SEIS AÑOS DESPUÉS DEL ESCÁNDALO, COMIENZA EL JUICIO POR EL CASO PSV
Seis años después del escándalo de la Promoción Social de Viviendas, más conocido como ‘caso PSV’, comenzaba en la Audiencia Nacional el juicio contra las personas que estaban al frente de la cooperativa de viviendas ligada al sindicato UGT y sobre las que pesa una acusación de malversación de fondos y apropiación indebida de capital. Numerosas figuras del sindicato se vieron implicadas en el presunto fraude, que perjudicó a más de 6.000 personas.
Acusados (EFE). |
Un total de siete personas habían de sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, por el "caso PSV", la cooperativa de viviendas ligada a la UGT. Los acusados son Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aina y Primitivo Alvaro, para quienes las acusaciones piden una condena de ocho años y dos meses de prisión para cada uno y una indemnización de 18.587 millones de pesetas por los delitos de malversación de fondos y apropiación indebida.
Fraude de más de 18.000 millones de pesetas
En total, "la cantidad distraída por los acusados -según el fiscal- asciende a 18.588 millones de pesetas". El máximo dirigente de PSV, Carlos Sotos, fue el primero en declarar en la vista oral. Sotos negó en la Audiencia Nacional que la cooperativa de viviendas hubiera engañado a los propietarios de los inmuebles y ha atribuido al sistema de financiación aplicado por los bancos "la paralización del proyecto" promovido por el sindicato UGT.
En su declaración, Sotos culpó al Ayuntamiento de Madrid de muchos de los numerosos problemas sufridos en la PSV. A Soto le parece "curioso" que ninguna de las partes querellantes haya solicitado la responsabilidad civil de la administración local, pese al "desastre" de su gestión en el "Plan 18.000", que incluía la construcción de miles de viviendas en Madrid.
Además, acusó a las entidades financieras y a las promotoras inmobiliarias de haberse beneficiado de la crisis de la cooperativa, después de "haber hecho todo lo posible para que fracasara".
Declaraciones de los inculpados
Tras Sotos declaró, el presidente del Consejo Rector de PSV hasta 1993 y ex miembro de la Ejecutiva de UGT, Paulino Barrabés, para el que el fiscal solicita ocho años y dos meses de prisión por haber participado de "forma muy principal en la comisión de los hechos".
También, el ex director comercial de la aseguradora Unial, Antonio González Tascón, aseguró en la Audiencia Nacional que fue despedido por haber pedido explicaciones sobre las "irregularidades" contables cometidas en el grupo IGS, que era propietario de la compañía y gestora de la cooperativa PSV. Al parecer, la aseguradora Unial, que fue vendida por el sindicato UGT a IGS, fue liquidada después de que PSV y la empresa matriz del grupo presentaran suspensión de pagos.
Sigue la vista oral
El juicio por la crisis de la en la Audiencia Nacional tras el parón estival con la declaración de dos hermanas del máximo dirigente de la promotora hasta el año 1993, Carlos Sotos.
María Isabel y Cristina Sotos, que declararon como testigos para explicar los contratos que sus empresas de publicidad firmaron con PSV, negaron haber mantenido relación alguna con el sindicato UGT ni haber realizado ningún trabajo para la organización.
Con estos testimonios, ambas testigos rechazaron, por separado, las acusaciones de algunas partes que mantienen que parte de los fondos de los cooperativistas se destinaron a abonar gastos de UGT, entre ellos las elecciones sindicales.
Pruebas inculpatorias
En noviembre, el perito judicial Rafael Cortés Sánchez ratificó el informe de contabilidad que elaboró durante la instrucción del "caso PSV" y que sirvió para que el fiscal acusara a los directivos de la cooperativa de viviendas de malversación de fondos y apropiación indebida.
En su declaración como testigo y a preguntas del fiscal, Vicente González Mota, Rafael Cortés expuso las deficiencias contables que, a su juicio, cometieron los acusados entre 1988 y 1993 y que provocaron un déficit de tesorería cercano a 18.600 millones de pesetas.
Las conclusiones del ministerio público indicaban que los acusados -Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón y Francisco Hernández- habían gestionado "de manera defraudatoria" la cooperativa PSV y habían utilizado sus fondos para fines distintos a los estipulados, con lo que distrajeron 18.587 millones de pesetas de la empresa.
EFE-Terra / Patricia Sanz
