
aquellos que sean "prestados en presencia física del prestador y del destinatario, 
aunque impliquen la utilización de dispositivos electrónicos" (como se pone de 
manifiesto en el Anexo V a la Directiva 98/34/CE, en la redacción dada al mismo 
por el Anexo de la Directiva 98/48/CE).
Anexo: definición de "contrató celebredQpor víá electrónica"
De acuerdo con la definición establecida en el Anexo, se entiende 
por "contrato celebrado por vía electrónica", o "contrato electrónico", "todo contrato 
en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos 
electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 
telecomunicaciones".
En esta definición se omite un elemento esencial, consistente en la 
celebración del contrato a distancia. Los contratos celebrados entre presentes con 
utilización de dispositivos electrónicos, como los mencionados en el Anexo de la 
Directiva 98/48/CE (o, por ejemplo, la compraventa celebrada en un 
establecimiento mercantil en presencia del cliente a través de un programa 
informático conectado a una red de telecomunicaciones, la compra de un billete 
de avión a través de una red de ordenadores realizada en una agencia física en 
presencia del cliente, etc.) no presentan especialidad alguna que haga 
aconsejable su regulación mediante el Anteproyecto sometido a consulta. La 
aplicación a estos contratos de los preceptos contenidos en el Título IV del 
Anteproyecto resulta improcedente: ello comportaría, por ejemplo, que este 
contrato celebrado entre presentes se presumiera celebrado en el lugar en que el 
consumidor tuviera su residencia habitual, y no en el establecimiento mercantil.
Dado que esta definición de "contrato celebrado por vía electrónica" 
o "contrato electrónico" no pretende sin duda ampliar el ámbito de aplicación del 
Anteproyecto, procede a juicio del Consejo de Estado añadir la expresión
3.53412001	-95-

"celebrado a distancia" (o "celebrado entre ausentes") al inicio de la definición de 
estos conceptos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de
dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, puede someterse el Anteproyecto de Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico a la aprobación del 
Consejo de Ministros para su ulterior remisión a las Cortes Generales como 
proyecto de Ley."
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 17 de enero de 2002 
EL SECRETARIO GENERAL,
EL PRESIDENTE,
EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
	MINISTERIO	
	DE CIENCIA	
	Y TECNOLOGÍA	URGE~.
	MINISTERIO DE	
	JUSTICIA	--? L- EA o
	MINISTERIO DE	
	SANIDAD Y	
	CONSUMO	
	MINISTERIO DE	
	ECONOMIA	
o2 Co -~
ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ley tiene como objeto la incorporación al Ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 8 
de junio del año 2000, relativa a determinados aspectos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Así mismo, incorpora 
parcialmente. la Directiva 98/27/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de 
los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido 
en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo 
dispuesto en esta ley.
Lo que la Directiva 2000131/CE denomina "sociedad de la información" viene 
determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones 
y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo 
tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece 
innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento 
de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes 
de empleo. Pero, la implantación de Internet y las nuevas tecnologías tropieza 
con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar con el 
establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere en todos los actores 
intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.
Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las actividades 
realizadas por medios electrónicos de las normas tanto generales como 
especiales que las regulan, ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya
sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía 
electrónica, no están cubiertos por dicha regulación.
2
Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de "servicios de la sociedad de la 
información", que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por 
vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que
efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la Red), las 
actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la Red, a la 
transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia
Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico 
11 1,) )nni
v- e
temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en 
los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por 
otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de 
Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los 
usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una 
actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los 
operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los 
portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un 
sitio en Internet a través del que realice alguna de las actividades indicadas, 
incluido el comercio electrónico.
Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general, a 
los prestadores de servicios establecidos en España. Para la definición de lo que 
se entiende por establecimiento en España, se ha recurrido al concepto fiscal de
"residencia", por recogerse éste en normas detalladas, de larga tradición en 
nuestro Ordenamiento jurídico y de general conocimiento, que apelan, como la 
noción material de establecimiento predicada por la Directiva, a la realización 
efectiva de una actividad económica para la determinación de dicho lugar de 
residencia. La Ley resulta, igualmente, aplicable a quienes sin ser residentes en 
España, prestan servicios de la sociedad de la información a través de un 
"establecimiento permanente" situado en España. En este último caso, la sujeción 
a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos servicios que se presten 
desde España.
El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento 
esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta 
Ley, sino de todas las demás disposiciones del ordenamiento español que les
sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen. Así mismo, el 
lugar de establecimiento del prestador determina la ley y las autoridades 
competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la 
aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.
Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España de 
servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países en los 
supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que son: la producción de un
daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales, como el orden 
público, la salud pública o la protección de los menores, y el incumplimiento de la 
ley nacional que resulte aplicable en determinadas materias excluidas del 
principio de país de origen, que la ley concreta en su artículo 3.
3
Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet que 
correspondan al prestador de servicios en el Registro Público en que, en su caso, 
dicho prestador conste inscrito para la adquisición de personalidad jurídica, con el
fin de garantizar que la vinculación entre el prestador, su establecimiento físico y 
su "establecimiento" o localización en la Red, que proporciona su dirección de 
Internet, sea fácilmente accesible para los ciudadanos y la Administración 
Pública.
La Ley establece, así mismo, las obligaciones y responsabilidades de los 
prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de 
transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la Red. En general,
éstas imponen a dichos prestadores un deber de colaboración para impedir que 
determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando. Las 
responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de estas normas no 
son sólo de orden administrativo, sino de tipo civil o penal, según los bienes 
jurídicos afectados y las normas que resulten aplicables.
Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger los intereses de los 
destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías 
suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta
finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de mostrar 
sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet; la de informar a 
los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a 
éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, 
en su caso, el contrato. Cuando la contratación se efectúe con consumidores, el 
prestador de servicios deberá, además, guiarles durante el proceso de 
contratación, indicándoles los pasos que han de dar y la forma de corregir 
posibles errores en la introducción de datos, y confirmar la aceptación realizada 
una vez recibida.
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la ley establece que 
éstas deban identificarse como tales, y prohibe su envío por correo electrónico u 
otras vías de comunicación electrónica equivalente, salvo que el destinatario haya 
prestado su consentimiento.
4
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al 
afirmar la Ley, de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección de 
los contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento
prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa de 
esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la 
equivalencia entre los contratos formalizados en papel o cualquier otro soporte 
documental y los celebrados por vía electrónica.
Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de celebración de 
los contratos electrónicos, resolviendo, las incertidumbres que genera la 
traslación a este ámbito de las normas contenidas en los Códigos Civil y de
Comercio para el único supuesto similar a éste que contemplan, que es el de la 
aceptación por carta.
La Ley promueve la elaboración de Códigos de conducta sobre las 
materias reguladas en esta Ley, al considerar que son un instrumento de 
autorregulación especialmente apto para adaptar los diversos preceptos de la Ley
a las características específicas de cada sector. Por su sencillez, rapidez y 
comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los 
procedimientos alternativos de resolución de conflictos que puedan crearse 
mediante Códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir en la 
contratación electrónica, y en el uso de los demás servicios de la sociedad de la 
información. Se favorece, además, el uso de medios electrónicos en la 
tramitación de dichos procedimientos, respetando, en su caso, las normas que, 
sobre la utilización de dichos medios, establezca la normativa específica sobre 
arbitraje.
De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE, 
se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la 
realización de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses
de los consumidores y usuarios. Para el ejercicio de esta acción, deberá tenerse 
en cuenta, además de lo dispuesto en esta Ley, lo establecido en la Ley general 
de incorporación de la Directiva 98/27/CE.
La Ley prevé, así mismo, la posibilidad de que los ciudadanos y entidades 
se dirijan a diferentes Ministerios y órganos administrativos para obtener 
información práctica sobre distintos aspectos relacionados con las materias 
objeto de esta Ley, lo que requerirá el establecimiento de mecanismos que 
aseguren la máxima coordinación entre ellos y la homogeneidad y coherencia de 
la información suministrada a los usuarios.
Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado pero 
eficaz, como indica le Directiva 2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de 
servicios del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
La presente disposición ha sido elaborada siguiendo un amplio proceso de 
consulta pública y ha sido sometida al procedimiento de información en materia 
de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la 
Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 
1998, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto
Artículo 1. Objeto.
1.	Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios 
de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo 
referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que 
actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de 
telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la 
información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las 
condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable 
a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán sin perjuicio de lo 
que la legislación sectorial establece en relación con las actividades y 
operaciones que son objeto de regulación específica y, en particular, de las 
condiciones relativas a las mercancías y bienes tangibles, a su entrega y a los 
servicios no prestados por medios electrónicos; del régimen jurídico aplicable 
a la protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda de la 
defensa nacional, a los datos personales, a los derechos de los consumidores 
y usuarios y a los servicios financieros; del régimen tributario aplicable a los 
servicios de la sociedad de la información y de la normativa reguladora de 
Defensa de la competencia.
Capítulo II
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Prestadores de servicios establecidos en España.
1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.
Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España 
cuando su residencia se halle en territorio español conforme a la normativa 
fiscal aplicable.
2. Así mismo, esta Ley será de aplicación a los prestadores que, sin ser 
residentes en España, presten servicios de la sociedad de la información a 
través de un establecimiento permanente situado en España. Se considerará 
como "establecimiento permanente" el definido a efectos fiscales.
3. A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de 
servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus 
sucursales se haya inscrito en un Registro Mercantil español.
La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la 
prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por 
sí solo, el establecimiento en España del prestador.
4. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en 
España estarán sujetos a las demás disposiciones del Ordenamiento jurídico 
español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen, 
con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización.
Artículo 3. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
1. Esta Ley se aplicará a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique 
en España y los servicios afecten a las materias siguientes:
a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.
b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
c) Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de 
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por los 
consumidores.
e) Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación 
aplicable a su contrato.
Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.
2. En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción de 
derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a lo 
dispuesto en el Derecho español.
3. Los prestadores de servicios a los que se refiere el apartado primero quedarán 
igualmente sometidos a las normas españolas que regulen las materias 
señaladas en dicho apartado.
4. No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los supuestos en 
que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias enumeradas 
en el apartado primero, no fuera de aplicación la ley del país en que resida o 
esté establecido el destinatario del servicio.
Artículo 4. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la 
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación lo dispuesto 
en la presente Ley, cuando dirijan específicamente sus servicios al territorio
español, siempre que no contravenga lo establecido en tratados o convenios 
internacionales que sean aplicables.
Articulo 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.
Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y servicios 
de la sociedad de la información:
a) Los servicios prestados por Notarios y Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
b) Los servicios relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor 
económico.
c) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus 
funciones de representación y defensa en juicio.
TÍTULO II
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Capítulo I
Principio de libre prestación de servicios 
Artículo 6. No sujeción a autorización previa.
La prestación de servicios de la sociedad de información no estará sujeta a 
autorización previa.
Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el 
ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la 
prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios.
Artículo 7. Principio de libre prestación de servicios.
1. La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de 
un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de 
servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los 
mismos por razones derivadas del ámbito normativo coordinado, excepto en 
los supuestos previstos en los artículos 3 y 8.
2. La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la 
información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio 
Económico Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten 
de aplicación.
Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios.
1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información 
atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, 
las autoridades competentes para su protección, en ejercicio de las funciones 
que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias 
para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. 
Los principios a que alude este apartado son los siguientes:
a) la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad 
pública y la defensa nacional,
b) la protección de la salud pública o de los consumidores y usuarios, incluso 
cuando actúen como inversores en el ámbito del mercado de valores,
c) el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación 
por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra 
circunstancia personal o social, y
d) la protección de la juventud y de la infancia.
En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude 
este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y
procedimientos previstos en el Ordenamiento jurídico para proteger los 
derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos 
personales, a la libertad de expresión y a la libertad de información, cuando 
éstos pudieran resultar afectados.
2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción 
de la prestación de un servicio o la retirada de datos procedentes de un 
prestador establecido en otro Estado, el órgano competente estimara
necesario impedir el acceso desde España a los mismos, podrá ordenar a los 
prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, 
directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, que tomen las medidas necesarias para impedir dicho acceso.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 cuando los datos que 
deban retirarse o el servicio que deba interrumpirse procedan de un prestador 
establecido en España.
3. Las medidas de restricción a que hace referencia este artículo serán objetivas, 
proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en 
ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos
administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación 
procesal que corresponda.
4. Fuera del ámbito de los procesos judiciales, cuando se establezcan 
restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que 
proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo distinto de España, se seguirá el siguiente 
procedimiento:
a) La autoridad competente pedirá al Estado miembro en que esté 
establecido el prestador afectado que adopte las medidas oportunas. En el 
caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicha autoridad
notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea y al Estado miembro 
las medidas que tiene intención de adoptar.
b) En los supuestos de urgencia, la autoridad competente podrá adoptar las 
medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a 
la Comisión europea en el plazo de quince días desde su adopción. Así 
mismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.
Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se 
realizarán siempre a través del órgano de la Administración General del 
Estado competente para la comunicación y transmisión de información a las 
Comunidades Europeas.
Capítulo II
Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores 
de servicios de la sociedad de la información
Sección 1 a 
Obligaciones
Articulo 9. Constancia registral del nombre de dominio.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en 
España deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren 
inscritos, o a aquel otro Registro Público en el que lo estuvieran para la
adquisición de personalidad jurídica, el nombre, nombres de dominio o 
direcciones de Internet que utilicen con carácter permanente, así como todo 
acto de sustitución o cancelación de los mismos, salvo que dicha información 
conste ya en el correspondiente Registro.
2. Los nombres de dominio y su sustitución o cancelación se anotarán en la hoja 
abierta a cada prestador de servicios, de conformidad con las normas 
reguladoras de cada Registro.
Las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles se comunicarán 
inmediatamente al Registro Mercantil Central para su inclusión entre los datos 
que son objeto de publicidad informativa por dicho Registro.
3. La obligación de comunicación a que se refiere el apartado primero deberá 
cumplirse en el plazo de un mes desde la obtención, sustitución o cancelación 
del correspondiente nombre de dominio o dirección de Internet.
Artículo 10. Información general.
1. Sin perjuicio de los requisitos que, en materia de información se establecen en 
la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información 
estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los
destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por 
medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la 
siguiente información:
a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su 
defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en 
España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que 
permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
b) Los datos de su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 9.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de 
autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y 
los identificativos de la autoridad competente encargada de su supervisión.
d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
-	Los datos del colegio profesional al que, en su caso, pertenezca.
-	El título académico oficial o profesional con el que cuente.
-	El Estado de la Unión Europea en el que se expidió dicho título y, en su 
caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
- Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los 
medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los 
electrónicos.
e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
f) Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, 
indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los 
gastos de envío.
g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera 
de consultarlos electrónicamente.
2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador 
la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el 
apartado primero.
Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de 
intermediación.
1. Cuando una autoridad competente por razón de la materia, hubiera ordenado, 
en ejercicio de las funciones que legalmente tenga atribuidas, que se 
interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la
retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores 
establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los 
prestadores de servicios de intermediación, podrá ordenar a dichos 
prestadores, directamente o mediante solicitud motivada al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, que suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, 
el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro 
servicio equivalente de intermediación que realizaran.
2. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado 
anterior, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos 
previstos en el Ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad
personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de 
expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar 
afectados.
Sección 2a 
Régimen de responsabilidad
Artículo 12. Régimen de responsabilidad de los prestadores de los servicios 
de la sociedad de la información.
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos 
a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general 
en el Ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, con las
particularidades que deriven de la aplicación de la legislación sobre derechos de 
los consumidores y usuarios.
Artículo 13. Responsabilidad en cuanto a los contenidos.
1. Con carácter general, los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información serán responsables por los contenidos que ellos mismos elaboren 
o que se hayan elaborado por cuenta suya.
2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios que, en el 
ejercicio de actividades de intermediación, transmitan, copien, almacenen, o 
localicen, contenidos ajenos, se estará a lo establecido en los artículos 
siguientes.
Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de 
acceso.
1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a 
una red de telecomunicaciones que presten un servicio de la sociedad de la 
información que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones
datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no 
serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos 
hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a 
los destinatarios de dichos datos.
No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de 
los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.
2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el 
apartado anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y 
transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su 
transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el 
tiempo razonablemente necesario para ello.
Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan 
copia temporal de los datos solicitados por los usuarios.
Los prestadores de un servicio de la sociedad de la información que 
transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un 
destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su 
transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus 
sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por 
el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:
a) no modifican la información,
b) permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones 
impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita,
c) respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la 
actualización de la información,
d) no interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y 
empleada por el sector, con el fin de obtener y devolver al destinatario origen 
de la información datos sobre la utilización de ésta, y
e) retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a 
ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:
que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente,
que se ha imposibilitado el acceso a ella, o
que un tribunal o autoridad administrativa competente ha ordenado 
retirarla o impedir que se acceda a ella.
Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento 
o almacenamiento de datos.
1. Los prestadores de un servicio de la sociedad de la información consistente 
en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán 
responsables por la información almacenada a petición del destinatario, 
siempre que:
a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información 
almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero 
susceptibles de indemnización, o
b) si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el 
acceso a ellos.
Sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos 
que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros 
medios de conocimiento que pudieran establecerse, se entenderá que no 
concurren las circunstancias señaladas en la letra a) cuando una autoridad 
competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que 
se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de 
la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado primero no operará 
en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, 
autoridad o control de su prestador.
Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten 
enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten 
enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos 
de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que 
dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:
a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la 
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos 
de un tercero susceptibles de indemnización, o
b) si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente.
Sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos 
que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros 
medios de conocimiento que pudieran establecerse, se entenderá que no 
concurren las circunstancias señaladas en la letra a) cuando una autoridad 
competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que
se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de 
la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado primero no operará 
en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, 
autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos 
contenidos.
Capítulo 111
Códigos de Conducta
Artículo 18. Códigos de conducta.
1. La Administración General del Estado impulsará, a través de la coordinación y 
el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta de 
ámbito nacional o, cuando ello resulte apropiado, comunitario, por parte de las 
corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de 
consumidores, con objeto de hacer efectivo lo dispuesto en esta Ley.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los 
procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la 
protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de 
comunicaciones comerciales no solicitadas así como sobre los procedimientos 
extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación 
de los servicios de la sociedad de la información.
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de procurarse la participación de 
las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones que 
representen a los discapacitados, cuando afecten a sus respectivos intereses.
Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta tendrán 
especialmente en cuenta la protección de los menores y de la dignidad 
humana, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos específicos sobre 
estas materias.
3. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados 
precedentes deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentará su 
traducción a otras lenguas oficiales en la Comunidad europea, con objeto de 
darles mayor difusión.
TÍTULO 111 
COMUNICACIONES COMERCIALES POR VÍA ELECTRÓNICA
Artículo 19. Régimen jurídico.
1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán 
además de por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente en 
materia comercial y de publicidad.
2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 1511999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo, en especial, en lo que se refiere a la obtención de datos
personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de 
ficheros de datos personales.
Artículo 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, 
ofertas promocionales y concursos.
1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser 
claramente identificables como tales y deberán indicar la persona física o 
jurídica en nombre de la cual se realizan.
En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del 
mensaje la palabra "publicidad".
2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan 
descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa 
la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el, apartado anterior y en las 
normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados 
como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación se 
expresen de forma clara e inequívoca.
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través 
de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales 
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que 
previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los 
destinatarios de las mismas.
Artículo 22. Derechos de los destinatarios de comunicaciones comerciales.
1. Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de correo 
electrónico durante el proceso de contratación o de suscripción a algún 
servicio y el prestador pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de 
comunicaciones comerciales, deberá poner en conocimiento de su cliente esa 
intención y solicitar su consentimiento para la recepción de dichas 
comunicaciones, antes de finalizar el procedimiento de contratación.
2. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple 
notificación de su voluntad al remitente.
A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos 
sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el 
consentimiento que hubieran prestado.
Así mismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos 
sobre dichos procedimientos.
TÍTULO IV
CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA
Artículo 23. Validez y eficacia	de los	contratos	celebrados por vía 
electrónica.
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos 
previstos por el Ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y 
los demás requisitos necesarios para su validez.
Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por 
los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o 
mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los 
consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.
2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será 
necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios 
electrónicos.
3. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos 
relativos al Derecho de familia y sucesiones.
4.	Los contratos, negocios o actos jurídicos, en los que la Ley determine para su 
validez o para la producción de determinados efectos, la forma documental 
pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, 
Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles o autoridades públicas, 
se regirán por su legislación específica.
Artículo 24. Valorjuridico de los contratos celebrados por vía electrónica.
1. Los contratos celebrados por vía electrónica tendrán, respecto de las 
obligaciones que resulten de ellos, el mismo valor jurídico que los formalizados 
en cualquier otro soporte documental.
Si se exigiese la forma documental pública para la validez y eficacia del 
negocio, acto o contrato, se estará a lo que disponga su legislación específica.
2. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las 
obligaciones que tienen su origen en él, se regirá por las reglas generales del 
Ordenamiento jurídico.
3. La transcripción escrita del contrato celebrado por vía electrónica tendrá la 
consideración de documento privado, a efectos de su incorporación como 
prueba a un proceso judicial.
Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.
1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad 
que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en 
que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos 
terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a 
las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.
2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que 
hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo 
estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
Los terceros de confianza se ajustarán en el ejercicio de su actividad, a 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 26. Ley aplicable.
Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará 
a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Ley, y, en su defecto, a las demás 
normas de Derecho internacional privado del Ordenamiento jurídico español.
Artículo 27. Obligaciones	previas	al	inicio	del	procedimiento	de 
contratación.
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se 
establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de 
la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la
obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e 
inequívoca y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los 
siguientes extremos:
a) los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato,
b) si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice 
el contrato y si éste va a ser accesible,
c) los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir 
errores en la introducción de los datos, y
d) la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el 
apartado anterior cuando:
a) ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la 
consideración de consumidor, o
b) el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de 
correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, 
cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de 
eludir el cumplimiento de tal obligación.
3. Las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán 
válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el 
tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de 
servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones 
generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas 
puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato.
1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la 
hizo por alguno de los siguientes medios:
a) el envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, a la dirección que el aceptante haya 
señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de 
la aceptación, o
b) la confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento 
de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante 
haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda 
ser archivada por su destinatario.
En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un 
destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha 
obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios
indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la 
confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.
2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las 
partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.
En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante 
acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida 
constancia, desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté
dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para 
la recepción de comunicaciones.
3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta 
cuando:
a) ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la 
consideración de consumidor, o
b) el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de 
correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, 
cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de 
eludir el cumplimiento de tal obligación.
Artículo 29. Momento de prestación del consentimiento.
En los contratos electrónicos, se entenderá prestado el consentimiento en 
el momento en que el destinatario de la oferta de contratación emite su 
aceptación.
Artículo 30. Lugar de celebración del contrato.
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como 
parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su 
residencia habitual.
Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto 
de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté 
establecido el prestador de servicios.
TÍTULO V
SOLUCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
Capítulo I 
Acción de cesación
Artículo 31. Acción de cesación.
1. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses 
colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de 
cesación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la conducta contraria a la presente ley y a prohibir su 
reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la
realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar 
la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de 
modo inminente.
3. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.
Artículo 32. Legitimación activa.
Están legitimados para interponer la acción de cesación:
a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo. 
a) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y 
condiciones previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) Las asociaciones de consumidores y usuarios.
d) El Ministerio Fiscal.
e) El Instituto Nacional de Consumo y los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en 
materia de defensa de los consumidores.
f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea 
constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los 
consumidores que estén habilitadas ante la Comisión europea mediante su
inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de fas 
Comunidades Europeas.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la 
capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar 
si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de 
la acción.
Capítulo II
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 33. Solución extrajudicial de conflictos.
1. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información 
podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de 
arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos
de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos 
de conducta u otros instrumentos de autorregulación.
2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que hace 
referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos, en 
los términos que establezca su normativa específica.
TÍTULO VI
INFORMACIÓN Y CONTROL
Artículo 34. Información a los destinatarios y prestadores de servicios.
Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la 
información podrán dirigirse a los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Justicia, 
de Economía y de Sanidad y Consumo y a los órganos competentes en materia 
de consumo, para:
a) conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones 
contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratación 
electrónica,
b) informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial 
de conflictos, y
c) obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que 
puedan facilitarles información adicional o asistencia práctica.
La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios 
electrónicos.
Artículo 35. Comunicación de resoluciones relevantes.
1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en la 
forma y con la periodicidad que se acuerde mediante convenio entre ambos 
órganos, todas las resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos
relevantes sobre la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía 
electrónica, sobre su utilización como prueba en juicio, o sobre los derechos, 
obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Los órganos arbitrales y los responsables de los demás procedimientos de 
resolución extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 33.1 
comunicarán al Ministerio de Justicia los laudos o decisiones que revistan
importancia para la prestación de servicios de la sociedad de la información y 
el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados en el apartado 
anterior.
3. En la comunicación de las resoluciones, laudos y decisiones a que se refiere 
este artículo, se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar el 
derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las 
personas identificadas en ellos.
Artículo 36. Supervisión y control.
1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento por los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información, de las obligaciones 
establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se 
refiere a los servicios propios de la sociedad de la información.
No obstante, las referencias a las autoridades competentes contenidas en 
los artículos 8, 10, 11, 16 y 17 se entenderán hechas a los órganos 
jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en función de la 
materia.
2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá realizar las actuaciones 
inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.
Los funcionarios adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología que 
ejerzan la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la 
consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.
3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las 
conductas realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información estuvieran sujetas, por razón de la materia o del tipo de entidad
de que se trate, a ámbitos competenciales, de tutela o de supervisión 
específicos, con independencia de que se lleven a cabo utilizando técnicas y 
medios telemáticos o electrónicos, los órganos a los que la legislación 
sectorial atribuya competencias de control, supervisión, inspección o tutela 
específica, ejercerán las funciones que les correspondan.
Artículo 37. Deber de colaboración.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen la 
obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás 
órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración 
precisas para el ejercicio de sus funciones.
Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el 
acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante 
para la actividad de control de que se trate, siendo de aplicación, en su caso,
lo dispuesto en el articulo 8.5 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
2. Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora, se tuviera 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones 
tipificadas en otras leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos u 
organismos competentes para su supervisión y sanción.
TÍTULO VII 
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 38. Responsables.
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos 
al régimen sancionador establecido en este Título cuando la presente Ley les sea 
de aplicación.
Artículo 39. Infracciones.
1.	Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, 
graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad administrativa 
competente en virtud del artículo 8 para la protección de los intereses 
generales señalados en el mismo.
b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el 
alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro 
servicio equivalente de intermediación, cuando lo ordene una autoridad 
administrativa competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.
3. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de lo establecido en las letras a) y f) del artículo 10.1
b) El envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones 
comerciales por correo electrónico u otro medio de_ comunicación 
electrónica equivalente a un mismo destinatario que reo haya autorizado su 
remisión.
c) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones 
generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en 
el artículo 27.
d) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de 
una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se 
haya celebrado con un consumidor.
e) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos 
facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley.
4. Son infracciones leves:
a) La falta de comunicación al Registro Público en que estén inscritos, para 
su anotación en él, el nombre o nombres de dominio o direcciones de 
Internet que empleen para la prestación de servicios de la sociedad de la 
información.
b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos 
señalados en las letras b), c), d), e) y g) del mismo.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones 
comerciales, ofertas promocionales y concursos.
d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente a los destinatarios que no 
hayan autorizado su remisión, cuando no constituya infracción grave.
e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las 
partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.
f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una 
petición en los términos establecidos en el artículo 28, cuando no se haya 
pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor, 
salvo que constituya infracción grave.
Artículo 40. Sanciones.
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se 
impondrán las siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de hasta 600.000 euros.
La reiteración en el plazo de tres años, de dos o más infracciones muy 
graves, sancionadas con carácter firme, podrá dar lugar, en función de sus 
circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación en España, 
durante un plazo máximo de dos años.
b) Por la comisión de infracciones graves, multa de hasta 300.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 90.000 euros.
2.	Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, 
a costa del sancionado, de la resolución sancionadora en el 'Boletín Oficial
del Estado", en dos periódicos de difusión nacional o en la página de inicio 
del sitio de Internet del prestador, una vez que aquélla tenga carácter firme.
Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social 
de la infracción cometida, por el número de usuarios o de contratos 
afectados, y la gravedad del ilícito.
3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley 
hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente 
sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que 
tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los 
servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de dos años en el 
caso de infracciones muy graves, un año en el de infracciones graves y seis 
meses en de infracciones leves.
Artículo 41. Graduación de la cuantía de las sanciones.
La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los 
siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f)	Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
Artículo 42. Medidas de carácter provisional.
1.	En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves 
se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter 
provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias para 
asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y 
las exigencias de los intereses generales.
En particular, podrán acordarse las siguientes:
a)	suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su 
caso, cierre provisional de sus establecimientos;
b)	precinto, depósito _.o incautación de registros, soportes y archivos 
informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y 
equipos informáticos de todo tipo;
c)	advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y 
de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como 
de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el apartado 
anterior, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y 
procedimientos previstos en el Ordenamiento jurídico para proteger los 
derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos 
personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando 
estos pudieran resultar afectados.
3.	En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a 
adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses 
implicados, las medidas provisionales previstas en el presente artículo 
podrán ser acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador. Las
medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo 
de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince 
días siguientes. a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el 
procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación 
no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 43. Multa coercitiva.
El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento 
sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 
6.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales 
que hubieran sido acordadas.
Artículo 44. Competencia sancionadora.
1. La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley 
corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Ciencia y 
Tecnología y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de 
.Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de 
las resoluciones dictadas por los órganos o autoridades competentes en 
función de la materia o entidad de que se trate a que se refieren las letras a) y
b) del artículo 39.2 de esta Ley corresponderá al órgano o autoridad que dictó 
la resolución incumplida.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad 
con lo establecido al respecto en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en sus normas de desarrollo.
Artículo 45. Concurrencia de infracciones y sanciones.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley será 
independiente de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza 
penal. No obstante, cuando se esté tramitando un proceso penal por los 
mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a 
esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedará suspendido 
respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la 
autoridad judicial.
Reanudado el expediente, en su caso, la resolución que se dicte deberá 
respetar los hechos declarados probados en la resolución judicial.
2. La imposición de una sanción prevista en esta Ley no impedirá la tramitación y 
resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u organismos 
competentes en cada caso cuando la conducta infractora se hubiera cometido
utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en 
otra Ley, siempre que no haya identidad de bien jurídico protegido.
3. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en esta Ley 
cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra 
tipificada en la normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del servicio 
y exista identidad del bien jurídico protegido.
Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones
tipificadas en otras leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos u 
organismos competentes para su supervisión y sanción.
Artículo 46. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 
dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy 
graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años 
y las impuestas por faltas leves al año.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Significado de los términos empleados 
por esta Ley.
A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo tendrán 
el significado que allí se les asigna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Medicamentos y productos sanitarios.
La prestación de servicios de la sociedad de la información relacionados con 
los medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto en su 
legislación específica.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Sistema arbitral de consumo.
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información 
podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de 
aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo.
La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas otras de ámbito territorial 
inferior, autorizadas para ello por el Instituto Nacional del Consumo, podrán dirimir 
los conflictos planteados por los consumidores de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 63611993, de 3 de mayo, que regula el sistema arbitral de consumo, 
a través de medios telemáticos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Anotación en los correspondientes 
Registros Públicos de los nombres de dominio otorgados antes de la 
entrada en vigor de esta Ley.
Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya 
vinieran utilizando uno o más nombres de dominio o direcciones de Internet
deberán solicitar su anotación en el Registro Público en que figuraran inscritos a 
efectos constitutivos, en el plazo de un año, desde la referida entrada en vigor.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Servicios financieros.
El artículo 7 de la presente Ley se aplicará a los servicios financieros a partir 
del 1 de enero de 2005.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Fundamento constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8a y 21a de la Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación al Gobierno.
Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en 
esta Ley.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Distintivo de adhesión a Códigos de 
Conducta que incorporen determinadas garantías.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el 
Gobierno aprobará un distintivo que permita identificar a los prestadores de 
servicios que respeten Códigos de conducta adoptados con la participación del
Consejo de Consumidores y Usuarios, y que incluyan, entre otros requisitos, la 
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y el establecimiento de procedimientos 
para la detección y retirada de contenidos ilícitos, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor. 
--~ - Esta "Léy entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado".
ANEXO 
Definiciones
A-los efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) "Servicios de la sociedad de la información" o "servicios": todo servicio 
prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a 
petición individual del destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende 
también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en 
que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.
Son servicios de la sociedad de la información, entre otros, y siempre que 
representen una actividad económica, los siguientes:
la contratación de bienes o servicios por vía electrónica,
la organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de 
mercados y centros comerciales virtuales,
la gestión de compras en la Red por grupos de personas,
el envío de comunicaciones comerciales,
el suministro de información por vía telemática,
el alojamiento de datos, aplicaciones o servicios, facilitados por el 
destinatario del servicio de alojamiento,
el ofrecimiento de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de 
datos, la transmisión de información a través de una red de 
telecomunicaciones, o
el vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar 
a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su 
suministro y recepción, y, en general, la distribución de contenidos previa 
petición individual.
No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información 
los que no reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este 
apartado, y, en particular, los siguientes:
los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
el intercambio de información por medio de correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la 
actividad económica de quienes lo utilizan,
los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de 
cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3 a) de la Ley 25/1994, 
de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento jurídico español la 
Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya,
-	los servicios de radiodifusión sonora, y
-	el teletexto televisivo.
b) "Servicio de intermediación": servicio de la sociedad de la información por el 
que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la 
información o el acceso a la información.
Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a 
Internet, la. transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la 
realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los 
usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o 
servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, 
acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.
c) "Prestador de servicios" o "prestador": persona física o jurídica que 
proporciona un servicio de la sociedad de la información.
d) °Destinatario del servicio" o "destinatario": persona física o jurídica que utiliza, 
sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la 
información.
e) "Consumidor": persona física o jurídica en los términos establecidos en el 
artículo 1 de la Ley 2611984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.
f) "Comunicación comercial": toda forma de comunicación dirigida a la 
promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una 
empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, 
industrial, artesanal o profesional.
A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación 
comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una 
persona, empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la
dirección de corred electrónico, ni las comunicaciones relativas a los bienes, 
los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un 
tercero y sin contraprestación económica.
g) "Profesión regulada": toda actividad profesional que requiera para su ejercicio 
la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
h) "Contrato celebrado por vía electrónica" o "contrato electrónico": todo contrato 
en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos 
electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red 
de telecomunicaciones.
i) "Ámbito normativo coordinado": todos los requisitos aplicables a los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos
por la presente ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades 
económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de 
aplicación, y que se refieran a los siguientes aspectos:
comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales o 
cualifícaciones requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones 
administrativas o colegiales precisas, los regímenes de notificación a 
cualquier autoridad u organismo público o privado, y
posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos referentes a la 
actuación del prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido 
del servicio, o los que afectan a la publicidad y a la contratación por vía 
electrónica y a la responsabilidad del prestador de servicios.
No quedan incluidos en este ámbito, las condiciones relativas a las 
mercancías y bienes tangibles, a su entrega ni a los servicios no prestados 
por medios electrónicos.
EL DERECHO
COMUNIDADES EUROPEAS
2000158195 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2000, relativa a determinados aspectos .jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre 
el comercio electrónico).
(DOCE L 178/2000 de 17-07-2000, pág. 1)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su art. 47, y sus 
arts. 55 y 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el art. 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1) La Unión Europea tiene como objetivo crear una unión cada vez más estrecha entre los Estados y los 
pueblos europeos, así como asegurar el progreso económico y social. De conformidad con el apartado 2 del 
art. 14 del Tratado, el mercado interior supone un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento están garantizadas. El desarrollo de los 
servicios de la sociedad de la información en el espacio sin fronteras interiores es un medio esencial para 
eliminar las barreras que dividen a los pueblos europeos.
(2) El desarrollo del comercio electrónico en la sociedad de la información ofrece importantes oportunidades 
para el empleo en la Comunidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que facilitará el 
crecimiento de las empresas europeas, así como las inversiones en innovación, y también puede 
incrementar la competitividad de la industria europea, siempre y cuando Internet sea accesible para todos.
(3) El Derecho comunitario y las características del ordenamiento jurídico comunitario constituyen una baza 
fundamental para que los ciudadanos y los agentes europeos puedan disfrutar plenamente, y sin tener en 
cuenta las fronteras, de las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. La presente Directiva tiene, por 
consiguiente, como finalidad garantizar un elevado nivel de integración jurídica comunitaria con objeto de 
establecer un auténtico espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de la 
información.
(4) Es importante que el comercio electrónico pueda beneficiarse plenamente del mercado interior y que se 
alcance un alto grado de integración comunitaria, como en el caso de la Directiva 891552/CEE del Consejo, 
de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (4).
(5) El desarrollo de los servicios de la sociedad de la información en la Comunidad se ve entorpecido por 
cierto número de obstáculos jurídicos que se oponen al buen funcionamiento del mercado interior y que 
hacen menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre circulación de servicios. 
Dichos obstáculos tienen su origen en la disparidad de legislaciones, así como en la inseguridad jurídica de 
los regímenes nacionales aplicables a estos servicios; a falta de coordinación y ajuste de las legislaciones en 
los ámbitos en cuestión, hay obstáculos que pueden estar justificados con arreglo a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y existe una inseguridad jurídica sobre el alcance del 
control que los Estados miembros pueden realizar sobre los servicios procedentes de otro Estado miembro.
(6) Atendiendo a los objetivos comunitarios, a lo dispuesto en los arts. 43 y 49 del Tratado y al Derecho 
derivado comunitario, conviene suprimir dichos obstáculos coordinando determinadas legislaciones 
nacionales y aclarando conceptos jurídicos a nivel comunitario, en la medida en que sea necesario para el 
buen funcionamiento del mercado interior. La presente Directiva, al no tratar sino algunos puntos específicos 
que plantean problemas para el mercado interior, es plenamente coherente con la necesidad de respetar el 
principio de subsidiariedad de conformidad con el art. 5 del Tratado.
(7) Es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores que la presente 
Directiva establezca un marco claro y de carácter general para determinados aspectos jurídicos del comercio 
electrónico en el mercado interior.
(8) El objetivo de la presente Directiva es crear un marco jurídico que garantice la libre circulación de los 
servicios de la sociedad de la información entre Estados miembros y no armonizar el campo de la legislación 
penal en sí.
(9) La libre circulación de los servicios de la sociedad de la información puede constituir, en muchos casos, 
un reflejo específico en el Derecho comunitario de un principio más general, esto es, de la libertad de 
expresión consagrada en el apartado 1 del art. 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, ratificado por todos los Estados miembros; por esta razón, las Directivas 
que tratan de la prestación de servicios de la sociedad de la información deben garantizar que se pueda 
desempeñar esta actividad libremente en virtud de dicho artículo, quedando condicionada únicamente a las 
restricciones establecidas en al apartado 2 de dicho artículo y en el apartado 1 del art. 46 del Tratado. La 
presente Directiva no está destinada a influir en las normas y principios nacionales fundamentales relativos a 
la libertad de expresión.
(10) De conformidad con el principio de proporcionalidad, las medidas previstas en la presente Directiva se 
limitan al mínimo necesario para conseguir el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior. En 
aquellos casos en que sea necesaria una intervención comunitaria y con el fin de garantizar que realmente 
dicho espacio interior no presente fronteras interiores para el comercio electrónico, la Directiva debe 
garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los 
menores y la dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública. A tenor de lo dispuesto en 
el art. 152 del Tratado, la protección de la salud es un componente esencial de las demás políticas 
comunitarias.
(11) La presente Directiva no afecta al nivel de protección, en particular, de la salud pública y de los intereses 
de los consumidores fijados en los instrumentos comunitarios; entre otras, la Directiva 93113/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 
(5) y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la 
protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (6), constituyen un instrumento esencial 
para la protección del consumidor en materia contractual. Dichas Directivas se seguirán aplicando en su 
integridad a los servicios de la sociedad de la información; también forman parte de este acervo comunitario, 
plenamente aplicable a los servicios de la sociedad de la información, en particular, la Directiva 84/450/CEE 
del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (7), la 
Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 d e diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al 
consumo (8), la Directiva 93122/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de 
inversión en el ámbito de los valores negociables (9), la Directiva 901314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 
1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (10), la 
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección 
de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores 
(11), la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los 
productos (12), la Directiva 94147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, 
sobre el derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (13), la Directiva 98127/CE de 
I Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia 
de protección de los intereses de los consumidores (14), la Directiva 851374/CEE del Consejo, de 25 de julio 
de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (15), la 
Directiva 1999144/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de abril de 1999, sobre determinados 
aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (16), la futura Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores y la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los 
medicamentos para uso humano (17). La presente Directiva no debe afectar a la Directiva 98143/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 19 98, relativa a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio 
de los productos del tabaco (18), adoptadas en el marco del mercado interior ni a otras Directivas sobre 
protección de la salud pública. La presente Directiva completa los requisitos de información establecidos en 
las Directivas mencionadas y, en particular, en la Directiva 97/7/CE.
(12) Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva algunas actividades habida 
cuenta de que, en el momento presente, la libre circulación de servicios no puede quedar garantizar con 
arreglo al Tratado o al actual Derecho comunitario derivado. Esta exclusión no va en perjuicio de los posibles 
instrumentos que puedan resultar necesarios para el buen funcionamiento del mercado interior; las 
cuestiones fiscales y, concretamente, el impuesto sobre el valor añadido -que grava gran número de los 
servicios objeto de la presente Directiva- deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(13) La presente Directiva no tiene la finalidad de establecer normas sobre obligaciones fiscales; tampoco 
prejuzga la elaboración de instrumentos comunitarios relativos a aspectos fiscales del comercio electrónico.
(14) La protección de las personas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal se rige 
únicamente por la Directiva 95146/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (19) y la Directiva 97166/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las telecomunicaciones (20), que son enteramente aplicables a los servicios de la sociedad de la 
información. Dichas Directivas establecen ya un marco jurídico comunitario en materia de datos personales 
y, por tanto, no es necesario abordar este aspecto en la presente Directiva para garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior, en particular la libre circulación de datos personales entre Estados 
miembros. La aplicación y ejecución de la presen te Directiva debe respetar plenamente los principios 
relativos a la protección de datos personales, en particular en lo que se refiere a las comunicaciones 
comerciales no solicitadas y a la responsabilidad de los intermediarios, la presente Directiva no puede evitar 
el uso anónimo de redes abiertas como Internet.
(15) La confidencia lidad de las comunicaciones queda garantizada por el art. 5 de la Directiva 97/66/CE; 
basándose en dicha Directiva, los Estados miembros deben prohibir cualquier forma de interceptar o vigilar 
esas comunicaciones por parte de cualquier persona que no sea su remitente o su destinatario salvo que 
esté legalmente autorizada.
(16) La exclusión de las actividades relacionadas con los juegos de azar del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se refiere sólo a juegos de azar, loterías y apuestas, que impliquen una participación con 
valor monetario; ésta no se refiere a los concursos o juegos promocionales en que el objetivo sea fomentar la 
venta de bienes o servicios y en los que los pagos, si los hay, sólo sirven para adquirir los bienes o servicios 
publicitados.
(17) La definición de servicios de la sociedad de la información ya existe en el Derecho comunitario, y se 
recoge en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las 
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (21) y en la Directiva 98184/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los 
servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (22). Dicha definición se refiere a cualquier 
servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico para el 
tratamiento (incluida la compresión digital) y el almacenamiento de datos, y a petición individual de un 
receptor de un servicio; estos servicios a los que se hace referencia en la lista indicativa del anexo V de la 
Directiva 98134/CE que no implica tratamiento y almacen amiento de datos no están incluidos en la presente 
definición.
(18) Los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia variedad de actividades económicas 
que se desarrollan en línea; dichas actividades en particular consisten en la venta de mercancías en línea. 
Las actividades como la entrega de mercancías en sí misma o la prestación de servicios fuera de la línea no 
están cubiertas. Los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan 
lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una actividad económica,
son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer 
información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y 
recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios consistentes 
en transmitir información a través de una red de comunicación, o albergar información facilitada por el 
destinatario del servicio. La radiodifusión televisiva según se define en la Directiva 891552/CEE y la 
radiodifusión radiofónica no son servicios de la sociedad de la información, ya que no se prestan a petición 
individual; por el contrario, los servicios que se transmiten entre dos puntos, como el vídeo a la carta o el 
envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico son servicios de la sociedad de la información. 
El uso del correo electrónico o, por ejemplo, de sistemas equivalentes de comunicación entre individuos, por 
parte de personas físicas que actúan fuera de su profesión, negocio o actividad profesional, incluso cuando 
los usan para celebrar contratos entre sí, no constituyen un servicio de la sociedad de la información. La 
relación contractual entre un empleado y su empresario no es un servicio de la sociedad de la información; 
las actividades que por su propia naturaleza no pueden realizarse a distancia ni por medios electrónicos, 
tales como el control legal de la contabilidad de las empresas o el asesorami ento médico que requiere el 
reconocimiento físico de un paciente, no constituyen servicios de la sociedad de la información.
(19) Se debe determinar el lugar de establecimiento del prestador de servicios a tenor de lo dispuesto en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el concepto de establecimiento implica la realización 
efectiva de una actividad económica a través de un establecimiento fijo durante un período indefinido. Este 
requisito se cumple también cuando se constituye una sociedad durante un período determinado; cuando se 
trata de una sociedad que proporciona servicios mediante un sitio Internet, dicho lugar de establecimiento no 
se encuentra allí donde está la tecnología que mantiene el sitio ni allí donde se puede acceder al sitio, sino el 
lugar donde se desarrolla la actividad económica. En el supuesto de que existan varios establecimientos de 
un mismo prestador de servicios es importante determinar desde qué lugar de establecimiento se presta un 
servicio concreto; en caso de especial dificultad para determinar a partir de cual de los distintos lugares de 
establecimiento se pre sta un servicio dado, será el lugar en que el prestador tenga su centro de actividades 
en relación con ese servicio en particular.
(20) La definición del «destinatario de un servicio» abarca todos los tipos de utilización de los servicios de la 
sociedad de la información, tanto por personas que suministran información en redes abiertas tales como 
Internet, como las que buscan información en Internet por razones profesionales o privadas.
(21) El ámbito de aplicación del ámbito coordinado no prejuzga la futura armonización comunitaria en 
relación con los servicios de la sociedad de la información, ni la futura legislación nacional adoptada con 
arreglo al Derecho comunitario. El ámbito coordinado se refiere sólo a los requisitos relacionados con las 
actividades en línea, como la información en línea, la publicidad en línea, las compras en línea o la 
contratación en línea, y no se refiere a los requisitos legales del Estado miembro relativos a las mercancías, 
tales como las normas de seguridad, las obligaciones de etiquetado o la responsabilidad de las mercancías, 
ni a los requisitos del Estado miembro relativos a la entrega o transporte de mercancías, incluida la 
distribución de medicamentos. El ámbito coordinado no afecta al ejercicio del derecho preferente de las 
autoridades públicas en relación con determinados bienes, tales como las obras de arte.
(22) El control de los servicios de la sociedad de la información debe hacerse en el origen de la actividad 
para garantizar que se protegen de forma eficaz los intereses generales y que, para ello, es necesario 
garantizar que la autoridad competente garantice dicha protección no sólo en el caso de los ciudadanos de 
su país, sino en el de todos los ciudadanos de la Comunidad. Es indispensable precisar con claridad esta 
responsabilidad del Estado miembro de origen de los servicios para mejorar la confianza mutua entre los 
Estados miembros; además y con el fin de garantizar de forma eficaz la libre circulación de servicios y la 
seguridad jurídica para los prestadores de servicios y sus destinatarios, en principio estos servicios deben 
estar sujetos al régimen jurídico del Estado miembro en que está establecido el prestador de servicios.
(23) No es objetivo de la presente Directiva fijar normas adicionales de Derecho internacional privado 
relativas a conflictos entre legislaciones y no afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia. Las 
disposiciones de la legislación aplicable determinada por las normas del Derecho internacional privado no 
podrán restringir la libre prestación de servicios de la sociedad de la información tal como se enuncia en la 
presente Directiva.
(24) En el contexto de la presente Directiva, pese a la regla del control en el origen de los servicios de la 
sociedad de la información, resulta legítimo que, en las condiciones establecidas en la presente Directiva, los 
Estados miembros puedan tomar medidas dirigidas a restringir la libre circulación de los servicios de la
sociedad de la información.
(25) Los tribunales nacionales, incluidos los tribunales civiles, que conocen de controversias de Derecho 
privado pueden adoptar medidas que establecen excepciones a la libertad de prestar servicios en el marco 
de la sociedad de la información de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva.
(26) Los Estados miembros, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva, 
pueden aplicar sus normas nacionales sobre Derecho penal y enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar 
todas las medidas de investigación y otras, necesarias para la averiguación y persecución de delitos, sin que 
sea necesario notificar dichas medidas a la Comisión.
(27) La presente Directiva, junto con la futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, contribuye a la creación 
de un marco jurídico para la provisión en línea de servicios financieros. La presente Directiva no impide 
futuras iniciativas en el campo de los servicios financieros, en particular en relación con la armonización de 
normas de conducta en este terreno. La posibilidad, establecida por la presente Directiva, de que los Estados 
miembros restrinjan, en determinadas circunstancias, la libre provisión de servicios de la sociedad de la 
información a fin de proteger a los consumidores comprende también medidas en el ámbito de los servicios 
financieros, en particular medidas destinadas a proteger a los inversores.
(28) La obligación de los Estados miembros de no someter el acceso al ejercicio de la actividad de prestador 
de servicios de la sociedad de la información a autorización previa no se refiere a los servicios postales 
recogidos en la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, 
relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la 
Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (23), consistentes en el reparto físico de mensajes impresos 
de correo electrónico y que no afecta a los regímenes de acreditación voluntaria, en particular para los 
prestadores de servicios de certificación de firma electrónica.
(29) Las comunicaciones comerciales son esenciales para financiar los servicios de la sociedad de la 
información y el desarrollo de una amplia variedad de servicios nuevos y gratuitos. En interés de los 
consumidores y en beneficio de la lealtad de las transacciones, las comunicaciones comerciales -incluidas 
las rebajas, ofertas y concursos o juegos promocionales- deben respetar algunas obligaciones en cuanto a 
su transparencia; dichas obligaciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 97/7/CE. Lo 
dispuesto en la presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las Directivas existentes sobre 
comunicaciones comerciales y, especialmente, la Directiva 98/43/CE.
(30) El envío por correo electrónico de comunicaciones comerciales no solicitadas puede no resultar 
deseable para los consumidores y los prestadores de servicios de la sociedad de la información y trastornar 
el buen funcionamiento de las redes interactivas. La cuestión del consentimiento del destinatario en 
determinados casos de comunicaciones comerciales no solicitadas no se regula en la presente Directiva sino 
que ya está regulada, en particular, por las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE. En los Estados miembros que 
autoricen las comunicaciones comerciales por correo electrónico no solicitadas, deberá fomentarse y 
facilitarse la creación por el sector competente de dispositivos de filtro; además, las comunicaciones 
comerciales no solicitadas han de ser en todos los casos claramente identificables como tales con el fin de 
mejorar la transparencia y facilitar el funcionamiento de los dispositivos creados por la industria. Las 
comunicaciones comerciales por correo electrónico no solicitada s no deberán redundar en gastos 
suplementarios para el destinatario.
(31) Los Estados miembros que permiten el envío de comunicación comercial no solicitada por parte de 
prestadores de servicios establecidos en su territorio por correo electrónico sin consentimiento previo del 
receptor, deben garantizar que los prestadores de servicios consultan periódicamente las listas de exclusión 
voluntaria en las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen recibir dichas comunicaciones 
comerciales, y las respeten.
(32) Para suprimir los obstáculos que impiden el desarrollo en la Comunidad de los servicios transfronterizos 
que las personas que ejercen las profesiones reguladas puedan ofrecer en Internet, es necesario que se 
respeten las normas profesionales, previstas para proteger especialmente a los consumidores o la salud 
pública, y que dicho respeto quede garantizado a nivel comunitario. Los códigos de conducta a nivel 
comunitario constituyen un instrumento privilegiado para determinar las normas deontológicas aplicables a la 
comunicación comercial; conviene impulsar en primer lugar su elaboración o, si procede, su adaptación, sin
perjuicio de la autonomía de los colegios y asociaciones profesionales.
(33) La presente Directiva complementa el Derecho comunitario y nacional en lo que respecta a las 
profesiones reguladas manteniendo un conjunto coherente de normas aplicables en la materia.
(34) Todo Estado miembro debe ajustar su legislación en cuanto a los requisitos -y, especialmente, los 
requisitos formales- que puedan entorpecer la celebración de contratos por vía electrónica. Se debe 
examinar de forma sistemática qué legislaciones necesitan proceder a dicho ajuste y este examen debe 
versar sobre todas las fases y actos necesarios para realizar el proceso contractual, incluyendo el registro 
del contrato. El resultado de dicho ajuste debería hacer posibles la celebración de contratos por vía 
electrónica. El efecto jurídico de la firma electrónica es objeto de la Directiva 1999193/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco común para la firma 
electrónica (24). El acuse de recibo expedido por un prestador de servicios puede consistir en suministrar en 
línea un servicio pagado.
(35) La presente Directiva no afecta a la posibilidad que tienen los Estados miembros de mantener o 
establecer regímenes jurídicos específicos o generales en materia de contratos que pueden cumplirse por vía 
electrónica, en particular los requisitos en relación con la seguridad de las firmas electrónicas.
(36) Los Estados miembros pueden mantener restricciones para el uso de los contratos electrónicos en lo 
que se refiere a los contratos que requieran, por ley, la intervención de los tribunales, las autoridades 
públicas o las profesiones que ejerzan una función pública. Esta posibilidad se aplica también a los contratos 
que requieren la intervención de los tribunales, autoridades públicas o profesiones que ejerzan una función 
pública para surtir efectos frente a terceros, así como también a los contratos que requieran, por ley, la 
certificación o la fe pública notarial.
(37) La obligación de los Estados miembros de suprimir los obstáculos por la celebración de los contratos 
electrónicos se refiere sólo a los obstáculos derivados del régimen jurídico y no a los obstáculos prácticos 
derivados de la imposibilidad de utilizar la vía electrónica en determinados casos.
(38) La obligación de los Estados miembros de suprimir obstáculos para la celebración de contratos por la 
vía electrónica debe realizarse con arreglo al régimen jurídico relativo a los contratos consagrado en el 
Derecho comunitario.
(39) Las excepciones a las disposiciones relativas a los contratos celebrados exclusivamente por correo 
electrónico o mediante comunicaciones individuales equivalentes previstas en la presente Directiva, en 
relación con la información exigida y la realización de un pedido, no deben tener como resultado permitir la 
elusión de dichas disposiciones por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
(40) La divergencia de las normativas y jurisprudencias nacionales actuales o futuras en el ámbito de la 
responsabilidad de los prestadores de servicios que actúan como intermediarios entorpece el correcto 
funcionamiento del mercado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios transfronterizos y 
producir distorsiones de la competencia. En algunos casos, los prestadores de servicios tienen el deber de 
actuar para evitar o poner fin a actividades ilegales. Lo dispuesto en la presente Directiva deberá constituir 
una base adecuada para elaborar mecanismos rápidos y fiables que permitan retirar información ilícita y 
hacer que sea imposible acceder a ella; convendría que estos mecanismos se elaborasen tomando como 
base acuerdos voluntarios negociados entre todas las partes implicadas y fomentados por los Estados 
miembros. Todas las partes que participan en el suministro de servicios de la sociedad de la información 
tienen interés en que este tipo de mecanismos se aprueb e y se aplique. Lo dispuesto en la presente 
Directiva sobre responsabilidad no supone un obstáculo para que las distintas partes interesadas desarrollen 
y apliquen de forma efectiva sistemas técnicos de protección e identificación y de supervisión que permite la 
tecnología digital dentro de los límites trazados por las Directivas 95146/CE y 97/66/CE.
(41) La presente Directiva logra un justo equilibrio entre los diferentes intereses en presencia y establece 
principios sobre los que pueden basarse acuerdos y normas industriales.
(42) Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente Directiva sólo se aplican a aquellos 
casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso 
técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada 
por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más
eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el 
prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información 
transmitida o almacenada.
(43) Un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por mera transmisión (mere conduit) y 
por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada «memoria tampón» 
(caching) cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; esto requiere, entre 
otras cosas, que no modifique los datos que transmite. Este requisito no abarca las manipulaciones de 
carácter técnico que tienen lugar en el transcurso de la transmisión, puesto que no alteran la integridad de 
los datos contenidos en la misma.
(44) Un prestador de servicios que colabore deliberadamente con uno de los destinatarios de su servicio a fin 
de cometer actos ilegales rebasa las actividades de mero transporte (mere conduit) o la forma de 
almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada «memoria tampón» (caching) y no puede 
beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad establecidas para dichas actividades.
(45) Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecida en la 
presente Directiva no afecta a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. Dichas 
acciones de cesación pueden consistir, en particular, en órdenes de los tribunales o de las autoridades 
administrativas por los que se exija poner fin a cualquier infracción o impedir que se cometa, incluso retirando 
la información ilícita o haciendo imposible el acceso a ella.
(46) Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad de la 
información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos 
de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas. La 
retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo 
respetando el principio de libertad de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. La 
presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos específicos 
que deberán cumplirse con prontitud antes de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a 
los mismos.
(47) Los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión 
exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no se refiere a las obligaciones de 
supervisión en casos específicos y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales 
formuladas de conformidad con la legislación nacional.
(48) La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los prestadores de 
servicios, que proporcionan alojamiento de datos suministrados por destinatarios de su servicio, que apliquen 
un deber de diligencia, que cabe esperar razonablemente de ellos y que esté especificado en el Derecho 
nacional, a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales.
(49) Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la elaboración de códigos de conducta; ello no irá en 
perjuicio del carácter voluntario de dichos códigos ni de la posibilidad de que las partes interesadas decidan 
libremente la adhesión a los mismos.
(50) Es importante que la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
armonización de ciertos aspectos de los derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la 
información y la presente Directiva entren en vigor más o menos al mismo tiempo, para garantizar el 
establecimiento de un marco normativo claro relativo a la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios 
por infracciones de los derechos de autor y los derechos conexos a escala comunitaria.
(51) Corresponderá a cada Estado miembro, llegado el caso, ajustar aquellas disposiciones de su legislación 
que puedan entorpecer la utilización de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos por vías 
electrónicas adecuadas. El resultado de dicho ajuste debe hacer posible el funcionamiento de tales 
mecanismos de forma real y efectiva, tanto de derecho como de hecho, incluso en situaciones 
transfronterizas.
(52) El ejercicio efectivo de las libertades del mercado interior hace necesario que se garantice a las víctimas 
un acceso eficaz a los medios de resolución de litigios. Los daños y perjuicios que se pueden producir en el 
marco de los servicios de la sociedad de la información se caracterizan por su rapidez y por su extensión
geográfica. Debido a esta característica y a la necesidad de velar por que las autoridades nacionales eviten 
que se ponga en duda la confianza mutua que se deben conceder, la presente Directiva requiere de los 
Estados miembros que establezcan las condiciones para que se puedan emprender los recursos judiciales 
pertinentes. Los Estados miembros estudiarán la necesidad de ofrecer acceso a los procedimientos 
judiciales por los medios electrónicos adecuados.
(53) La Directiva 98/27/CE, aplicable a los servicios de la sociedad de la información, establece un 
mecanismo relativo a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses colectivos de los 
consumidores; este mecanismo contribuirá a la libre circulación de los servicios de la sociedad de la 
información al garantizar un alto nivel de protección de los consumidores.
(54) Las sanciones establecidas en virtud de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de cualquier 
otra sanción o reparación establecidos en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros no están 
obligados a establecer sanciones penales por infracción de las disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.
(55) La presente Directiva no afecta a la legislación aplicable a las obligaciones contractuales relativas a los 
contratos celebrados por los consumidores; por lo tanto, la presente Directiva no podré tener como efecto el 
privar al consumidor de la protección que le confieren las normas obligatorias relativas a las obligaciones 
contractuales que impone la legislación del Estado miembro en que tiene su residencia habitual.
(56) Por lo que se refiere a la excepción prevista en la presente Directiva, se deberá interpretar que las 
obligaciones contractuales en los contratos celebrados por los consumidores incluyen la información sobre 
elementos esenciales del contenido del contrato, incluidos los derechos del consumidor, que tengan una 
influencia determinante sobre la decisión de celebrarlo.
(57) El Tribunal de Justicia siempre ha sostenido que un Estado miembro conserva el derecho de adoptar 
medidas contra un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, cuya actividad se dirige 
principalmente o en su totalidad hacia el territorio del primer Estado miembro, cuando dicho establecimiento 
se haya realizado con la intención de evadir la legislación que se hubiera aplicado al prestador de servicios 
en caso de que se hubiera establecido en el territorio del primer Estado miembro.
(58) La presente Directiva no será aplicable a los servicios procedentes de prestadores establecidos en un 
tercer país; habida cuenta de la dimensión global del comercio electrónico, conviene garantizar, no obstante, 
la coherencia del marco comunitario con el marco internacional. La Directiva se entenderá sin perjuicio de los 
resultados a que se llegue en los debates en curso sobre los aspectos jurídicos en las organizaciones 
internacionales (entre otras, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico y la CNUDMI).
(59) Pese a la naturaleza global de las comunicaciones electrónicas, es necesario coordinar las medidas 
reguladoras nacionales a escala de la Unión Europea, con el fin de evitar la fragmentación del mercado 
interior y establecer el adecuado marco regulador europeo. Dicha coordinación deberá contribuir también al 
establecimiento de una posición común firme en las negociaciones en los foros internacionales.
(60) Para lograr un desarrollo sin trabas del comercio electrónico, es esencial que dicho marco jurídico sea 
sencillo, claro y seguro y compatible con las normas vigentes a escala internacional, de modo que no se vea 
afectada la competitividad de la industria europea y no se obstaculice la realización de acciones innovadoras 
en dicho ámbito.
(61) Para el correcto funcionamiento del mercado por vía electrónica en un contexto mundializado, es precisa 
una concertación entre la Unión Europea y los grandes espacios no europeos con el fin de compatibilizar las 
legislaciones y los procedimientos.
(62) Debe reforzarse la cooperación con terceros países en el sector del comercio electrónico, en particular 
con los países candidatos, los países en vías de desarrollo y los principales socios comerciales de la Unión 
Europea.
(63) La adopción de la presente Directiva no impide a los Estados miembros tener en cuenta las diferentes 
repercusiones sociales y socioculturales inherentes a la aparición de la sociedad de la información y, en 
particular, no impide que los Estados miembros adopten medidas políticas de conformidad con la legislación
comunitaria con el propósito de alcanzar objetivos sociales, culturales y democráticas en atención a su 
diversidad lingüística, sus peculiaridades nacionales y regionales y su legado cultural, así como con el fin de 
proporcionar y garantizar el acceso público a un abanico lo más amplio posible de servicios de la sociedad 
de la información. El desarrollo de la sociedad de la información debe garantizar en todos los casos que los 
ciudadanos europeos puedan acceder al patrimonio cultural europeo en un entorno digital.
(64) La comunicaciones electrónicas brindan a los Estados miembros una excelente vía para prestar 
servicios públicos en los ámbitos cultural, educativo y lingüístico.
(65) El Consejo de Ministros, en su Resolución de 19 de enero de 1999 sobre la dimensión relativa a los 
consumidores de la sociedad de la información (25), ha destacado que la protección de los consumidores 
merecía especial atención en el marco de dicha sociedad. La Comisión examinará en qué medida las 
actuales normas de protección del consumidor no proporcionan la protección adecuada en relación con la 
sociedad de la información y, si procede, señalará las posibles lagunas de esta legislación y los aspectos en 
los que podría resultar necesario tomar medidas adicionales; llegado el caso, la Comisión debería hacer 
propuestas específicas adicionales para colmar las lagunas que haya detectado.
HAN ADOPTADO la presente Directiva:
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación
1. El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior 
garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros.
2. En la medida en que resulte necesario para alcanzar el objetivo enunciado en el apartado 1 mediante la 
presente Directiva, se aproximarán entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios 
de la sociedad de la información relativas al mercado interior, el establecimiento de los prestadores de 
servicios, las comunicaciones comerciales, los contratos por vía electrónica, la responsabilidad de los 
intermediarios, los códigos de conducta, los acuerdos extrajudiciales para la solución de litigios, los recursos 
judiciales y la cooperación entre Estados miembros.
3. La presente Directiva completará el ordenamiento jurídico comunitario aplicable a los servicios de la 
sociedad de la información, sin perjuicio del nivel de protección, en particular, de la salud pública y de los 
intereses del consumidor, fijados tanto en los instrumentos comunitarios como en las legislaciones 
nacionales que los desarrollan, en la medida en que nos restrinjan la libertad de prestar servicios de la 
sociedad de la información.
4. La presente Directiva no establece normas adicionales de Derecho internacional privado ni afecta a la 
jurisdicción de los tribunales de justicia.
5. La presente Directiva no se aplicará:
a) En materia de fiscalidad;
b) A cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la información incluidas en las Directivas 
95146/CE y 97/66/CE;
c) A cuestiones relacionadas con acuerdos o prácticas que se rijan por la legislación sobre carteles; 
d) A las siguientes actividades de los servicios de la sociedad de la información;
- Las actividades de los notarios o profesiones equivalentes, en la medida en que impliquen una conexión 
directa y específica con el ejercicio de la autoridad pública,
- La representación de un cliente y la defensa de sus intereses ante los tribunales,
- Las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor monetario incluidas loterías y apuestas.
6. La presente Directiva no afectará a las medidas adoptadas en el plano comunitario ni nacional, dentro del
respeto del Derecho comunitario, para fomentar la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del 
pluralismo.
Artículo 2.Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «Servicios de la sociedad de la información»: servicios en el sentido del apartado 2 del art. 1 de la 
Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE;
b) «Prestador de servicios»: cualquier persona física o jurídica que suministre un servicio de la sociedad de 
la información;
c) «Prestador de servicios establecido»: prestador que ejerce de manera efectiva una actividad económica a 
través de una instalación estable y por un período de tiempo indeterminado. La presencia y utilización de los 
medios técnicos y de las tecnologías utilizadas para prestar el servicio no constituyen en sí mismos el 
establecimiento del prestador de servicios;
d) «Destinatario del servicio»: cualquier persona física o jurídica que utilice un servicio de la sociedad de la 
información por motivos profesionales o de otro tipo y, especialmente, para buscar información o para 
hacerla accesible;
e) «Consumidor»: cualquier persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad económica, 
negocio o profesión;
f) «Comunicación comercial»: todas las formas de comunicación destinadas a proporcionar directa o 
indirectamente bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad 
comercial, industrial, artesanal o de profesiones reguladas. No se consideran comunicaciones comerciales en 
sí mismas las siguientes:
- Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, organización o persona y, 
concretamente el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico,
- Las comunicaciones relativas a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, organización o 
persona, elaboradas de forma independiente de ella, en particular cuando estos se realizan sin contrapartida 
económica;
g) «Profesión regulada»: cualquier profesión en el sentido o bien de la letra d) del art. 1 de la Directiva 
89/48/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de 
títulos de enseñanza superior que sancionen formaciones profesionales de una duración mínima de tres 
años (26), o de la letra f) del art. 1 de la Directiva 92151/CE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un 
segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales que completa la Directiva 
89/48/CE (27);
h) «Ambito coordinado»: los requisitos exigibles a los prestadores de servicios en los regímenes jurídicos de 
los Estados miembros aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información a los 
servicios de la sociedad de la información, independientemente de si son de tipo general o destinados 
específicamente a los mismos.
i) El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el prestador de servicios en relación con:
- El inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos a 
cualificaciones, autorizaciones o notificaciones,
- El ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos al 
comportamiento del prestador de servicios, los requisitos en relación con la calidad o el contenido del 
servicio, incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a la responsabilidad del 
prestador de servicios.
ii) El ámbito coordinado no se refiere a los requisitos siguientes:
- Requisitos aplicables a las mercancías en sí,
- Requisitos aplicables a la entrega de las mercancías,
- Requisitos aplicables a los servicios no prestados por medios electrónicos.
Artículo 3.Mercado interior
1. Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados por un 
prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho 
Estado miembro que formen parte del ámbito coordinado.
2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la 
información de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado.
3. No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que se hace referencia en el anexo.
4. Los Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen excepciones al apartado 2 respecto de un 
determinado servicio de la sociedad de la información si se cumplen las condiciones siguientes:
a) Las medidas deberán ser:
i) Necesarias por uno de los motivos siguientes:
- Orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento del delito, 
incluidas la protección de menores y la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión 
o nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad humana de personas individuales,
- Protección de la salud pública,
- Seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y la defensa nacionales, 
- Protección de los consumidores, incluidos los inversores;
ii) Tomadas en contra de un servicio de la sociedad de la información que vaya en detrimento de los 
objetivos enunciados en el inciso i) o que presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento de dichos 
objetivos;
iii) Proporcionadas a dichos objetivos.
b) Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los procesos judiciales, incluidas las actuaciones 
preliminares y los actos realizados en el marco de una investigación criminal, el Estado miembro deberá:
- Haber pedido al Estado miembro que figura en el apartado 1 que tome medidas y este último no haberlas 
tomado, o no haber resultado suficientes,
- Haber notificado a la Comisión y al Estado miembro mencionado en el apartado 1 su intención de adoptar 
dichas medidas.
5. En caso de urgencia, los Estados miembros podrán establecer excepciones a las condiciones estipuladas 
en la letra b) del apartado 4. Cuando así ocurra, las medidas se notificarán con la mayor brevedad a la 
Comisión y al Estado miembro a que hace referencia el apartado 1, indicando las razones de la urgencia 
según el Estado miembro.
6. Sin perjuicio de la posibilidad de un Estado miembro de tomar las medidas en cuestión, la Comisión 
deberá examinar la compatibilidad de las medidas notificadas con el Derecho comunitario en el más breve 
plazo; en caso de que llegue a la conclusión de que dichas medidas son incompatibles con el Derecho 
comunitario, la Comisión solicitará a dicho Estado miembro que se abstenga de tomar ninguna de las 
medidas propuestas o que ponga fin lo antes posible a las mismas.
CAPITULO II 
PRINCIPIOS
SECCION PRIMERA 
Régimen de establecimiento y de información
Artículo 4. Principio de no autorización previa
1. Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad 
de la información no pueda someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos 
equivalentes.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no irá en perjuicio de los regímenes de autorización que no tengan por 
objeto específico y exclusivo los servicios de la sociedad de la información, ni de los regímenes cubiertos por 
la Directiva 97113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco 
común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de 
telecomunicaciones (28).
Artículo 5. Información general exigida
1. Además de otros requisitos en materia de información contemplados en el Derecho comunitario, los 
Estados miembros garantizarán que el prestador de servicios permita a los destinatarios del servicio y a las 
autoridades competentes acceder con facilidad y de forma directa y permanente como mínimo a los datos 
siguientes:
a) Nombre del prestador de servicios;
b) Dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios
c) Señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador de servicios y establecer una 
comunicación directa y efectiva con él, incluyendo su dirección de correo electrónico;
d) Si el prestador de servicios está inscrito en un registro mercantil u otro registro público similar, nombre de 
dicho registro y número de inscripción asignado en él al prestador de servicios, u otros medios equivalentes 
de identificación en el registro;
e) Si una determinada actividad está sujeta a un régimen de autorización, los datos de la autoridad de 
supervisión correspondiente;
f) En lo que se refiere a las profesiones reguladas:
- Si el prestador de servicios pertenece a un colegio profesional o institución similar, datos de dicho colegio 
o institución,
- Título profesional expedido y el Estado miembro en que se expidió,
- Referencia a las normas profesionales aplicables en el Estado miembro de establecimiento y los medios de 
acceder a las mismas;
g) Si el prestador de servicios ejerce una actividad gravada por el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el 
número de identificación a que hace referencia el apartado 1 del art. 22 de la Sexta Directiva 771388/CEE del 
Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido: base imponible uniforme (29).
2. Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el Derecho comunitario, los 
Estados miembros garantizarán que cuando los servicios de la sociedad de la información hagan referencia 
a precios, éstos se indiquen claramente y sin ambigüedades, y se haga constar en particular, si están 
incluidos los impuestos y los gastos de envío.
SECCION SEGUNDA
Comunicaciones comerciales
Artículo 6.Información exigida
Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el Derecho comunitario, los Estados 
miembros garantizarán que las comunicaciones comerciales que forman parte o constituyen un servicio de la 
sociedad de la información cumplan al menos las condiciones siguientes:
a) Las comunicaciones comerciales serán claramente identificables como tales;
b) Será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan dichas 
comunicaciones comerciales;
c) Las ofertas promocionales, como los descuentos, premios y regalos, cuando estén permitidos en el Estado 
miembro de establecimiento del prestador de servicios, deberán ser claramente identificables como tales, y 
serán fácilmente accesibles y presentadas de manera clara e inequívoca las condiciones que deban 
cumplirse para acceder a ellos;
d) Los concursos o juegos promocionales, cuando estén permitidos en el Estado miembro de establecimiento 
del prestador de servicios, serán claramente identificables como tales las condiciones de participación; serán 
fácilmente accesibles y se presentarán de manera clara e inequívoca.
Artículo 7. Comunicación comercial no solicitada
1. Además de otros requisitos establecidos en el Derecho comunitario, los Estados miembros que permitan 
la comunicación comercial no solicitada por correo electrónico garantizarán que dicha comunicación 
comercial facilitada por un prestador de servicios establecido en su territorio sea identificable de manera clara 
e inequívoca como tal en el mismo momento de su recepción.
2. Sin perjuicio de los dispuesto en las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE, los Estados miembros deberán 
adoptar medidas para garantizar que los prestadores de servicios que realicen comunicaciones comerciales 
no solicitadas por correo electrónico consulten regularmente las listas de exclusión voluntaria (<copt-out») en 
las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen recibir dichas comunicaciones comerciales, y 
las respeten.
Artículo 8. Profesiones reguladas
1. Los Estados miembros garantizarán que esté permitido el uso de comunicaciones comerciales que en todo 
o en parte constituyan un servicio de la sociedad de la información facilitado por un miembro de una 
profesión regulada, condicionado al cumplimiento de normas profesionales relativas, en particular, a la 
independencia, dignidad y honor de la profesión, el secreto profesional y la lealtad hacia clientes y colegas.
2. Sin perjuicio de la autonomía de los colegios y asociaciones profesionales, los Estados miembros y la 
Comisión fomentarán que las asociaciones y colegios profesionales establezcan códigos de conducta 
comunitarios para determinar los tipos de información que puedan facilitarse a efectos de comunicación 
comercial, con arreglo a las normas a que se hace referencia en el apartado 1.
3. A la hora de elaborar propuestas de iniciativas comunitarias que puedan resultar necesarias para 
garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior en los que se refiere a la información a la que 
hace referencia el apartado 2, la Comisión tendrá debidamente en cuenta los códigos de conducta aplicables 
en el plano comunitario y actuará en estrecha cooperación con las asociaciones y colegios profesionales 
correspondientes.
4. La presente Directiva se aplicará además de las Directivas comunitarias relativas al acceso a las
actividades de las profesiones reguladas y a su ejercicio.
SECCION TERCERA 
Contratos por vía electrónica
Artículo 9. Tratamiento de los contratos por vía electrónica
1. Los Estados miembros velarán por que su legislación permita la celebración de contratos por vía 
electrónica. Los Estados miembros garantizarán en particular que el régimen jurídico aplicable al proceso 
contractual no entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni conduzca a privar de 
efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de su celebración por vía electrónica.
2. Los Estados miembros podrán disponer que el apartado 1 no se aplique a contratos incluidos en una de 
las categorías siguientes:
a) Los contratos de creación o transferencia de derechos en materia inmobiliaria, con la excepción de los 
derechos de arrendamiento;
b) Los contratos que requieran por ley la intervención de los tribunales, las autoridades públicas o 
profesionales que ejerzan una función pública;
c) Los contratos de crédito y caución y las garantías presentadas por personas que actúan por motivos 
ajenos a su actividad económica, negocio o profesión;
d) Los contratos en materia de Derecho de familia o de sucesiones.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las categorías a que hace referencia el apartado 2 a 
las que no se aplicará el apartado 1. Los Estados miembros enviarán a la Comisión cada cinco años un 
informe sobre la aplicación del apartado 2, explicando los motivos por los que consideran necesario mantener 
las categorías a que hace referencia la letra b) del apartado 2, a las que no aplicará el apartado 1.
Artículo 10.Informacfón exigida
1. Además de otros requisitos en materia de información contemplados en el Derecho comunitario, los 
Estados miembros garantizarán, excepto cuando las partes que no son consumidores así los acuerden, que 
el prestador de servicios facilite al menos la siguiente información de manera clara, comprensible e 
inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe un pedido:
a) Los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato;
b) Si el prestador de servicios va a registrar o no el contrato celebrado, y si éste va a ser accesible;
c) Los medios técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos antes de efectuar el 
pedido;
d) Las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato.
2. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando las partes que no son consumidores así lo 
acuerden, el prestador de servicios indique los códigos de conducta correspondientes a los que se acoja y 
facilite información sobre la manera de consultar electrónicamente dichos códigos.
3. Las condiciones generales de los contratos facilitadas al destinatario deben estar disponibles de tal 
manera que éste pueda almacenarlas y reproducirlas.
4. Los apartados 1 y 2 no son aplicables a los contratos celebrados exclusivamente mediante intercambio de 
correo electrónico u otra comunicación individual equivalente.
Artículo 11. Realización de un pedido
1. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando las partes que no son consumidores así lo 
acuerden, en los casos en que el destinatario de un servicio efectúe su pedido por vía electrónica, se 
aplicarán los principios siguientes:
- El prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin demora indebida y por vía 
electrónica,
- Se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a las que se dirigen 
puedan tener acceso a los mismos.
2. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando así lo acuerden las partes que no son 
consumidores, el prestador de servicios ponga a disposición del destinatario del servicio los medios técnicos 
adecuados, eficaces, accesibles que le permitan identificar y corregir los errores de introducción de datos, 
antes de realizar el pedido.
3. El primer guión del apartado 1 y el apartado 2 del art. 11 no se aplicarán a los contratos celebrados 
exclusivamente por intercambio de correo electrónico u otra comunicación individual equivalente.
SECCION CUARTA
Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios
Artículo 12.Mera transmisión
1. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que 
consista en transmitir en una red de comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en 
facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo 
responsable de los datos transmitidos, a condición de que el prestador de servicios:
a) No haya originado él mismo la transmisión;
b) No seleccione al destinatario de la transmisión; y 
c) No seleccione ni modifique los datos transmitidos.
2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en el apartado 1 engloban el 
almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos transmitidos siempre que dicho 
almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su 
duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.
3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de 
conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga 
fin a una infracción o que la impida.
Artículo 13.Memoria tampón (Caching)
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información 
consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el 
prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y 
temporal de esta información, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de 
la información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que:
a) El prestador de servicios no modifique la información;
b) El prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información;
c) El prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas 
de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector;
d) El prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y
utilizada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y
e) El prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que 
el acceso a ella será imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha 
sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a 
dicha información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se 
acceda a ella.
2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de 
conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a 
una infracción o impedirla.
Artículo 14.Alojamiento de datos
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información 
consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda 
ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:
a) El prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en 
lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por 
los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
b) En cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar 
los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del 
prestador de servicios.
3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de 
conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin 
a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por 
los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.
Artículo 15.Inexistencia de obligación general de supervisión
1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar 
los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o 
circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los arts. 12, 13 y 
14.
2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos 
datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de 
comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les permita identificar a los 
destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.
CAPITULO III
APLICACION
Artículo 16.Códigos de conducta
1. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán:
a) La elaboración de códigos de conducta a nivel comunitario, a través de asociaciones u organizaciones 
comerciales, profesionales o de consumidores, con el fin de contribuir a que se apliquen correctamente los
arts. 5 a 15;
b) El envío voluntario a la Comisión de los proyectos de códigos de conducta a nivel nacional o comunitario;
c) La posibilidad de acceder a los códigos de conducta por vía electrónica en las lenguas comunitarias;
d) La comunicación a los Estados miembros y a la Comisión, por parte de las asociaciones u organizaciones 
profesionales y de consumidores, de la evaluación que éstas hagan de la aplicación de sus códigos de 
conducta y su repercusión en las prácticas, usos o costumbres relacionados con el comercio electrónico;
e) La elaboración de códigos de conducta en materia de protección de los menores y de la dignidad humana.
2. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la participación de asociaciones u organizaciones que 
representen a los consumidores en la redacción y aplicación de los códigos de conducta que afecten a sus 
intereses, y que se elaborarán de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 1. Cuando resulte 
adecuado, a fin de tener en cuenta sus necesidades específicas, deberá consultarse a las asociaciones que 
representen a los discapacitados y a los malvidentes.
Artículo 17.Solución extrajudicial de litigios
1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de desacuerdo entre un prestador de servicios de la 
sociedad de la información y el destinatario del servicio, su legislación no obstaculice la utilización de los 
mecanismos de solución extrajudicial, existentes con arreglo a la legislación nacional para la solución de 
litigios, incluso utilizando vías electrónicas adecuadas.
2. Los Estados miembros alentarán a los órganos responsables de la solución extrajudicial de litigios, en 
particular de litigios en materia de productos de consumo, a que actúen de modo tal que proporcionen 
garantías de procedimiento adecuadas a las partes afectadas.
3. Los Estados miembros incitarán a los órganos responsables de la solución extrajudicial de litigios a que 
informen a la Comisión de las decisiones relevantes que tomen en relación con los servicios de la sociedad 
de la información, y a que le transmitan todos los demás datos sobre prácticas, usos o costumbres 
relacionados con el comercio electrónico.
Artículo 18. Recursos judiciales
1. Los Estados miembros velarán por que los recursos judiciales existentes en virtud de la legislación 
nacional en relación con las actividades de servicios de la sociedad de la información permitan adoptar 
rápidamente medidas, incluso medidas provisionales, destinadas a poner término a cualquier presunta 
infracción y a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados.
2. En el anexo de la Directiva 98/27/CE se añadirá el punto siguiente:
11. Directiva 2000/31 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178 de 
17.7.2000, p.1).
Artículo 19. Cooperación
1. Los Estados miembros dispondrán de los medios de control e investigación necesarios para aplicar de 
forma eficaz la presente Directiva y garantizarán que los prestadores de servicios comuniquen la información 
requerida.
2. Los Estados miembros cooperarán con los demás Estados miembros y, a tal efecto, designarán uno o 
más puntos de contacto cuyas señas comunicarán a los demás Estados miembros y a la Comisión.
3. Los Estados miembros facilitarán, a la mayor brevedad y de conformidad con la legislación nacional, la 
ayuda y la información que les soliciten otros Estados miembros o la Comisión, incluso utilizando las vías 
electrónicas adecuadas.
4. Los Estados miembros crearán puntos de contacto accesibles, como mínimo, por vía electrónica y a los 
que los destinatarios de un servicio y los prestadores de servicios podrán dirigirse para:
a) Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales así como los mecanismos 
de reclamación y recurso disponibles en caso de litigio, incluidos los aspectos prácticos relativos a la 
utilización de tales mecanismos;
b) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones de las que pueden obtener 
información adicional o asistencia práctica.
5. Los Estados miembros velarán por que se comunique a la Comisión toda decisión administrativa o 
resolución judicial de carácter relevante que se adopte en sus respectivos territorios sobre litigios relativos a 
los servicios de la sociedad de la información y a las prácticas, usos y costumbres relacionados con el 
comercio electrónico. La Comisión comunicará dichas decisiones o resoluciones a los demás Estados 
miembros.
Artículo 20.Sanciones
Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones 
nacionales que se adopten en aplicación de la presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las sanciones que establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 21.Reexamen
1. Antes del 17 de julio de 2003 y, a continuación, cada dos años, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre su aplicación, que irá acompañado, en 
su caso, de propuestas para adaptarla a la evolución jurídica, técnica y económica en el ámbito de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular por lo que respecta a la prevención del delito, 
protección de menores, de los consumidores y al buen funcionamiento del mercado interior.
2. Al examinar la necesidad de adaptar la presente Directiva, el informe analizará especialmente la 
necesidad de presentar propuestas relativas a la responsabilidad de los proveedores de hipervínculos y 
servicios de instrumentos de localización, a los procedimientos de «detección y retirada» y a la imputación de 
responsabilidad tras la retirada del contenido. El informe analizará asimismo la necesidad de establecer 
condiciones suplementarias para la exención de responsabilidad, dispuesta de los arts. 12 y 13, en función 
del desarrollo tecnológico, así como la posibilidad de aplicar los principios del mercado interior a las 
comunicaciones comerciales por correo electrónico no solicitadas.
Artículo 22.Trasposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 17 de enero de 2002. Las 
comunicarán inmediatamente a la Comisión.
2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas incluirán 
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 23.Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.
Artículo 24. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
(1) DO C 30 de 5.2.1999, p. 4.
(2) DO C 169 de 16.6.1999, p. 36.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de mayo de 1999 (DO C 279 de 1.10.1999, p. 389), Posición 
común del Consejo de 28 de febrero de 2000 (DO C 128 de 8.5.2000, p. 32) y Decisión del Parlamento 
Europeo de 4 de mayo de 2000 (no publicada aún en el Diario oficial).
(4) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97136/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).
(5) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29. 
(6) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19. 
(7) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97155/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 23.10.1997, p. 18).
(8) DO L 42 de 12.2.1987, p. 48; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 101 de 1.4.1998, p. 17).
(9) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).
(10) DO L 158 de 23.6.1990, p. 59. 
(11) DO L 80 de 18.3.1998, p. 27. 
(12) DO L 228 de 11.8.1992, p. 24. 
(13) DO L 280 de 29.10.1994, p. 83. 
(14) DO L 166 de 11.6.1998, p. 51; Directiva modificada por la Directiva 1999/4/CE (DO L 171 de 7.7.1999, p. 
12).
(15) DO L 120 de 7.8.1985, p. 29; Directiva modificada por la Directiva 1999134/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 141 de 4.6.1999, p. 20).
(16) DO L 171 de 7.7.1999, p. 12. 
(17) DO L 113 de 30.4.1992, p. 13. 
(18) DO L 213 de 30.7.1998, p. 9. 
(19) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
(20) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(21) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; Directiva modificada por la Directiva 98148/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 
18).
(22) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54. 
(23) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. 
(24) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12. 
(25) DO C 23 de 28.1.1999, p. 1. 
(26) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
(27) DO L 209 de 24.7.1992, p. 25; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/38/CE de 
la Comisión (DO L 184 de 12.7.1997, p. 31).
(28) DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
(29) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999185/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 277 de 28.10.1999, p. 34).
ANEXO
EXCEPCIONES AL ART. 3
Tal como se establece en el apartado 3 del art. 3, los apartados 1 y 2 del art. 3 no se aplicarán a los ámbitos siguientes:
- Derechos de autor, derechos afines y derechos mencionados en la Directiva 87154/CEE (1) y en la Directiva 96/9/CE (2), así 
como a los derechos de propiedad industrial,
- Emisión de moneda electrónica por parte de instituciones a las que los Estados miembros hayan aplicado una de las
excepciones previstas en el apartado 1 del art. 8 de la Directiva 2000146/CE (3), 
- Apartado 2 del art. 44 de la Directiva 85/611 /CEE (4),
- Art. 30 y título IV de la Directiva 92/49/CEE (5), título IV de la Directiva 92196/CEE (6), arts. 7 y 8 de la Directiva 881357/CEE (7) 
y art. 4 de la Directiva 90/619/CEE (8),
- Libertad de las partes de elegir la legislación aplicable a su contrato,
- Obligaciones contractuales relativas a contratos celebrados por los consumidores,
- Validez formal de los contratos por los que se crean o transfieren derechos en materia de propiedad inmobiliaria, en caso de que 
dichos contratos estén sujetos a requisitos formales obligatorios en virtud de la legislación del Estado miembro en el que esté 
situada la propiedad inmobiliaria,
- Licitud de las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico.
(1) DO L 24 de 27.1.1987, p. 36. 
(2) DO L 77 de 27.3.1996, p. 20. 
(3) No publicada aún en el Diario Oficial.
(4) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95126/CE (DO L 168 de 18.7.1995, 
p.7).
(5) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 92/26/CE. 
(6) DO L 360 de 9.12.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 95/26/CE. 
(7) DO L 172 de 4.7.1988, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 92/49/CE.
(8) DO L 330 de 29.11.1990, p. 50; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 92/96/CE.