El grupo armado buscaba al dirigente comunista Joaquín Navarro, cabecilla del Sindicato de Transportes de CC.OO., que ya había abandonado el despacho.

El crimen
Eran aproximadamente las 10,30 de la noche, y acababa de finalizar una reunión sobre la reciente huelga de transportes. Uno de las últimas personas en abandonar esa reunión fue Navarro, que ya esperaba la llegada de unos compañeros. Sin embargo, nunca llegaron.

El primero en ser tiroteado fue Rodríguez Leal, que casualmente se encontraba en el piso. Había interrumpido una caña de cerveza en un bar cercano, para subir a buscar unos papeles olvidados en el despacho.

Tras disparar contra Rodríguez Leal, los asesinos, integrantes del "comando Roberto Hugo Sosa", registraron el piso en busca de Navarro. Entonces, fue cuando descubrieron en una de sus dependencias a los ocho abogados laboralistas, a quienes agruparon en el recibidor del piso para ametrallarlos.

Rodríguez Leal, Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira resultaron muertos en el acto. Y gravemente heridos Dolores González Ruiz (viuda de Sauquillo), Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huertas, Luis Ramos Pardo, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo. Estos dos últimos fallecían horas después de su ingreso en el hospital.

Consecuencias de la matanza
El entierro, al que se sumaron mas de 100.000 madrileños, partió del Palacio de Justicia, en el que se encontraba la sede del Colegio de Abogados y donde había sido instalada la capilla ardiente.

Las consecuencias inmediatas de la matanza fueron un paro nacional de los trabajadores, y, con motivo del entierro de tres de las víctimas, la primera manifestación masiva de la izquierda española después del franquismo.

Incluso, algunos piensan que el macabro asesinato fue decisivo para la legalización del PCE, que el gobierno de Adolfo Suárez autorizó el Sábado Santo de 1977.

Detención de los asesinos
El 12 de marzo de 1977 fueron detenidos los autores del atentado, los "ultraderechistas" Carlos García Juliá, José Fernandez Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, así como el entonces secretario provincial del sindicato de transportes, Francisco Albalejo.

Un mes más tarde se procesó a siete personas. El 4 de octubre de 1979 se cerró el sumario y en febrero de 1980 se celebraba el juicio en la Audiencia Nacional.

Durante la vista del mismo fueron llamados a declarar conocidos dirigentes de la extrema derecha española, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa.

La Audiencia condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerdá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos, fueron condenados a 193 años de prisión cada uno; a Francisco Albadalejo Corredero (fallecido en la prisión de Valladolid en junio del 85), a 63; a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en julio de 1985 de un cáncer de larínge) a 4 años y un día, y a Gloria Herguedas Herrando, a un año.

Uno de los encausados, Fernando Lerdo de Tejada, no llegó a comparecer ante la justicia por haberse dado a la fuga en abril del 79 cuando disfrutaba de un permiso. Otro de los encausados, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979.

Reconocimiento a las víctimas
El pasado 11 de enero, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort para los cuatro abogados, mientras que para Ángel Rodríguez Leal, que ejercía de auxiliar, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Esta condecoración es la más alta distinción con la que se reconoce en el ámbito de la Justicia a aquellas personas que han destacado a lo largo de su vida por méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho.