Nueva conmoción por otro caso de petición desgarrada de eutanasia, de auxilio para la muerte abandonando una vida sostenida por una compleja terapia y un hilo de humanidad. Se llama Vincent Humbert, francés, tiene 21 años y, tras nueve meses en estado de coma, se ha despertado tetrapléjico, ciego y mudo.

Toda manifestación de su voluntad y sentimientos se limita al movimiento de un dedo pulgar, el que ha usado para dirigir una carta al presidente Jacques Chirac pidiéndole que le permita ejercer el derecho a morir. El resto de comunicación con el mundo exterior es lo que le permite el sentido del oído, única forma de percibir la presencia de su madre.

Las condiciones físicas en las que vegeta este joven, que se ganaba la vida como bombero hasta sufrir un accidente de tráfico, sólo permiten el ejercicio de la eutanasia activa para cumplir su deseo. Es decir, administrarle un fármaco que anule sus constantes vitales terminando con su existencia. No cabe, al parecer, la llamada eutanasia pasiva: desconectar al paciente de un tratamiento terapéutico que mantiene la vida artificialmente.

A tenor de la legislación francesa, no es presumible que el presidente de la República acceda a la solicitud de un Vincent tetrapléjico, ciego y mudo. Los grupos militantes en la llamada defensa de la vida no admiten la diferencia entre eutanasia pasiva y activa, que ciertamente tienen una frontera clínica difusa que los médicos y biólogos deberían ayudar a definir. Porque no cabe duda de que por el otro lado existe la distanasia: terapias desproporcionadas que prolongan la agonía.

En España, con una norma de larguísima denominación –“Ley de derechos de información concernientes a la salud y a la autonomía del paciente y la documentación clínica”- aprobada el pasado junio, el destino del joven francés no sería diferente. Aquí se autoriza algo parecido a la eutanasia pasiva, sin llamarlo así, pero siempre que el interesado haya registrado previamente un testamento vital con formalidad jurídica.

Las leyes han de ser cautelosas para evitar desmanes, pero no pueden contemplar la infinidad de casos y supuestos diferentes. Para eso están sus intérpretes. Estos últimos tranquilizan sus conciencias acomodando las decisiones al texto legal, por encima de las referencias de la razón, el sentido común y el instinto humanitario.

Pensando en Vincent Humbert, como antes en el español Ramón Sampedro o en la británica Diane Pretty, se comprueba que no es lo mismo el dilema legal y el dilema moral. El primero lo suele resolver el BOE. Para el segundo hay que atenerse, sin prejuicios, a una conciencia humana que no está escrita.