El gobierno y el ejército mexicanos preparan la 'solución final' del levantamiento indígena y campesino del 1 de enero de 1994 en el sureño estado de Chiapas. La matanza de 45 indígenas en la aldea de Acteal, el pasado 22 de diciembre fue sòlo el ensayo general de una operación militar de gran envergadura que se desarrolla en estos momentos a través de la 'reconquista' de los municipios autónomos, el incremento de unidades militares en la zona, el reforzamiento del control de carreteras y la expulsión de miembros de ONGs, activistas y simpatizantes del zapatismo y de todos aquellos calificado interesadamente como 'turistas revolucionarios'. El estado militar-priista ha lanzado una campaña propagandística internacional -disfrazada de nacionalismo contrario a la 'injerencia extranjera'- tendente a justificar la represión contra los posibles testigos de una matanza generalizada.

La propaganda oficial va acompañada de la denuncia de que los acuerdos de San Andrés, firmados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional -de marzo de 1996- son anticonstitucionales porque el otorgamiento de un estatuto de autonomía a los indígenas chiapanecos iría en contra de la Ley Fundamental mexicana, que prohibe -se dice- todo tratamiento discriminatorio, aunque éste sea en sentido positivo, para no quebrar la unidad nacional. Expulsado el 10 por ciento de la población mexicana del 'mercado' económico y político -la discriminación negativo- desde la contrarrevolución de los años veinte, el régimen que hoy encabeza Ernesto Zedillo no está dispuesto a hacer ninguna concesión, temeroso de que los indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca o Tabasco -entre otros- sigan la senda zapatista.

La defensa de la unidad nacional o contra el 'injerencismo' ha recibido el apoyo del escritor Carlos Fuentes, quien, en una entrevista a Telecinco, señaló que 'el conflicto de Chiapas, del que tanto se habla [sic] es un problema secundario ante el desafío de cambiar la estructura económica y social de México'. Fuentes es acompañado en esta posición por el Partido de la Revolución Democrática, una escisión del PRI protagonizada por la 'burguesía de izquierdas' cuyo objetivo no es otro que repartirse el poder actual entre el PRI (a nivel nacional) y ellos -el PRD- en el terreno estat

Otras bases de apoyo de la campaña priista-militar son, en España, el aparato del PSOE y el periódico El País. Todo comenzó con el viaje a México de Joaquín Almunia, quien -sin abandonar el Distrito Federal- colocó un signo igual entre el EZLN y ETA y eligió ese momento para rechazar la declaración de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español -apoyada por los diputados de su propio partido- en la que se reclamaba una investigación de la matanza de Acteal. Almunia reivindicó el derecho del gobierno mexicano a hacer lo que quiera en Chiapas, a cambio de la deportación a España de militantes reales o supuestos de ETA. Felipe González acompañó la posición de Almunia al declarar que no sabía qué pasaba en Chiapas.

El 'polanquismo' metido en un negocio editorial ruinoso en México, echó leña a la campaña oficialista mexicana -atizada desde hace tiempo con los 'derechos editoriales para todo el mundo' bien pagados a ese propagandista contrarrevolucionario y oportunista buscador del Premio Nobel que se llama Mario Vargas Llosa- al editar el libro 'Marcos, la genial impostura', de su antigua corresponsal en México, Maite Rico y del marido de ésta, Bertrand de la Grange, corresponsal de Le Monde. En este libro se denuncia que los zapatistas llevan a cabo una especie de 'limpieza étnica' al expulsar a los indígenas priistas de sus municipios autónomos, mientras que los controles militares de las carreteras sólo persiguen -dicen- el objetivo de 'garantizar la libertad de movimiento de los indígenas'. El obispo Samuel Ruiz es denunciado en el libro como un 'agente' zapatista, y el EZLN como una impostura de un grupo de 'blancos' llegados a Chiapas y ajenos a los auténticos indígenas.

El nuevo corresponsal en México de El País, en su crónica del pasado 14 de mayo, narra la expulsión de Chiapas de un grupo de observadores italianos, con todas las malas artes del pitorreo periodístico, hasta forzar en el texto la apariencia de que los italianos se lo habían buscado, no sin antes olvidar que la misma suerte corrieron doce activistas españoles por las mismas fechas. No es olvido ni casualidad, si se toma en cuenta que habría que buscar con lupa en las páginas de El País la escueta mención al BBV y al Santander en la crónica que 'informaba' del desmantelamiento de una red bancaria de blanqueo de dinero del narcotráfico en México, en la que participaban filiales de ambos bancos en aquel país.

El cerco en torno a Chiapas se cierra. La operación de limpieza se estrecha sobre los zapatistas. Cualquiera sea la opinión que merezca a la izquierda la estrategia política seguida por el EZLN, es urgente exigir y conseguir una movilización en España de los partidos y organizaciones que reclaman de la izquierda -PSOE, IU, CCOO, UGT- contra la masacre que prepara el gobierno mexicano.

Carlos