Cabe preguntarse ¿el PSOE se ha transformado en algo cualitativamente distinto al simple ocupante del aparato de estado español que fue durante las legislaturas de Felipe González? ¿Ha cambiado sustancialmente su programa, por lo que ha sido blanco de una vistosa campaña conservadora (obispos, enseñanza privada, asociaciones de víctimas del terrorismo, ...)?

Si nos quedáramos con las apariencias, con una observación vulgar o superficial, tendríamos que atribuir a Zapatero una cierta política de izquierdas en la que anotaríamos el regreso de las tropas de Irak, la ley del matrimonio homosexual, la reforma de la educación, la ley de dependencia y hasta cierta reforma laboral que pasa entre elogios de patronal y sindicatos 'mayoritarios', sin que se rompa un plato: hasta parece que amainan las alharacas de la derecha más reaccionaria. El portavoz 'socialista' López Garrido acusa al PP de no tener programa para España y de hacer gala de la oposición en solitario y por sistema. ¿Se diría, pues, que el PSOE tiene un proyecto para una nueva transición que incluye el cambio del modelo de estado y que desde la 'izquierda parlamentaria' se puede encauzar la tarea históricamente fracasada de la democratización del Estado (intentada en cada período histórico desde 1812 y otras tantas veces abortada? Nosotros creemos que no. Zapatero cabalga sobre una ilusión -la reforma de los Estatutos de autonomía y la Constitución-, la 'independencia' de su política exterior que aprovecha una coyuntura de crisis imperialista propiciada por la resistencia de los pueblos de Irak, Afganistán, Palestina,... pero el ascenso de masas en Sudamérica ya le pone en su lugar: el de la metrópoli expoliadora cuando el gobierno boliviano toma el control de sus recursos naturales. Veamos que hay de lo demás: la Iglesia Católica ha rebajado el tono de la protesta cuando el gobierno les ha prometido mejorar su financiación y mantener sus privilegios, desarmando el proyecto de la enseñanza laica universal.

Si el gobierno puede jactarse de reforma laboral consensuada es, sin duda, porque se han concretado las principales reformas pedidas por la patronal -abaratamiento del despido- a cambio de pasos inocuos en estabilidad del empleo temporal (vaya progreso: tras años de contratos temporales, pasar a fijo con despido fácil y barato), sin que CC.OO. y U.G.T. hayan hecho más que adoptar las expresiones y buscar puntos en común con los empresarios, se diría que actúan ya como tales... Por eso se meten a facilitar la 'dirección y organización de la empresa', firman despidos y expedientes de regulación de empleo en aras de la productividad y sólo protestan tímidamente cuando las 'deslocalizaciones' les dejan sin base social a la que representar anulando su papel de actores necesarios de la colaboración de clases.

Curiosamente, el gobierno anota en su haber el crecimiento del empleo y la estabilidad económica.  Bastaría que dieran un vistazo a su alrededor, más allá de las cifras oficiales descontextualizadas, para que dieran con la realidad de paro masivo juvenil y femenino, con la temporalidad y siniestralidad laborales más elevadas de Europa Occidental, con un creciente abanico retributivo y con un tremendo problema de carestía de la vivienda que imposibilita la emancipación de la juventud y un nivel de endeudamiento tal de familias y particulares -sobre todo hipotecario- que amenaza con llevar al traste al conjunto del sistema financiero español con las subidas de los tipos de interés y de los carburantes (uno de los motores de la inflación).

¿Puede Zapatero contentar a todos y 'encantar la serpiente' para cambiarla a un cesto constitucional sin que se rebote? ¿pero es eso posible? ERC acaba de ser excluida del Gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya por respetar la voluntad de sus bases de votar 'No' al Estatut de Catalunya. Mas y Zapatero abrieron la crisis del gobierno Maragall con otra típica alianza entre la burguesía catalana y el capital español: algo que cambia en la forma -el redactado del Estatut- preservando la Constitución de la 'nación española, una e indivisible' y la soberanía del poder central, heredero del consenso con el aparato franquista. El 'cepillado' del Estatut, como dijo Alfonso Guerra en frase que ya se ha hecho célebre, a base del recorte de 160 artículos sobre el total de 223 y bajo presión incesante del PP –deberían apadrinarlo ya que han contribuido tanto a pulirle las aristas-, da la medida de la situación.

Ni que decir tiene que nosotros nos oponemos al Estatut y seguiríamos votando NO aunque se hubiese puesto a referéndum el texto aprobado por el Parlament el 30 de Setiembre: por principio, porque somos republicanos y contrarios a la Constitución monárquica a la que está sometido. Porque estamos por la destrucción del Estado capitalista y centralista, del que un estatut autonómico es una pieza más, una mera descentralización de lo que debe ser abolido para organizar el territorio sobre nuevas bases radicalmente democráticas: la autoterminación de los pueblos. Esta es la tarea pendiente y no una enésima versión del 'café para todos' y el 'fondo de compensación inter-territorial' que pretende el PSOE-versión Zapatero para conciliarlo todo. La reivindicación nacional de Catalunya no se acaba en un vergonzante preámbulo, ni la aprobación del Estatut representa un solo paso en la dirección de resolver el encaje de la soberanía del pueblo de Catalunya dentro de una 'España democrática', precisamente porque parte del principio contrario.

Los posibilistas y oportunistas de todo pelaje se entretienen en comparaciones de un Estatut con otro, hacen combinaciones electoralistas para el otoño (la campaña del Estatut vista como palanca para mantenerse en el gobierno -Maragall, Saura-, para llegar a él-Mas, Piqué- o incluso para volver al poder -Carod Rovira- y justifican con las necesidades del día a día su adhesión al capital y a sus trucadas 'reglas del juego'. El debate del Estatut ha reverdecido la reivindicación nacional de Catalunya: las JERC y las bases de ERC no son un elemento aislado que la dirección pueda normalizar con un reglamento menos asambleario y más dirigista. Expresan a una parte sensible del pueblo catalán que exige la soberanía nacional y rechaza maniobras y chalaneos. No nos detendremos mucho en el resultado del Referéndum porque la simplicidad de las respuestas, ‘Si’ o ‘No’ agrupaba a los adversarios de mañana en el Si, mientras que el NO se defendía sin convicción ni claridad principista. En el caso de ERC, porque sus titubeos a la hora de fijar la posición, su interés por ser los defensores de la autonomía del ‘Estatut del 30 de Setiembre’ y sobre todo al dejar las puertas abiertas a la reedición del tripartito como prioridad consiguieron desmovilizar a un movimiento que ya había empezado a expresarse y hasta a manifestarse en la calle. La aprobación del Estatut con muy alta abstención destaca este hecho y subraya la debilidad institucional: el debate no se cierra, el Estado de las Autonomías está agotado, la reivindicación nacional no se consigue, ¡la lucha sigue!

E igualmente, el 'proceso de paz' en Euskadi no debe abordarse más que desde el punto de vista de los derechos nacionales de Euskadi. Recientemente hemos visto sonoras declaraciones de los dirigentes del PSOE de que el diálogo con ETA es sólo para instarles al abandono de las armas y que a Batasuna sólo se le dirigen para que acate la Ley de Partidos. El PP denuncia que hay en marcha una negociación política que puede implicar contrapartidas a la 'tregua permanente'. Batasuna hace gestos de apaciguamiento: paga fianzas, modera las declaraciones y apariciones de sus dirigentes evitando que aparezcan siglas, se aceptan sin apelación las condenas de los últimos procesados, muestran satisfacción por el anuncio de Patxi López de que el PSE se entrevistará con Batasuna... y estudian el modo de adaptarse a la Ley de Partidos, aunque sea cambiando las siglas y los estatutos, para llegar a tiempo a las elecciones municipales con una organización legalizada.

Desde aquí sólo podemos señalar que no hay componenda posible: sería vano hacerse ilusiones. El marco institucional: la Constitución y el estado de las Autonomías son la negación de los derechos nacionales vascos. La Ley de Partidos impide no sólo la legalización del independentismo vasco sino la mera existencia de una organización revolucionaria porque excluye expresamente todo aquello que no se circunscriba al respeto al sistema, a sus 'reglas de juego' democrático-burguesas. Cualquier otro programa no puede pasar de una 'desideratum' teórico para no ser tachado de violento e ilícito. ¡La Ley de Partidos ha de ser abolida! Este debe ser el primer objetivo, no sólo de la izquierda abertzale sino de todo el que se precie de demócrata en el Estado español.

En segundo lugar, el fin de los atentados es un elemento ciertamente importante pero coyuntural: sólo los que niegan la realidad nacional de Euskadi pueden decir que el problema es 'la violencia' y presentar un futuro en términos de 'rendición del terrorismo'. Nosotros decimos que hay que seguir viendo como eje de la cuestión al Estado y su monopolio 'democrático' de la fuerza, a la diferencia radical entre los opresores y los oprimidos: frente a eso no caben componendas ni puede haber equidistancias.

La democracia burguesa, con sus ‘libertades’ formales y limitaciones, ha sido sólo un medio de dominación de clase y una bandera de la dominación imperialista. Pero el período histórico en que era posible apoyarse en la democracia formal para organizarse mejor contra el sistema ha concluido, ha cambiado.

Hoy un parlamento burgués ya no es altavoz para revolucionarios, la degradación del sufragio universal, de la ‘libertad de prensa’, etc. demuestran que hay poco positivo que hacer en las instituciones del sistema: no son democráticas ni mucho menos neutrales. Siempre fueron la casa del enemigo, pero hoy las decisiones se toman fuera. Sólo los oportunistas toman la democracia burguesa como un fin al que se pueda supeditar día a día un programa de independencia nacional y unos principios clasistas.