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La contaminación electromagnética, tan frecuente en la vida moderna, es emitida por fuentes cada vez más numerosas y diversas: subestaciones, transformadores y líneas de transporte eléctricos, o las más recientes antenas de telefonía, por poner algunos ejemplos. Esta forma invisible de contaminación ha ido creciendo por delante de los estudios científicos que se han desarrollado divulgando la negativa influencia de los campos electromagnéticos sobre la salud humana: cáncer, leucemia infantil, afección al sistema inmunológico, alteraciones de los ciclos circadianos, aumento de suicidios... son algunos de los efectos que diferentes estudios achacan a estas radiaciones.

Hace ya una década, en las conclusiones de las primeras Jornadas sobre Contaminación Electromagnética celebradas en la Universidad de Alcalá de Henares, quedó impreso el siguiente texto: "Mientras no se dispongan de conclusiones definitivas debe aplicarse la máxima de salud ambiental in dubio contra reo. Esto significa que la administración debe velar para que se desarrollen y apliquen estrictamente las normativas y recomendaciones internacionales de protección existentes frente a los campos electromagnéticos en los niveles ocupacional, terapéutico y ambiental...". Sin embargo, esta protección preventiva está aún lejos de aplicarse en nuestro país.

Los estudios e investigaciones cada vez son más concluyentes. Desde el realizado en 1972 en la Unión Soviética –que relaciona el aumento de enfermedades con la exposición de los trabajadores a dosis altas de radiación durante periodos prolongados–, hasta el llevado a cabo por el Instituto Karolinska de Estocolmo, el más representativo y amplio, tanto por el número de personas estudiadas como los resultados obtenidos: 127.000 niños que vivieron 25 años cerca de líneas de alta tensión. El estudio da como dato significativo el aumento en el riesgo de contraer leucemia infantil por el echo de estar sometido a fuertes campos electromagnéticos. En la actualidad, tanto el informe de la Universidad de Bristol como el de Chapel Hill (Carolina del Norte) avalan aún más las tesis de riesgo de contraer graves enfermedades.

Debido a la preocupación existente la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó, en mayo de 1996, un proyecto internacional especifico para evaluar los efectos sanitarios y ambientales de la exposición a los campos electromagnéticos (Proyecto Internacional CEM). Después de cuatro años y con un presupuesto 3,33 millones de dólares invertidos, siguen sin conclusiones. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas concluyentes sobre el peligro que pueden representar los campos de baja frecuencia para la salud, es evidente que la incertidumbre científica y el nivel de aprensión del público son considerables. De hecho, en todo el mundo –con notables excepciones– se ha constatado una tendencia, tanto en el seno de los gobiernos como fuera de ellos, a adoptar una actitud de precaución para evitar los riesgos sanitarios ante esta incertidumbre científica.

Sin embargo, las políticas de prevención en relación con la exposición a los campos electromagnéticos presentan problemas, en primer lugar por la falta de datos que prueben de forma manifiesta si existen riesgos derivados de una exposición crónica. Otra dificultad se deriva de la omnipresencia de estas emisiones de baja frecuencia en la sociedad moderna a niveles extremadamente variables, lo que hace difícil concebir políticas de precaución coherentes y equitativas.

Por su parte, los Tribunales de Justicia en Estados Unidos se han pronunciado sobre los efectos en la salud de las personas ordenando traslados de líneas e incluso el cierre de un centro escolar por pasar la línea eléctrica de alta tensión por encima. Un Fiscal de Venecia investiga en la actualidad la posible aparición de enfermedades en personas que viven en la cercanía de instalaciones eléctricas para comprobar si existe vinculación entre ambos hechos, procediendo a la apertura de expedientes por homicidio involuntario a tres directivos de la compañía eléctrica Enel. Se ha unido así a otro fiscal de Turín que ha hecho lo propio con directivos de las cadenas televisivas RAI y Mediaset.

Ya en España, el Fiscal de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene abiertos varios expedientes a raíz de las denuncias presentadas por varias Asociaciones de Vecinos. Cabe destacar que existe un Proceso Judicial en Murcia, una región especialmente sensibilizada por la contaminación electromagnética, en la que el pasado 21 de marzo han constituido la Plataforma por el Alejamiento de las Antenas de Telefonía Móvil y las Líneas de Alta Tensión. El pasado año el PSOE presento una Proposición no de ley para la creación de una comisión de estudio e investigación en el seno del Congreso y el Partido Popular y CIU votaron en contra. ¿Por qué?, ¿no les interesa nuestra salud?, ¿qué intereses ocultos hay?

Una de las primeras movilizaciones en España por este tema fue la de San Sebastián de los Reyes, donde los vecinos de la urbanización Rosa de Luxemburgo dieron ejemplo de tenacidad, trabajo y lucha por la salud de los vecinos, consiguiendo el primer compromiso político. La movilización ha ido creciendo en otros lugares ante la información y coordinación de los diferentes colectivos, tanto vecinales como ecologistas, que en un principio tenían objetivos comunes aunque mantenían líneas de trabajo diferentes que han terminado por confluir.

Pero no sólo está el problema de la contaminación electromagnética. En el plano ambiental-paísajístico, los vecinos de Vilaflor (Tenerife) piden ayuda e información a todos los colectivos sociales y ecologistas del Estado. Se encuentran indefensos por el atropello que sufren ante la inminente instalación de una línea de transporte eléctrico por su municipio que, con una economía basada en el turismo, se vera seriamente afectado por esta infraestructura.

Es conocido un Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 1997, que se pronunció tras las reiteradas quejas presentadas por la Asociación de Vecinos Osa Mayor de Aravaca. La conclusión de este trabajo es que los ciudadanos tienen derecho a que las autoridades sean prudentes con su salud, y que ante la razonable probabilidad de un perjuicio deben actuar para protegerla.

Pero, hoy por hoy, lo cierto es que los criterios de prevención no se respetan. Existen leyes y normas nacionales que no se cumplen, recomendaciones internacionales y de la Unión Europea que se ignoran. Y ello a pesar de que la propia Constitución Española en su articulo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud publica a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

La Comunidad de Madrid destinará 1.674 millones de pesetas para enterrar líneas de alta tensión que todavía existen en zonas urbanas. Unos 3.000 millones es el coste estimado para eliminar un total 364 puntos que afectan espacios urbanos o zonas de gran afluencia de personas. Algo menos de la mitad serán aportados por los ayuntamientos –el mas beneficiado será el de Madrid– y por las compañías eléctricas. Las plusvalías generadas por la modificación de trazados en beneficio de las promotoras inmobiliarias son también motivo suficiente de investigación, así como la suma del doble-coste a la futura vivienda. A este respecto cabe señalar que el enterramiento de los tendidos no da garantía de eliminación total de los campos electromagnéticos, pero triplica el costo con respecto a los tendidos.

Otro ejemplo claro de desastre ambiental y de salud en la Comunidad de Madrid es la línea de Meco-San Sebastián de los Reyes, a su paso por núcleos urbanos o zonas habitadas como Camarma y Daganzo, y dividiendo en dos la ZEPA Estepas Cerealísticas de los Ríos Jarama y Henares. Esta línea de alta tensión carece de estudio de impacto ambiental para su ubicación, y tampoco dispone de señalización para las aves a pesar de su ubicación.

Un tendido eléctrico ocasiona sobre la fauna un impacto negativo debido a la perdida de hábitats provocada por la tala de arboles y la eliminación de vegetación, afectando a todos los grupos de animales y, en mayor medida, a los de menor capacidad de desplazamiento –invertebrados, micromamíferos, etc.–. Además, la conservación de la banda de seguridad alrededor del tendido mediante la utilización de productos fitosanitarios provoca también efectos negativos sobre la fauna. Las cigüeñas, a pesar de los buenos censos recientes, parece que no están a salvo: se han contabilizado hasta media docena de nidos en antenas de telefonía en la Comunidad de Madrid, donde quizá estén muy seguras por altura y tamaño, pero ¿están seguras ante la radiaciones?

También son muy conocidos los estudios que revelan la elevada mortalidad de las aves a causa de las líneas de transporte eléctrico, debido a los choques directos o a las electrocuciones. La modernización de los tendidos no siempre ha ido pareja a la instalación de postes con diseños ambientalmente correctos para evitar estos problemas, a pesar de que se trata de mejoras sencillas de incorporar.

A modo de ejemplo, el águila imperial, especie en grave riesgo de extinción, ha pasado de 122 parejas en 1994 a las 104 censadas en 1999. Los principales motivos de mortalidad de esta emblemática especie son dos: el veneno y la electrocución. Ahora se valora si los 1.800 millones empleados para protegerlas han sido efectivos: para favorecer su supervivencia la cría en cautividad puede ser una solución, pero la mortalidad será la misma mientras que no se tomen medidas correctoras de aislamiento de cables, nuevo diseño de postes, traslado de tendidos, etc.

La muerte por electrocución afecta a las aves rapaces principalmente por su gran tamaño: al utilizar los tendidos como oteaderos y extender sus alas, contactan con los cables, lo que les provoca la muerte por electrocución. Según la Sociedad Española de Ornitología es un grave problema para varias especies en riesgo de extinción y el águila imperial es una de las siete rapaces que corren mayor peligro del planeta.

En nuestro país sería necesario que se adecuara la legislación y se sometiera el nuevo Reglamento de las Eléctricas a tratar no sólo aspectos técnicos de su actividad, sino a los aspectos protectores de nuestra salud y además de nuestros valiosos recursos paisajísticos, faunísticos, etc. La sensibilización, concienciación social y formación ambiental es para todos el arma para crear una legislación fuerte acorde al tiempo que vivimos asegurando la calidad de vida de todas las especies y ecosistemas.